15 de mayo de 2026
UNIDAD TURÍSTICA FISCAL
Playa Redonda: los detalles del contrato y el plan de obra que marcan la concesión hasta 2046
La adjudicación de la Unidad Turística Fiscal a la firma Santiago de Compostela 1943 S.A. formaliza un esquema de explotación por 20 años en una de las zonas más sensibles del sur marplatense. Entre el reclamo ambiental por el uso del suelo y las cláusulas que eximen del pago de canon durante la construcción, el proyecto busca instalar un modelo de "bajo impacto" para desactivar la resistencia vecinal.
El proceso administrativo para la explotación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda ha entrado en su etapa operativa tras la firma del contrato entre el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y la empresa Santiago de Compostela 1943 S.A.. El documento, rubricado ayer 14 de mayo de 2026, otorga la concesión del predio hasta el año 2046, con una opción de prórroga de seis años adicionales sujeta a la aprobación del Concejo Deliberante. Este acuerdo se da en un clima de marcada tensión política y social, donde las denuncias de grupos ambientalistas sobre una posible "privatización de la costa" chocan con los detalles técnicos de una propuesta que, según la información a la que tuvo acceso este medio, intenta alejarse del concepto de complejo cerrado o "country" marítimo.
El pliego de bases y condiciones, que rige la actividad de la firma, establece un esquema de obligaciones y beneficios financieros que definen el rumbo del proyecto. Aunque el canon anual para la temporada 2026/2027 se fijó en 90 millones de pesos, el contrato estipula una excepción de pago por un plazo de 24 meses, coincidente con el periodo máximo de obra. Esta carencia en el ingreso de fondos para el municipio se compensa, desde la perspectiva técnica, con la exigencia de inversiones millonarias en infraestructura: el concesionario ya debió acreditar una garantía de obra para la primera etapa que supera los 972 millones de pesos. La fiscalización de estos avances quedará bajo la órbita del Departamento de Unidades Turísticas Fiscales, en un sector donde cada movimiento de suelo es observado de cerca por la comunidad.
Frente a las críticas por el impacto visual y ambiental en el sur, el proyecto presentado ante las autoridades municipales propone una intervención basada en materiales no permanentes. El plan contempla la construcción de 15 unidades de cabañas que prescinden del uso de cemento, hormigón o estructuras metálicas pesadas, buscando una integración con el entorno natural sin alterar la fisonomía actual del terreno. Según se sabe, el complejo funcionará como un "Club de Playa" que sumará servicios de gastronomía, alojamiento, escuela de surf y locales comerciales. En términos laborales, se proyecta que la operatividad de la unidad demande entre 80 y 120 puestos de trabajo directos, una cifra relevante para la economía local de General Pueyrredon.
Uno de los puntos más sensibles de la controversia gira en torno a la libre circulación y el acceso a los servicios básicos. El contrato de concesión obliga explícitamente a la empresa a mantener sectores públicos de acceso libre y gratuito, incluyendo caminos, áreas para personas con discapacidad, el sector de arena y los baños públicos. La cláusula tercera del documento refuerza el carácter de "dominio público" de la unidad, advirtiendo que, al extinguirse el contrato, todas las mejoras quedarán en propiedad municipal sin derecho a indemnización para el privado. No obstante, el desafío del Ejecutivo local será garantizar que estos límites entre la explotación comercial y el derecho ciudadano no se diluyan en la práctica cotidiana de la concesión durante las próximas dos décadas.