La Tecla Mar del Plata
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A días del recambio institucional en el Ejecutivo y en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en el oficialismo crece una ansiedad que ya dejó de ser un rumor y pasó a ser estado emocional permanente. No por la gestión, no por las ordenanzas pendientes, no por los expedientes urgentes: el miedo es perder el sueldo. Y tener que pisar, por primera vez en años, la “vida real”.
Entre funcionarios que no saben si continúan y concejales que no renovaron, se respira una mezcla de rosqueo, resignación y búsqueda frenética de “acomodo”. Nadie recibió una comunicación formal sobre su futuro, y la incertidumbre ya se convirtió en tema estable de pasillo. En los cafés del centro, donde los que siguen miran de reojo a los que se van, la frase se repite con una cuota de ironía: “Tendrían que agradecer si en algún lado los colocan. Peor sería tener que buscar laburo como la gente común”.
La preocupación no es menor si se observan las cifras. En la parte más alta de la pirámide, los secretarios del Ejecutivo cobraron $7.389.002,10, equivalentes a unos diez sueldos de un empleado municipal categoría inferior, cuyo básico en octubre se fijó en $783.900,21. Desde ese básico se calcula toda la estructura salarial del Estado local.
Un escalón abajo, los subsecretarios, delegados municipales, autoridades de entes, procuradores y jueces de faltas perciben siete sueldos básicos, es decir, $5.172.301,47. Y los directores generales, secretario del HCD, subcontadores, subprocuradores y los propios concejales, sin contar los módulos que les dan, embolsan cinco básicos, unos $3.694.501,05 por mes. Todo eso, sin contar viáticos, gastos de representación, bonificaciones especiales y otros “kiosquitos”.
Por eso no sorprende que el telón de fondo sea la desesperación: perder el sillón significa perder un ingreso muy lejos de la realidad marplatense, donde —según el último informe del INDEC— la desocupación llegó al 6,3% en el segundo trimestre y afectó a 20 mil personas. Y donde el salario promedio registrado ronda los $800 mil, apenas una fracción de lo que gana cualquier funcionario medio.
El futuro laboral de buena parte de la planta política es un misterio. Algunos apuestan a un reacomodamiento express; otros ya tantean ventanitas en Nación o en organismos amigables. Pero la sensación general es la misma: el miedo a que esta vez el “acomodo” no alcance para todos.
Mientras tanto, en los cafés y oficinas donde el poder suele reacomodarse con suavidad, empiezan a escucharse frases que incomodan: “Si no los ponen en algún lado, van a tener que salir a buscar laburo de verdad”. Para muchos, la peor amenaza no es política. Es laboral.