El Colegio de Abogados va por la vía judicial: todos los detalles del amparo para lograr la habilitación

La judicialización del aislamiento social, preventivo y obligatorio vuelve a dar un paso clave en Mar del Plata. Luego de la inicial presentación del fiscal federal Daniel Adler para lograr por vía judicial la autorización de trabajo para los recicladores del CEAMSE, ahora el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mar del Plata apeló al mismo camino para que la actividad de los abogados sea incorporada entre las excepciones.

En concreto, la institución presidida por Fabián Portillo presentó ayer ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°9 una acción de amparo donde solicitó una medida cautelar innovativa “a fin que se ordene en un plazo urgente y perentorio a la demandada a tomar las medidas administrativas y/o legislativas tendientes a incorporar a las actividades exceptuadas al servicio brindado por los abogados en tanto auxiliares indispensables del servicios de justicia, con el cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes, en igualdad de condiciones con actividades similares como los contadores públicos, escribanos y martilleros, y corredores públicos, entre otras”.

Ese último aspecto es uno de los puntales de la presentación de los matriculados. Desde su percepción, se ve “gravemente afectado” el derecho de igualdad y no discriminación, consagrado en la Constitución y pactos internacionales. “No se puede excluir a uno de lo que se le da a otros en iguales circunstancias”, en referencia a “las numerosas actividades profesionales que presentan obvias similitudes y requerimiento para su despliegue”.

En esa línea, consideró que la falta de incorporación de su actividad constituye “un acto manifiestamente arbitrario y discriminatorio, y por lo tanto ilegal, que viola el derecho de trabajar y el derecho a la igualdad y no discriminación contenidos en el art. 14, 16 y correspondientes de la Constitución Nacional”

“Además afecta gravemente el derecho a una tutela judicial efectiva mediante la restricción del acceso a la justicia a los habitantes del distrito o de quienes sin serlo deban acceder a los órganos judiciales del Departamento Judicial de Mar del Plata para la defensa de sus derechos”, ampliaron.

Sobre la proporcionalidad

Para el Colegio, al momento de analizar las restricciones en el marco de la pandemia, es necesario analizar si “dicha restricción cumple los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad requerida para una restricción pueda pasar un test de constitucionalidad. En el caso del servicio que brindamos los abogados es una restricción total, ya que no estamos autorizados a abrir los estudios y oficinas de atención al público ni a garantizar a empleados en relación de dependencia su posibilidad de trabajar, así como tampoco a concurrir al Colegio de Abogados a realizar trámites imprescindibles para nuestra profesión".

“La proporción (prohibición total) de la restricción no aparece como proporcional, siendo que no es precisamente el colectivo de las abogadas y abogados aquel en el que el virus ha circulado en el partido”, plantearon.

Y citaron un agravante: “el hecho que la Suprema Corte de Justicia haya dispuesto el re inicio de plazos y trámites judiciales, hace que la excepción solicitada se haga imprescindible para el desarrollo propio de la labor de abogado y evitar incurrir en responsabilidad profesional frente a nuestros clientes y representados”.

En la presentación judicial, las autoridades del Colegio de Abogados dieron cuenta de dos notas enviadas al intendente Guillermo Montenegro, las cuales “no han tenido respuesta a la fecha”. En ellas se pedía por el inicio de gestiones ante la Provincia para la habilitación del servicio, acompañado además de una propuesta de protocolo sanitario.