FIN DEL MISTERIO
03/08
El Municipio rescindirá el convenio de las fotomultas
Lo confirmaron desde las altas esferas del Ejecutivo. En los próximos días el intendente firmará el decreto.

El Ejecutivo Municipal decidió rescindir el convenio con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) para la implementación del sistema de fotomultas en la ciudad.

“Con el proyecto de comunicación que salió del Concejo, se sacó un dictamen de Legal y Técnica y habrá un decreto que saldrá efectivamente. Esto se venía trabajando desde junio”, precisó un hombre cercano al intendente Guillermo Montenegro.

La referencia es al último proyecto de comunicación que aprobó el Legislativo el 10 de junio pasado, en el que se le solicitó al Gobierno Municipal la posibilidad de rescindir el convenio rubricado en diciembre de 2017-durante la gestión de Carlos Arroy-y que vence en diciembre de este año.

Ahora bien, más allá de que se haya revelado el misterio, las responsabilidades políticas saltan a la luz.  Desde todos los bloques políticos coincidieron en la falta de respuesta del Ejecutivo a lo largo de este año y medio de gestión. Sobre todo por parte de la Secretaría de Gobierno, la encargada de supervisar el convenio con la UTN. 

Los yerros en la comunicación con el Legislativo no se circunscriben solo a este proyecto, sino a otros dos de características similares, elevados en mayo y diciembre del año pasado. El denominador común es Santiago Bonifatti, el titular de Gobierno, que desde la formalidad aún no le contestó a los ediles, a pesar de que los plazos administrativos estipulan que esa clase de expedientes se deben contestar en un plazo de 30 días.

Por el contrario, el ex edil de Sumar acudió a un medio para dar la primicia, luego confirmada por La Tecla. En declaraciones a CNN Radio, Bonifatti planteó: “Nosotros venimos registrando una serie de incumplimientos del desarrollo del contrato, que en poco tiempo más va a ser dado de baja del Municipio porque tiene varios inconvenientes".

Y agregó: "Hay una serie de informes que se produjeron en las áreas que llevan adelante el convenio y encontramos una cantidad de incumplimientos que ameritan la baja del mismo por lo que estamos llevando adelante el trabajo administrativo”. Al igual que con el cierre de listas y el naufragio del pliego del transporte, Bonifatti vuelve a quedar expuesto por las desprolijidades en torno a las fotomultas.

Tal como deslizó hoy el funcionario, las inquietudes de los concejales se desataron a raíz del cúmulo de inconsistencias que ha mostrado el sistema de fotomultas desde su implementación, agudizadas tras el recambio de autoridades. Por caso, las infracciones que se labran en la actualidad son inválidas ante la falta de conformación de la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución del convenio-que dejó de funcionar en diciembre de 2019-, ya que tiene el rol de evaluar la correspondencia de las multas de tránsito.

¿Qué se hará con todas las faltas que se sancionaron sin la venia del organismo de contralor durante tanto tiempo? Por el momento, la respuesta es una incógnita en las filas del gobierno. Pero también hay otros ingredientes. A lo largo de estos meses se generó un desconcierto total entre los infractores. La ley provincial N° 13.927 establece que las sanciones deben ser notificadas en un lapso “no mayor a sesenta 60 días hábiles de la fecha de su comisión”. Sin embargo, ello en la actualidad no se cumple y el grueso de los conductores se topa con las penalizaciones al momento de vender su automóvil.

Tampoco hay derecho a defensa. En el Juzgado Municipal de Faltas no se reciben descargos en reclamo de multas mal cobradas. Algo que es una constante, con números y letras de patentes mal anotados o velocidades que no superan el 10% del rango de tolerancia. Y como si no fuera poco, La Tecla constató que regularmente la empresa CECAITRA (que tiene a su cargo la realización de las multas y la provisión de los dispositivos para registrar y labrar las infracciones) realiza controles con apoyo logístico de la Dirección de Tránsito con un radar móvil sobre la Ruta Nacional 226, pese a que las normas nacionales lo prohíben.

De acuerdo a las leyes 24.449 y 26.363, es la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) la que autoriza y homologa la colocación y el uso de radares sobre rutas nacionales de todo el país, por lo que las provincias y los municipios no tiene potestad para intervenir en dichos trazado.

Entre otras cuestiones, también se detectaron fallas en los equipos necesarios para realizar las infracciones, así como el mantenimiento de los mismos y la cantidad de fotomultas registradas: dato inexistente a partir de la disolución de la Comisión de Seguimiento.