La Tecla Mar del Plata
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La Justicia volvió a ponerle un freno a la Municipalidad de General Pueyrredon en torno al polémico desarrollo inmobiliario “La Reserva Explanada”, en el barrio El Alfar. La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia que obliga al Ejecutivo a entregar, en un plazo de diez días hábiles, la información ambiental solicitada por un vecino sobre el emprendimiento. Si no cumple, la Comuna podría enfrentar sanciones por incumplimiento de sentencia.
El fallo deja en evidencia una omisión grave: desde noviembre del año pasado el Municipio no respondió en tiempo ni forma al pedido de acceso a la información. Para la Justicia, ese silencio vulneró derechos de jerarquía constitucional. “La falta de respuesta constituye un proceder arbitrario e ilegal de la Administración, conculcando el derecho de acceso a la información”, señalaron los camaristas en una resolución que ratifica lo dispuesto por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 en junio pasado.
La defensa oficial se desarmó en la apelación. El Ejecutivo había sostenido que el pedido no correspondía porque el vecino ya había participado de una audiencia pública y porque lo solicitado era “documentación técnica” y no ambiental. Pero la Cámara fue contundente: el acceso a la información es un derecho autónomo y debe garantizarse con respuestas formales, fundadas y en plazos razonables. “La información vinculada a las obras puede contener datos relevantes en materia ambiental”, apuntó el tribunal.
La resolución judicial reabre un frente sensible para la gestión de Guillermo Montenegro. El proyecto “La Reserva Explanada” apunta a urbanizar tierras linderas a la Reserva Turística Paseo Costanero Sur con torres residenciales de hasta 12 metros y una densidad de 100 habitantes por hectárea, sobre un predio que requiere remoción de médanos y que impactaría en el paisaje costero. El expediente urbanístico, aprobado en tiempo récord en 2022, ya había encendido críticas por los indicadores hechos a medida.
Con este fallo, la presión judicial se suma a la controversia política y vecinal en el sur de la ciudad. La Justicia dejó claro que la Municipalidad no puede esquivar su obligación de transparencia, en un caso que se convirtió en emblema de la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la preservación ambiental en Mar del Plata.