El gobierno de Guillermo Montenegro sigue firme en su postura de no pagar las vacaciones no gozadas a funcionarios de la gestión anterior. Semanas atrás, el Ejecutivo había confirmado su postura con el ex titular del Emsur, Eduardo Leitao, y con el propio Carlos Arroyo, el ex intendente de la ciudad en el período 2015-2019. Sin embargo, el reclamo se extiende a otros exfuncionarios de relevancia. Ahora, de acuerdo al decreto N° 281/21 presente en el último Boletín Oficial, Montenegro extendió la decisión con otros nombres de peso en el gabinete arroyista: Gustavo Gil de Muro (Legal y Técnica), Alejandro Vicente (Gobierno), Susana Rivero (subs. de Educación) Y Patricia Leniz (Desarrollo Social). A la lista también se sumaron Jorge Emir Alí (Departamento de Abastecimiento de Recursos) y Cristian Damián Tait (ex director de la cartera que conducía Leniz). Entre los considerandos del acto administrativo, Montenegro esgrime que “cabe dejar expresamente establecida la naturaleza del vínculo laboral de los presentantes donde, en estos casos, no se está frente a la presencia de agentes municipales, y su relación no se encuentra regulada por la Ley N° 14.656 (Estatuto del Empleado Público Municipal)". Asimismo, se plantea que la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa “emitió dictamen realizando un detallado análisis normativo” en el que se explica que en el artículo 67 de la mencionada ley se establece que “quedan excluidos del presente régimen: a) titulares de cargos electivos, b) funcionarios y el personal con designación política de los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo, c) funcionarios para cuyo nombramiento y/o remoción las leyes fijen procedimientos determinados”. Asimismo, el dictamen, valiéndose también de la ley N°10.430, plantea que las vacaciones, “por investir característica de obligatoriedad en su goce, su falta de consumo en los plazos que la legislación determina, deviene en la pérdida de ese derecho sin posibilidad de mutar su falta de uso por una reparación económica”. Y agrega: “Ello en base al principio de que las vacaciones son fundamentales para la protección de la salud psicofísica del trabajador. Por otro lado, de no operar la norma de esta forma, se incurriría en un privilegio a favor de quien violando la obligatoriedad del uso de la licencia, acumule períodos vacacionales que lo llevara a percibir una remuneración superior a la establecida para el resto de los trabajadores que, por otra parte, dieron cumplimiento con la obligatoriedad que la ley imponía. En síntesis, quien quebranta la norma se beneficiaría y, por el contrario, quien respeta la misma, se perjudicaría; una verdadera antítesis del derecho”. Por último, la presentación de Legal y Técnica concluye que “ante el carácter obligatorio del goce de las vacaciones, las mismas deben ser utilizadas por el funcionario o agente, no debiendo compensarse mediante una reparación patrimonial, salvo que se produzca el cese de aquellos”. Tras estas negativas a compensar las vacaciones no gozadas, habrá que aguardar si avanzará el juicio contra el Municipio por parte de los exfuncionarios arroyistas. Consultado por esta situación, Montenegro fue tajante: “No corresponde usar la plata de vecinos para pagar vacaciones no gozadas.Yo voy a defender esta posición hasta las últimas consecuencias: en la Justicia, en la Cámara o en la Corte”, advirtió. La historia, seguramente, continuará. |