El juez federal Santiago Martín requirió al Estado Nacional que produzca un informe donde justifique los motivos por el cual se sostienen las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, en el marco de la causa que empresarios gastronómicos impulsan en Mar del Plata para que se determine la constitucionalidad de las restricciones para el funcionamiento de sus comercios en el marco de la pandemia por coronavirus.

En la resolución, el titular del Juzgado Federal Civil N°2 requirió al Estado que en tres días produzca un informe “que brinde cuenta del interés público comprometido en la solicitud efectuada por los acciones”. Asimismo, corrió traslado al gobierno nacional de la demanda, para que responda en un plazo de siete días hábiles.

Por otro lado, el juez Martín también citó a la Municipalidad de General Pueyrredon para que tomé intervención en la causa en calidad de tercero, tal y como lo habían solicitado los empresarios en la causa auspiciada por el abogado Fernando Herrera.

En su intervención, el fiscal general Daniel Adler planteó la realización de una audiencia conciliatoria ente el gobierno nacional, provincial, municipal y los privados. Adler también entendió que “el reclamo resulta ser formalmente adecuado”, en relación que se busca una “actuación preventiva” con el objetivo de “prevenir un quebranto en el patrimonio de los actores”.

Sobre el primer aspecto, el juez Martín sostuvo que una vez recibida la información de parte del Estado Nacional evaluará el pedido de realización de una audiencia, el cual había sido celebrado por los gastronómicos, y la cual además de las tres esferas de gobierno prevé integrar a la Zona Sanitaria VIII, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la CGT, para “analizar la situación de manera integral y avanzar en la búsqueda de consensos necesarios para la preservación equilibrada de los derechos”

"Ni los actores quieren muertes ni el Estado quiere desempleo. La extensión de esta pandemia y de las normas estatales que la abordan y que impide el ejercicio pleno de los derechos invocados, necesita de una instancia superadora", entendió Adler. "Debe adoptarse en esta coyuntura un rol del juez que no se centre en la tradicional lógica de decidir entre ganadores y perdedores, sino en alcanzar acuerdos sociales e institucionales que solo se alcanzan mediante acuerdos razonables de convivencia pacífica ante una situación inédita para nuestros tiempos. El sistema de administración de justicia puede cumplir un rol relevante en esta encrucijada", resaltó.

Asimismo, de todo ese proceso dependerá la evaluación que realice el juez Martín respecto a la medida cautelar requerida por los demandantes.