La Tecla Mar del Plata
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Tras la publicación de una nota sobre el conflicto en el balneario “Ibiza”, el número 13 del Complejo Punta Mogotes, Gabriela Elizabeth Borowyj solicitó ejercer su derecho a réplica para exponer su versión de los hechos y aclarar algunos puntos vinculados a su situación.
Según explicó, en mayo de 2025 acordó con los administradores del balneario, Mauricio Ríos y Paul Nicolás Etcheverry, el alquiler de un espacio destinado a spa y pileta, junto con un local de comidas saludables. Un mes después, en junio, se le ofreció sumar el sector superior del complejo, donde funciona el restaurante, con un contrato que comenzó el 1° de julio.
Borowyj sostiene que, tras el inicio del alquiler, Ríos habría comenzado a enviar personas a utilizar las instalaciones arrendadas, lo que —según su relato— perturbaba el normal funcionamiento del lugar. Además, denunció que se le exigieron nuevos pagos y que fue víctima de hostigamiento y amenazas telefónicas, por lo que decidió radicar una denuncia contra Ríos y Etcheverry.
De acuerdo con lo informado por la propia Borowyj y de Pablo Combi, en el marco de la investigación la Justicia dispuso una medida de restricción de acercamiento para los denunciados, que incluye una distancia mínima de 500 metros por un plazo de cuatro meses, y se extiende a los domicilios particulares y profesionales de las partes. También se entregaron botones antipánico a las denunciantes y se establecieron rondines policiales preventivos por 15 días, con posibilidad de prórroga.
La mujer sostuvo que Ríos le alquiló las locaciones a través de su “testaferro” Etcheverry y calificó los hechos posteriores como parte de un “modus operandi” destinado a “desgastarla”. Según aseguró, otras personas habrían atravesado situaciones similares y estarían dispuestas a denunciarlo.
Asimismo, Borowyj señaló que desconocía que los contratos de los balnearios de Punta Mogotes vencen en junio del 2026, algo que —según ella— no le fue informado al momento de firmar el acuerdo. Negó además tener vínculo alguno con barrabravas o personas dedicadas a brindar seguridad, y afirmó que por temor a nuevos episodios de violencia no ha podido trabajar ni abrir su negocio, ya que teme por la integridad de sus empleados y clientes.
Mientras tanto, la investigación judicial sobre el conflicto continúa en trámite para determinar responsabilidades entre las partes.