Montenegro busca extender por un año la Emergencia en Violencia de Género

El Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar, por un año más, la declaración de la “Emergencia Sociosanitaria en materia de violencias por motivos de Género y Diversidad Sexual”.

Sancionada por primera vez en 2016, la ordenanza fue prorrogada todos los años. "Las violencias por motivos de género y diversidad constituyen una restricción a los derechos humanos de las mujeres y personas del colectivo LGTTTBIQ+, dando origen a una serie de normativas que obligan a los Estados a responder con compromisos internacionales, asumidos por la Argentina, para garantizar los derechos humanos de las mujeres y colectivo de la diversidad”, plantea el jefe comunal en el mensaje de elevación al HCD.

Y agrega: “Si bien una normativa de 'emergencia' resulta un contrasentido para responder a un problema de orden complejo, global y estructural, su declaración condensa un reclamo persistente de los movimientos sociales en torno a lograr una adecuada y oportuna respuesta, por lo que el presente proyecto rescata el término, para resignificar tales demandas, adecuándolas tanto al contexto normativo y de crisis socio-sanitaria actual, como a la necesidad de fortalecer  las estrategias de intervención dirigidas a varones cis género, como uno de los pilares en los abordajes integrales de la violencia machista”. 

Asimismo, el intendente plantea que el proyecto busca “subrayar la importancia de adoptar enfoques preventivos, integrales e interseccionales, basados en la producción de conocimientos situados, que reconozcan la parcialidad de su perspectiva tanto como la condición y consecuencias políticas de su enunciación”. Y, de esa manera, instar a “generar formas más amplias de participación en el diseño e implementación de programas y políticas, que potencien las capacidades estatales de incidencia sobre las desigualdades interseccionales que atraviesan la vida de las mujeres y personas del colectivo LGTTTBIQ+ en la actual coyuntura”.

Y sentencia: “El presente Proyecto de Ordenanza intenta ofrecer un marco general, donde puedan dialogar todas aquellas acciones que impulsen estrategias de innovación metodológica en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas, así como en el fortalecimiento de la legitimidad y transparencia de los mecanismos institucionales que nos permitan sostener acciones conjuntas hacia una vida libre de discriminación y violencias”. 

De acuerdo a lo señalado en el proyecto de ordenanza, se entiende a las violencias por motivos de género y diversidad a “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. 

En este sentido, quedan comprendidas las acciones “perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. Mientras que se considera violencia indirecta a “toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto del varón. La restricción de las personas al derecho a ser tratadas teniendo en cuenta su identidad de género y en particular a ser identificadas de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto del/los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada se incluyen en la presente como formas de violencia y/o discriminación”.  

Entre sus principales ejes, la ordenanza dispone la creación de un observatorio para “elaborar diagnósticos, recabar información, publicar informes, realizar estadísticas en base a la información recopilada y monitorear las políticas públicas” ligadas a la materia. El organismo deberá emitir un informe de evaluación respecto de las políticas públicas desplegadas en el territorio de General Pueyrredon en base al cual el gobierno “evaluará la solicitud de prórroga por igual término”. 

 También prevé la ampliación de asignaciones económicas a víctimas de la violencia contra la muejer y el colectivo LGTB; otorgamiento de cupos de viviendas para quienes sean damnificadas; construcción de refugios y hogares de tránsito para la contención; fortalecer programas de asistencia y prevención para víctimas de violencia de género; ampliación de recursos para la Comisaría de la Mujer;  y avanzar en proyectos de formación para la inclusión laboral a partir de las desigualdades de género.

Asimismo, el proyecto se compromete a continuar con las obras de ampliación y puesta en valor del Hogar Dra. Gloria Galé y concluir la totalidad de la obra de la Casa de Medio Camino, destinada a favorecer la autonomía progresiva de las personas en situación de violencia por motivos de género y diversidad.