Fotomultas: ¿se cae el convenio? El HCD avaló solicitud para rescindir el vínculo con la UTN

Como se preveía, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de comunicación que le solicita al Ejecutivo la posibilidad de rescindir el convenio con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) para la implementación del sistema de fotomultas en la ciudad.

La iniciativa fue acompañada por unanimidad, con la abstención del Frente Renovador y el Frente de Todos. Vale recordar que la Comuna suscribió a este acuerdo a través de la ordenanza N° 23.484, que se promulgó en diciembre de 2017. El programa tendría un plazo de duración de 4 años-es decir, vence en este ejercicio-, con una opción de prórroga por otros 2. 

A lo largo del debate en comisiones y en el plenario de hoy, desde todos los bloques políticos han coincidido en la falta de respuesta del Ejecutivo, principalmente de la Secretaría de Gobierno, la encargada de supervisar el convenio con la UTN. 

“Hubo, durante 2020, sancionados dos proyectos de comunicación pidiendo informes al respecto sobre las fotomultas y la Comisión de Seguimiento que nunca se terminó de conformar. Las consultas efectuadas nunca fueron respondidas por parte de la Secretaría de Gobierno. Para reclamar la información que nunca obtuvimos, nos abstenemos”, manifestó hoy el edil Vito Amalfitano (Frente de Todos).

Las miradas apuntan al titular de la cartera, Santiago Bonifatti, que ha hecho caso omiso en el último tiempo a los distintos proyectos de comunicación impulsados tanto desde la oposición como desde el oficialismo.

Según los plazos administrativos vigentes, ahora el funcionario tendrá un lapso de 30 días para dar una respuesta sobre la cuestión. Lo concreto es que las inquietudes de los ediles se desataron a raíz de las inconsistencias que ha mostrado el sistema de fotomultas desde su implementación, agudizados tras el recambio de autoridades.

Por caso, las multas que se labran en la actualidad son inválidas ante la falta de conformación de la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución de Convenio de Fotomultas –que dejó de funcionar en diciembre de 2019-, ya que tiene el rol de evaluar la correspondencia de las infracciones de tránsito.

Pero también se suman otros ingredientes. Según supo este medio, hay un desconcierto total entre los infractores. La ley provincial N° 13.927 establece que las sanciones deben ser notificadas en un lapso “no mayor a sesenta 60 días hábiles de la fecha de su comisión”. Sin embargo, ello no se cumple y el grueso de los conductores se topa con las mismas al momento de vender su automóvil.

En esa línea, tampoco hay derecho a defensa. En el Juzgado Municipal de Faltas no se reciben descargos en reclamo de multas mal cobradas. Algo que es una constante, con números y letras de patentes mal anotados o velocidades que no superan el 10% del rango de tolerancia.

Y como si no fuera poco, este medio constató que regularmente la empresa CECAITRA (que tiene a su cargo la realización de las multas) realiza controles con apoyo logístico de la Dirección de Tránsito con un radar móvil sobre la Ruta Nacional 226, pese a que las leyes nacionales lo prohíben.

De acuerdo a las leyes 24.449 y 26.363, es la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) la que autoriza y homologa la colocación y el uso de radares sobre rutas nacionales de todo el país, por lo que las provincias y los municipios no tiene potestad para intervenir en dichos trazados.