GENERAL PUEYRREDON
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Los dueños de la pesca, pulpos del puerto
Los tres empresarios que manejan la pesca en Mar del Plata. Cómo se apropiaron del negocio y las relaciones políticas que tejieron a la sombra de una cuestionada explotación de la merluza
José “Pototo” Moscuzza, Antonio “Tony” Solimeno y Alberto “Ventarrón” Valastro. Estas son las identidades de los dueños del puerto y la pesca de Mar del Plata. Ellos demostraron entender el negocio portuario, involucrando a los actores políticos de turno el objetivo de seguir ganando millones, ampliando y diversificando su flota para construir aún más poder y, así, aumentar el patrimonio familiar.
Eran tres armadores comunes, de los tantos que había en la banquina chica del puerto. Pero vieron lo que no vio nadie: la posibilidad de incrementar su flota. Todo comenzó cuando Felipe Solá, en la Presidencia de Carlos Menem, fue nombrado secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en 1994.
En ese momento se firmó el acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima con la Comunidad Económica Europea, donde los barcos congeladores no eran utilizados; estaban abandonados, considerados obsoletos y chatarra. Eso lo aprovecharon los inversionistas argentinos, a quienes, además, el Gobierno de les dio la posibilidad de pescar en todo el mar Argentino por una verdadera ganga.
El acuerdo se expresó en la ley 24.315, que, entre otras cosas, facilitó a los armadores el ingreso de un buque congelador de más de 50 metros a cambio de tres barcazas chicas, de las tradicionales que se ven en la banquina marplatense.
Se determinaron dos tipos de permisos para las embarcaciones que entraban en el país. Uno era para capturar merluza, que podía ingresar cuando un buque en actividad cediera su permiso; y el otro, para capturar especies excedentarias. Ninguno de los dos compromisos se cumplió. Los barcos que habían cedido su permiso debían ser desguazados, pero eso nunca sucedió y siguieron en actividad. Y los buques que no debían hacerlo pescaban toneladas de merluza.
El negocio era redondo. Moscuzza, Solimeno y Valastro fueron los armadores que más provecho le sacaron a la privatización del mar durante el menemismo.
La pesca indiscriminada de merluza, con la nueva flota descartada en Europa, generó consecuencias catastróficas para la explotación de esa especie. Los científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) detectaron síntomas de colapso y decretaron medidas precautorias que los empresarios cumplieron por poco tiempo.
Mientras el Estado avaló los movimientos de Moscuzza, Solimeno y Valastro, a la par comenzaron a crecer la precarización laboral y la desocupación. Aparecieron las cooperativas de trabajo, una forma de resistencia al cambio en el paradigma de la pesca: con el uso de congeladores se necesitó cada vez menos mano de obra en tierra. Los buques factoría cuentan con fileteadoras automáticas que procesan el pescado, clasifican y empacan directamente con destino de exportación.
La distracción del Estado pasó también a la Justicia Federal, entes reguladores y controladores. Hasta hoy, nadie supervisa con rigor lo que ingresa y egresa del puerto. No se sabe a ciencia cierta lo que se comercializa en el puerto de La Feliz.
Olvidado informe de la UBA
En la presidencia de Fernando de la Rúa, investigadores de la Universidad de Buenos Aires elaboraron el “Informe de la UBA”. Fue un relevamiento de las maniobras realizadas con los permisos de pesca. Era la radiografía de 62 barcos, flojos de papeles, que se encontraban en plena actividad. “Nuestra intención era elevar todo lo que pareciera ilegal a la Justicia, para que ella determinara sobre cada situación”, señaló entonces Antonio Berhongaray, secretario de Agricultura de esa época. El informe lo encargó quien en ese momento era subsecretario de Pesca, Horacio Rieznik. La crisis económica golpeó la puerta del país y Domingo Cavallo volvió al Ministerio de Hacienda, y con él, Marcelo Regúnaga ocupó el lugar de Rieznik. El informe de la UBA, con sus 33 hojas, fue entregado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Desapareció a las pocas horas. Pese a que hubo intentos por reavivar las investigaciones con la actuación de la Auditoría General de la Nación, nunca se reflotó el tema, que a la postre resultó ser uno de los negociados más grandes en la pesca nacional.
Si el informe hubiera seguido el curso legal, los empresarios quizá se habrían visto obligados a dar explicaciones, exponiéndose a la posibilidad de perder sus permisos.
En el año 2009, la entrada en vigencia del régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) blanqueó la jugada de Moscuzza, Solimeno y Valastro. La ley Federal de Pesca reglamentó el artículo referido a la cuotificación. Por historia del buque en la pesquería, generación de trabajo en tierra y plan de inversiones, cada barco recibió una porción de la captura máxima permisible que otorga cada año el Consejo Federal Pesquero.
Las faltas de controles hicieron que, en el puerto, primero, y en toda la ciudad, después, comenzara a correr la versión de que los empresarios fraguarían las declaraciones de capturas, y que lo declarado como otra especie, en realidad, era merluza. La sospecha hizo que el INIDEP declarara en emergencia especies como el pargo, el saborín y el mero. Pero los controles tampoco habrían estado a la altura de las circunstancias, y el imperio de Pototo, Tony y Ventarrón se fue incrementado, a la vez que el resto de la industria sufría una enorme depresión. Otra vez, la sospecha: “El Estado hace la vista gorda porque los empresarios colaboran con las campañas políticas”, acusan viejos transeúntes de las callecitas portuarias.
En los dos lados
Llegando al final del 2018, las influencias de los empresarios están intactas: Oscar Fortunato, quien fue presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la cámara que agrupa a las empresas de Moscuzza, Solimero y Valastro, es hoy representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Federal Pesquero, el organismo que dicta las regulaciones en materia de pesca. Pero hay más: Ayelén, la hija de Fortunato, cumple un rol clave, ya que es Agente Fiscalizadora en Mar del Plata de la Dirección de Pesca de la Nación. Es la persona que recibe los partes de pesca con la declaración de las capturas de cada embarcación.
A pesar del cambio de los gobiernos y de los vaivenes de la política argentina, tres dueños de la pesca de Mar del Plata siguen usufructuando un recurso escaso que significa la principal riqueza ictícola del país, y cuya explotación beneficia cada vez a menos pero quienes tienen el privilegio sacan cada vez más rédito. Los empresarios en cuestión han sabido llevarse bien con todos los actores políticos que pasan por la gestión pública, sean del partido que sean.
Falta de control y subdeclaración en los muelles de La Feliz
La seguridad en el puerto marplatense es deficiente; quedó demostrado en la última auditoría extraordinaria que llevó adelante Prefectura. El relevamiento determinó que el puerto perdiera la certificación del código de seguridad en su momento.
Mar del Plata presentaba fallas en los accesos, roturas en los cercos perimetrales y falta de alarmas con detectores de movimientos. Empresas radicadas en el área han hecho denuncias ante la propia Prefectura. El punto más crítico, que todavía se mantiene, es la falencia en los sistemas de control de acceso. Las autoridades portuarias no pueden determinar con certeza si las personas o los vehículos que ingresan están autorizados, ni cuál es el propósito de la visita.
La AFIP ha iniciado investigaciones por números poco claros en las declaraciones de ventas que se realizan al exterior. Los inspectores sospechan que las empresas pesqueras declaran un valor de venta inferior al que cobran en realidad.
La pesca local se ha beneficiado por años con la subdeclaración de capturas. Es decir: declaraban una especie en el parte de pesca que no coincidía con la que completaban los cajones en la bodega de los barcos. Ese sistema fue posible a partir de presuntos acuerdos que habrían involucrado a funcionarios de distintos niveles, junto a inspectores y sindicatos. Estos desmanejos han sido denunciados en la Justicia por Roberto Maturana, oficial de la Marina Mercante. La canilla de la subdeclaración de merluza se cerró en 2016.
¿El Consorcio está distraído o hace la vista gorda frente a los pesqueros?
Muchas son las irregularidades que habría en el Consorcio, dependiente de Provincia. Cuáles son las vinculaciones del presidente con los empresarios más fuertes de la pesca en la ciudad balnearia más importante del país.
En el frente de amarre, en las secciones 4ta y 5ta, hay 110 metros obstruidos por buques abandonados que pertenecen a los empresarios en cuestión. No habría interés en sacarlos, por la abultada suma que cuesta la maniobra y el desguace. Es que mientras los barcos floten, son propiedad del dueño; en cuanto se hundan pasan a manos del Estado.
Los tres empresarios esperan que la corrosión y el mar hagan lo suyo. En varias oportunidades se anunció que los armadores pagarían el retiro de 14 buques, pero eso no ocurrió. Ahora se suma la draga Mendoza, que está hundiéndose.
Las compañías pesqueras que operan en el puerto le deben pagar un canon mensual al Consorcio, desde donde siempre se asegura que la falta de obras e inversión es por el poco dinero con el que dispone. ¿Pero cuánto pagan las empresas por usar los servicios que brinda el Consorcio presidido por Merlini? En lo que va del año, el canon tuvo un incremento del 20%, que llevó el precio del metro de eslora de cada barco que amarra a 155 pesos por mes. Por ejemplo: Moscuzza, por el “José Américo”, que tiene 47 metros de eslora y le hace ganar millones de dólares en cada marea, paga 7.285,28 pesos.
En otro orden, la amistad entre el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y Merlini no alcanza para que Nación destine fondos al puerto local. Mar del Plata es un puerto “autosustentable”, dice Merlini, pero que presenta deficiencias en los hechos.
La mancha que visibiliza el abandono del puerto
A los marplatenses les gusta destacarse, en lo que sea, y Martín Merlini, presidente del Consorcio Portuario de la ciudad, quiso dejarle una marca al puerto. Fue el primero del país en perder la certificación como “Puerto seguro”.
En los últimos días, todo volvió a la normalidad, y no fue necesario correr de su cargo a Merlini, ni al exprefecto Cristian Tarantino, empleado del Consorcio y encargado de la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP); ni muchos menos intervenir el ente provincial.
Prefectura determinó fallas en los accesos a las terminales 2 y 3, que son las que tenían la declaración de seguridad, además de mala iluminación y deficiencias en el perímetro.
Merlini, hombre que responde al diputado nacional Juan Aicega, gastó más de un millón de pesos en comprar rollos de alambre de púas, sensores de movimiento para detectar intrusos en el área operativa, cámaras de seguridad y domos para poder recuperar el código.
Una resolución a medida para la incorporación de un buque modelo
Tener buenas relaciones con los políticos de turno, siempre ayuda. José “Pototo” Moscuzza fue empleador de Oscar Fortunato, quien ahora está en el Poder Ejecutivo Nacional, en el Consejo Federal Pesquero. Pototo es presidente de Aldosivi y amigo de Daniel Angelici -máxima autoridad de Boca Juniors- y del Presidente, Mauricio Macri.
En el ámbito portuario se dice que Mocuzza logró que el subsecretario de Pesca, Juan Manuel Bosch, dicte resoluciones que le permitieron al empresario habilitar su nueva joyita: el barco “José Américo”. Mediante la resolución 171/18, firmada el 5 de septiembre, el Consejo Federal Pesquero (CFP) derogó la 1113/88 y la 153/2002. Estas fijaban condiciones para los barcos que quisieran ingresar al langostino debían medir 39,90 metros.
El “José Américo”, que fue construido por un astillero español y tuvo un costo de 8 millones de dólares, no encuadraba con la legislación vigente, porque mide 47 metros de eslora, y su potencial es mayor que las 2000 HP; pero con el guiño de Bosch fue posible.
Aparentemente, el CFP dispuso cambiar las reglas de juego en la pesquería de langostino para hacerle lugar al “José Américo”.
El nuevo barco, orgullo del presidente de Aldosivi, llegó de España en abril, y en junio comenzó a pescar en aguas nacionales, con un permiso de pesca de 2.600 toneladas de especies no cuantificadas; es decir que no está sometido al régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC).
Cooperativas de trabajo: otro legado del menemismo
Los empresarios sacaron rédito de las desregulaciones de los ´90 para precarizar personal a través de cooperativas que funcionaron en sus propios frigoríficos hasta el 2009, cuando los trabajadores fueron registrados en Pymes para recibir más cuota de merluza. A pesar de los dictámenes del Ministerio de Trabajo y fallos judiciales que determinaron que el uso de las cooperativas son un fraude laboral, las empresas no recibieron graves sanciones.
Alberto Valastro: desconfiado y oculto
Alberto Valastro se deja ver poco por los espigones del puerto. Ya está casi retirado del negocio y vive más tiempo en su departamento de Puerto Madero, o en España, donde tiene clientes y amigos. Adrián y Gabriela, sus hijos, intentaron llevar las riendas del negocio, pero él confía más en la visión estratégica de Mariano Pérez, el CEO del grupo. Afianza su relación societaria con Newsan, el principal exportador de langostinos del país. Siempre mirando qué hacen los otros dos, él también mandó a construir un barco para el marisco: el “María Liliana I”, de unos 40 metros de eslora.
Números del principal puerto pesquero del país
En 2017, la pesca nacional exportó 466 mil toneladas de productos de origen marino, que generaron 1.978 millones de dólares.
En volumen significó un aumento del 8,6% en relación al año 2016. En divisas, el incremento fue superior al 30%.
En lo que va de 2018, Mar del Plata recibió 194.484 toneladas. Con respecto al año pasado, las descargas cayeron en 32.552 toneladas, es decir, un 15%.