BONIFICACIONES DOCENTES
03/05
Bordaisco pidió a la Suprema Corte que Sáenz Saralegui pague los honorarios de la abogada
Son casi $200 mil que se le adeudan a la letrada que representó al Concejo Deliberante en la causa por competencia de poderes que impulsó Arroyo. El actual presidente sostiene que fue irregular el acto administrativo de la contratación.

La causa que lleva adelante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por el no pago de los honorarios a la abogada que representó al Concejo Deliberante en la causa por competencia de poderes que impulsó el exintendente Carlos Arroyo, en el marco del conflicto por las bonificaciones docentes, sigue arrojando nuevas y jugosas novedades.

Ahora, el presidente del HCD, Ariel Bordaisco, solicitó al máximo tribunal que el extitular del Cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui, se haga responsable del pago de los casi $200 mil, ya que, argumenta, fue irregular el acto administrativo con el cual se realizó la contratación de la abogada Carolina Morteo.

Como viene reflejando La Tecla Mar del Plata, la letrada platense fue quien llevó adelante la defensa del Concejo Deliberante en la causa que en 2018 impulsó Carlos Arroyo contra el HCD por competencia de poderes, luego que éste sancionará una ordenanza que restituyó las bonificaciones docentes. El exintendente reclamaba que ello no era una competencia propia del ámbito legislativo, sino del Ejecutivo. Finalmente, en agosto de 2020 la Suprema Corte consideró que la causa cayó en abstracto, debido a que en enero de ese año el nuevo intendente, Guillermo Montenegro restituyó el beneficio. Sin embargo, el Concejo Deliberante nunca le pagó los horarios a su abogada, a quien contrató especialmente porque no dispone de letrados propios en su planta de personal, por lo que la profesional primero planteó un reclamo en el marco de la causa original y luego presentó una denuncia que abrió un nuevo expediente.

Ahora, y luego de recientemente ser notificado el presidente Ariel Bordaisco de la obligación de “pagar en el acto” la suma de $152.262 en concepto de horarios y aportes impagos, más la suma de $40.000 por intereses y costa, cuestión que rechazó por “no carecer de dinero”, el Concejo Deliberante puso sobre la mesa una nueva estrategia: que pague Sáenz Saralegui.



Señal. El HCD ahora es representado por la Subsecretaría de Legal y Técnica municipal
 

Con el asesoramiento del subsecretario de Legal y Técnica municipal, Mauro Martinelli, Bordaisco se presentó en la causa y reclamó que sea el extitular del Concejo Deliberante quien se haga responsable del pago de los honorarios, ya que fue irregular el trámite administrativo con el cual se contrató a la profesional.

Si bien se reconoce que hubo un decreto de Presidencia “ad referéndum “ del HCD para su contratación, señala que el mismo nunca fue avalado por el Cuerpo legislativo.  “El acto administrativo nunca fue convalidado por el pleno de este Cuerpo, es más, ni siquiera tuvo despacho favorable de la primera Comisión donde fue tratado”, planteó Bordaisco.

Por lo que “se demuestra que el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon no apoyó, ni avaló, ni convalidó con acto posterior alguno, la contratación de la Dra. Morteo, lo que impide a las actuales autoridades a efectivizar el pago de los honorarios de la letrada”, agregó, siempre con el aval de Martinelli.

La sugerencia de que Sánez Sarelegui sea quien se haga cargo de la obligación quedó explicitada luego: “entiendo que al ser realizada la contratación de la Dra Carolina Morteo, a quien no se le discute lo válido de su reclamo, ni las tareas por ella realizadas, sino que, siendo su contratación mediante un Decreto de la Presidencia de éste Honorable Cuerpo que requiere de la convalidación del mismo, y no existiendo ella; su contratación deriva de un acto administrativo incompleto e imperfecto que no obliga, tal como se encuentra perfeccionado, a la totalidad del Cuerpo que represento, sino a quien lo suscribiese en su momento”.

Finalmente, solicitó que se cite a declarar al propio Sáenz Saralegui, decisión que ahora quedará en manos de la Suprema Corte.