Fotomultas: Bonifatti, en la mira por la falta de respuestas

El 10 de junio pasado,  el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de comunicación que le solicita al Ejecutivo la posibilidad de rescindir el convenio con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) para la implementación del sistema de fotomultas en la ciudad.

Sin embargo, a casi dos meses de votarse el proyecto-avanzó por unanimidad, con la abstención del Frente Renovador y el Frente de Todos-las respuestas del Municipio brillan por su ausencia, con un principal apuntado: Santiago Bonifatti, el secretario de Gobierno.

Tal como ha informado este medio, la Comuna suscribió a dicho acuerdo mediante la ordenanza N° 23.484, que se promulgó en diciembre de 2017. El programa tendría un plazo de duración de 4 años-es decir, vence en diciembre-, con una opción de prórroga por otros 2. Desde todos los bloques políticos coincidieron en la falta de respuesta del Ejecutivo a lo largo de este año y medio de gestión, principalmente de la Secretaría de Gobierno, la encargada de supervisar el convenio con la UTN. 

Pero antes hubo otros proyectos de características similares al aprobado recientemente. En 2020 se elevaron otras dos presentaciones de la oposición sobre el acuerdo. Se trata de las Comunicaciones 5.564 -sancionada el 21 de mayo de 2020- y 5.679 -del 3 de diciembre-, las cuales “están pendientes de respuesta; iniciativas donde “se pidió información acerca de la ejecución del Convenio, registros de infracciones, situación de las notificaciones, ingresos en concepto de los pagos realizados, si los hubo”.
Según los plazos administrativos vigentes, las comunicaciones deben contestarse en un plazo de 30 días hábiles una vez aprobadas por el Legislativo. El tiempo límite venció en  todos los casos y las respuestas del referente de Sumar aún se hacen esperar. 

 Lo concreto es que las inquietudes de los concejales se desataron a raíz de las inconsistencias que ha mostrado el sistema de fotomultas desde su implementación, agudizadas tras el recambio de autoridades. Por caso, las infracciones que se labran en la actualidad son inválidas ante la falta de conformación de la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución del convenio-que dejó de funcionar en diciembre de 2019-, ya que tiene el rol de evaluar la correspondencia de las infracciones de tránsito.

Pero también se suman otros ingredientes. Según supo este medio, hay un desconcierto total entre los infractores. La ley provincial N° 13.927 establece que las sanciones deben ser notificadas en un lapso “no mayor a sesenta 60 días hábiles de la fecha de su comisión”. Sin embargo, ello no se cumple y el grueso de los conductores se topa con las mismas al momento de vender su automóvil.

En esa línea, tampoco hay derecho a defensa. En el Juzgado Municipal de Faltas no se reciben descargos en reclamo de multas mal cobradas. Algo que es una constante, con números y letras de patentes mal anotados o velocidades que no superan el 10% del rango de tolerancia.

Y como si no fuera poco, La Tecla constató que regularmente la empresa CECAITRA (que tiene a su cargo la realización de las multas y la provisión de los dispositivos para registrar y labrar las infracciones) realiza controles con apoyo logístico de la Dirección de Tránsito con un radar móvil sobre la Ruta Nacional 226, pese a que las leyes nacionales lo prohíben.

De acuerdo a las leyes 24.449 y 26.363, es la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) la que autoriza y homologa la colocación y el uso de radares sobre rutas nacionales de todo el país, por lo que las provincias y los municipios no tiene potestad para intervenir en dichos trazado.