La Tecla Mar del Plata
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La torre de 35 pisos proyectada por la empresa Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP S.A., acaba de sufrir un freno judicial que impacta de lleno en el corazón político del gobierno municipal. La Suprema Corte bonaerense hizo lugar a una medida cautelar presentada por las asociaciones civiles Mirada Ciudadana y Surfrider Argentina y suspendió los efectos de la ordenanza 26.448, aprobada a contrarreloj por el oficialismo, que habilitaba una excepción urbanística inédita para el barrio Stella Maris. El caso, que parecía reducirse a una excepción urbanística en la zona, terminó por involucrar al propio secretario de Obras, revelar posibles conflictos de intereses, movilizar a vecinos y despertar una respuesta judicial que pone al oficialismo contra las cuerdas.
Más allá del debate técnico, la lectura política es inevitable. La resolución judicial refleja el deterioro institucional: ciudadanos organizados debieron recurrir a la Justicia para frenar lo que el sistema político no supo o no quiso detener. El juez Isacch consideró que la ordenanza impugnada se aparta injustificadamente del Código de Ordenamiento Territorial (COT), afecta bienes patrimoniales protegidos por la normativa local y carece de mecanismos de control ambiental adecuados. El riesgo de un perjuicio irreversible sobre el paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico fue determinante para otorgar la cautelar. También se ordenó la anotación de litis en el Registro de la Propiedad, para evitar futuras transferencias que puedan obstaculizar el proceso.
Con el freno judicial y el escándalo por conflicto de intereses, la pregunta que se impone es si el oficialismo podrá sostener su narrativa de gestión eficiente o si, por el contrario, este caso marca el inicio de un desgaste más profundo. En tiempos donde la transparencia es valorada como bien escaso, este episodio puede transformarse en un punto de inflexión para el oficialismo local.