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Dura acusación de Nación: dijo que “reina en cabeza” de los gastronómicos marplatenses un “desprecio por la vida humana”
Sostuvo que el funcionamiento de la actividad pone en riesgo la salud pública. Aseguró que “los restaurantes constituyen un lugar idóneo para la propagación del virus”. Mañana se realiza una audiencia conciliatoria.
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La audiencia conciliatoria que mañana llevará adelante la Justicia Federal marplatense entre los gastronómicos y los estados municipal, provincial y nacional, augura fuertes polémicas en función de la presentación realizada por el gobierno nacional en la causa que lleva adelante el titular del Juzgado Federal Civil N°2, Santiago Martín.
En dicho documento adjuntado recientemente a la causa, la Jefatura de Gabinete apuntó con duras acusaciones contra los comerciantes de la gastronomía: “surge de lo expuesto, el desprecio por la vida humana que reina en cabeza de los actores, no advirtiendo la situación de extrema gravedad que está aconteciendo, más aún en la Provincia de Buenos Aires”, se planteó señalando a los impulsores de la acción declarativa de certeza para establecer la constitucionalidad de los decretos que establecen el ASPO.
Con la firma de la abogada Natalia Brun, el gobierno nacional puntualizó que la habilitación del rubro “implicaría un aumento de circulación en las calles, la concentración de personas en un lugar cerrado, y el consecuente aumento de propagación del virus, exponiendo al contagio a muchos marplatenses”.
“Los restaurantes son escenarios de riesgo de trasmisión por coronavirus alto, son espacios cerrados ventilados artificialmente, con densidad de población elevada; es decir que los especialistas en virología no dudan en afirmar que los restaurantes constituyen un lugar idóneo para la propagación del virus”, explicó, a la par que reforzó la tesitura al concluir ese pasaje con que “las decisiones no se toman (basadas) en caprichos sino en ciencia y epidemiología”.
El fragmento con la dura acusación de la Jefatura de Gabinete nacional
Impacto sanitario
En el amplio escrito de 54 páginas al que accedió La Tecla Mar del Plata, se hacen permanentes referencias al impacto nocivo en el sistema sanitario que podría tener la habilitación de la gastronomía, responsabilizando a los demandantes por las consecuencias.
En esa línea, se sostuvo que “el aumento de contagios podría generar una carga económica y social de operativos de asistencia médica, contención de brotes y, en un extremo indeseado, podría llevar a un exceso de casos y colapso de la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.
“La adopción de una medida que retrotrae a la NO inclusión de este rubro como actividad esencial o de excepción, obedece a la necesaria preservación de la salud, tanto de las personas que asisten a los restaurantes como aquellos que laboran con ellos”, amplió.
Finalmente, se explayó con que “el riesgo de mayor gravedad implica que, en caso de superarse la capacidad de respuesta del sistema de atención sanitaria, este podría verse saturado, provocando la imposibilidad de dar respuesta rápida y eficiente a los afectados, aumentando el riesgo de muerte, y, consecuentemente, afectar considerablemente el derecho a la salud y a la vida de los habitantes en general”.
Audiencia
Semanas atrás, un grupo de gastronómicos representados por Fernando Herrera presentó una acción declarativa de certeza para determinar la constitucionalidad del ASPO, causa que recayó en el Juzgado Federal Civil N°2. El juez Santiago Martín dio lugar al análisis de la demanda en sintonía con lo dictaminado con el fiscal general Daniel Adler: si bien aún no respondió al pedido de una medida cautelar de los demandantes, dio un paso importante al fijar para este viernes una audiencia conciliatoria entre los comerciantes, los tres niveles de Estado y la Zona Sanitaria VIII.
De cara a ese encuentro, en su respuesta a la demanda la Municipalidad sentó una postura clara en contra de los argumentos de los gastronómicos, quienes desde hace semanas reciben clientes en sus locales pese a las prohibiciones vigentes. “De la lectura de la demanda surge que al no poder ejercer la actividad gastronómica, es total la limitación en el ejercicio de la actividad. Tal postulado es falso”, se destacó en la presentación de 10 páginas.