Tras la revocación de los permisos clave de la Autoridad del Agua por contaminación e incumplimientos, el balneario concesionado hasta 2030 operaría fuera de la ley. Organizaciones vecinales exigen la intervención municipal y advierten sobre la “responsabilidad jurídica” del Estado ante un “delito ambiental en curso”.

Luna Roja: denuncian que la concesionaria borra rastros para encubrir un delito ambiental

La Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Bonita, conocida como balneario Luna Roja, se ha convertido en el nuevo foco de una tensa pulseada entre el empresariado turístico, los organismos de control y las asambleas ambientalistas en la costa sur de General Pueyrredon. Tras la reciente y contundente decisión de la Autoridad del Agua (ADA) de revocarle los permisos de extracción y vuelco de efluentes, la empresa concesionaria E.J.C. S.A. fue señalada por una grave maniobra: intentar ocultar pruebas de sus irregularidades.

El Observatorio Paseo Costanero Sur, junto a la Asamblea Luna Roja, denunció públicamente que la firma, cuya actividad principal registrada ante ARCA abarca desde servicios personales hasta gastronomía y hotelería, fue detectada “borrando rastros y residuos antes” de un operativo municipal solicitado por los vecinos. Esta acción se produce inmediatamente después de que la ADA, a través de la resolución RESOC-2025-1223-GDEBA-ADA, dejara sin efecto las autorizaciones que el balneario poseía desde 2022, al comprobar "incumplimientos técnicos graves y riesgo de contaminación del acuífero".

El nudo del conflicto es de índole estrictamente legal y político. La revocación de la provincia no es un simple obstáculo burocrático, sino que fulmina la base operativa del complejo. Según la Asamblea, al carecer del permiso provincial, Luna Roja se configura inmediatamente en una infracción grave al Código de Ordenamiento Territorial (COT) y a la Ley 5965 de la provincia, que prohíbe terminantemente verter efluentes o alterar el suelo costero sin la debida autorización.

La Ordenanza Municipal N° 25.810 establece que toda habilitación comercial está supeditada al "cumplimiento estricto de la normativa sanitaria, ambiental y de seguridad vigente". En este marco, la pérdida de la autorización provincial debería, para los denunciantes, disparar la inmediata intervención municipal. Sin embargo, la Asamblea denuncia que la situación de impunidad se produce por la “connivencia municipal”.

La exigencia de los vecinos es clara y de carácter urgente: clausura preventiva, revocación de la habilitación municipal y toma de muestras de agua. El objetivo, conforme los denunciantes, es resguardar la salud pública y el derecho al ambiente sano, plasmado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. La preocupación radica en que, según monitoreos anteriores, los pozos de la zona ya habían registrado coliformes fecales y altos niveles de nitratos, evidenciando una infiltración de aguas residuales al acuífero que abastece a todo el barrio de Playa Chapadmalal.

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Con un contrato de concesión que se extiende hasta enero de 2030, el empresario Horacio Ipucha y la firma E.J.C. S.A. acumulan un historial de controversias que incluye clausuras previas, multas del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y detección de construcciones no autorizadas. Ahora, el conflicto escala a una dimensión de responsabilidad institucional. Mientras tanto, el reloj corre contra la inminencia de la temporada estival.

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