La Tecla Mar del Plata
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Los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) retomarán las medidas de fuerza para exigir al Gobierno nacional la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario y una actualización salarial acorde a la inflación.
Desde la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU), que representa al sector no docente, confirmaron que llevarán adelante paros todos los lunes hasta que la gestión de Javier Milei cumpla con la norma aprobada por el Congreso o presente una propuesta salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo registrada desde diciembre de 2023.
“Defender la universidad pública también es cuidar a quienes la sostienen día a día. Esta acción busca proteger a los trabajadores frente al deterioro de nuestros ingresos”, remarcaron desde el gremio, que aclaró que en caso de que un lunes sea feriado, la protesta se trasladará al día hábil siguiente.
En paralelo, los docentes nucleados en ADUM (Agremiación Docente Universitaria Marplatense) adherirán al paro nacional de 72 horas convocado por la Conadu para los días 12, 13 y 14 de noviembre, tras una consulta en la que participaron más de treinta asociaciones de base.
Los docentes adelantaron que las mesas de examen de fin de año no serán interrumpidas, pero advirtieron que, si no hay respuesta del Ejecutivo, 2026 comenzará con nuevas medidas de fuerza coordinadas a nivel federal.
El conflicto se origina en la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y promulgada en octubre, pero congelada por decisión del Gobierno nacional, que argumentó falta de recursos presupuestarios para su ejecución. La norma prevé la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una recomposición salarial para docentes y no docentes.
Con la temporada de exámenes y cierre de año académico a la vista, la tensión entre el sistema universitario y el Gobierno vuelve a crecer, mientras las comunidades educativas del país reafirman su defensa de la educación pública y gratuita.