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Viernes, 5 junio 2026
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5 de junio de 2026

En medio del debate del transporte, taxistas activan una ofensiva judicial contra las apps

La Federación Nacional de Conductores de Taxis confirmó que ya inició acciones judiciales contra las principales plataformas que operan en General Pueyrredon. Reclaman daños económicos, perjuicios morales y pérdida del valor de las licencias. El planteo judicial se da mientras el Concejo Deliberante analiza proyectos para regular las aplicaciones.

En medio del debate del transporte, taxistas activan una ofensiva judicial contra las apps
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La disputa por las aplicaciones de transporte sumó un nuevo frente en Mar del Plata. Mientras el Concejo Deliberante se prepara para retomar el debate sobre la regulación de las plataformas digitales y la modernización del sistema de taxis y remises, el sector taxista decidió avanzar en la Justicia con una batería de demandas millonarias contra las empresas que operan en la ciudad.

 

La ofensiva fue confirmada durante una asamblea de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, donde el abogado Emiliano Arostegui informó que ya se encuentran en trámite presentaciones judiciales por daños y perjuicios contra las principales aplicaciones de transporte que funcionan en General Pueyrredon.

 

Según explicó el letrado, las acciones buscan que las compañías respondan por el impacto económico que, según sostienen los taxistas, provocó su desembarco en un mercado donde continúan prohibidas por la ordenanza municipal 23.928, sancionada en 2019.

 

El reclamo no es menor. Desde la entidad aseguran que cada conductor afectado debería recibir una compensación de entre 120 y 150 millones de pesos. Las demandas incluyen conceptos como lucro cesante, daño moral y pérdida del valor intangible de las licencias habilitantes.

 

"Actúan contrariando una ordenanza municipal vigente que implica en los hechos una competencia totalmente desleal", sostuvo Arostegui al exponer los fundamentos jurídicos de la presentación.

 

La estrategia judicial fue impulsada inicialmente en representación de ocho taxistas y apunta contra las aplicaciones con mayor presencia en el distrito. Desde el sector consideran que la expansión de estas plataformas impactó de manera directa en la facturación de los trabajadores habilitados para prestar el servicio.

 

Los demandantes sostienen que la comparación entre los niveles de actividad previos a la llegada de las apps y la situación actual permitirá demostrar las pérdidas sufridas durante los últimos años. Además, citan antecedentes internacionales donde se alcanzaron acuerdos económicos entre empresas tecnológicas y asociaciones de taxistas.

 

El movimiento judicial se produce en un momento políticamente sensible. El próximo 8 de junio volverá a reunirse la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, ámbito donde se analizan los expedientes que buscan regular las plataformas de transporte y actualizar el esquema normativo que rige para taxis y remises.

 

De esta manera, mientras el debate político gira hacia una posible modernización del sistema, el sector taxista busca instalar otro mensaje: que la discusión sobre el futuro de las aplicaciones también contemple una reparación económica por los años en que, según denuncian, compitieron contra un servicio que consideran ilegal.

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