Mientras vecinos y organizaciones reclamaban el veto de la adjudicación de Playa Dorada, Montenegro firmó su entrega a una desarrolladora privada. En paralelo, se aprobó el proyecto técnico de obras para Playa Estrada, con una inversión de más de $500 millones. Las políticas de concesión, en el centro del debate local.

Concesiones en la costa: el Municipio avanza con su planificación para Playa Dorada y Playa Estrada

En un momento donde la relación entre lo público y lo privado se discute en cada rincón del país, el gobierno municipal de General Pueyrredon profundiza su modelo de gestión costera basado en concesiones turísticas. Así, dos resoluciones oficiales reactivaron el debate sobre el uso del territorio costero y el rol del Estado local: por un lado, la promulgación de la ordenanza que adjudica la Unidad Turística (UTF) Playa Dorada a la firma Desarrolladora Homs S.A., y por otro, la aprobación del legajo técnico de obras para la UTF Playa Estrada, a cargo del empresario Gustavo Javier Di Nezza. Ambas decisiones confirman el rumbo del Ejecutivo local y reavivan tensiones con sectores que reclaman mayor participación ciudadana en este tipo de procesos.

Playa Dorada: sin escuchar el reclamo social

En medio del receso invernal y pese a los pedidos de veto, el intendente Guillermo Montenegro firmó el Decreto 1647/25, que promulga la ordenanza 26.732 y autoriza la adjudicación por única oferta válida de la Unidad Turística Fiscal Playa Dorada a Desarrolladora Homs S.A.. La firma fue la única oferente en una licitación pública cuya transparencia fue cuestionada por vecinos, ambientalistas y organizaciones sociales que denunciaron irregularidades en el proceso, falta de consulta pública y riesgos ambientales sobre el frente costero del sur.

El pedido de veto fue acompañado por una advertencia: si no se abría una mesa de trabajo con participación social y técnica, se iniciarían acciones judiciales. Nada de eso ocurrió. La decisión política fue no modificar ni una coma del expediente y avanzar con la adjudicación, en línea con lo ocurrido días atrás con el Estadio Minella y el Parque de los Deportes.

La reacción vecinal no se hizo esperar, y la lectura política tampoco: Montenegro acelera un modelo de ciudad concesionada, donde el interés privado define intervenciones sobre espacios estratégicos, sin mecanismos de participación social previa ni competencia real. La tensión entre gestión y comunidad crece, y el frente judicial podría ser el próximo capítulo.

Playa Estrada: inversión millonaria y promesa de accesibilidad

En un registro distinto, pero en la misma línea de fondo, el Ejecutivo también avanzó con la aprobación del proyecto técnico para la puesta en valor de Playa Estrada, adjudicada previamente al empresario Gustavo Di Nezza. Según la documentación oficial, se trata de una obra dividida en dos etapas, con un presupuesto estimado en más de $500 millones, orientada a modernizar el frente costero con criterios de accesibilidad universal, equipamiento sustentable y mínimo mantenimiento.

El proyecto contempla la intervención de dos sectores: Punta Estrada y Punta Sunrider, donde se construirán rampas, baños, duchas, espacios gastronómicos, lockers y veredas ampliadas. Además, se adaptarán estructuras existentes y se garantizará que todo esté operativo durante la temporada estival, razón por la cual el plazo de ejecución no contabiliza los meses de diciembre a marzo.

La simultaneidad de estos avances no es casual. Ambas adjudicaciones, una en conflicto social y otra con alto perfil técnico, confirman el rumbo del Ejecutivo: seguir concesionando frentes costeros a operadores privados, con baja intervención del Concejo Deliberante y nula participación vecinal en las decisiones previas. En clave política, se consolida un modelo de desarrollo urbano donde el capital privado ocupa el centro de la escena, mientras las tensiones sociales empiezan a marcarle los límites. La temporada 2025, que aún no empezó, ya tiene su propia marea.

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