La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
20 de noviembre de 2025
Reformas en puerta y el nuevo IPS
La gestión Milei avanza en la modificación del sistema previsional. Qué ocurrirá con la caja jubilatoria bonaerense y cómo se estructura el régimen nacional ante el proceso de armonización que se aproxima.
Los resultados electorales envalentonaron al Gobierno nacional y dieron más potencia a la motosierra. La reforma jubilatoria es una de las próximas cartas a jugar por la administración de Javier Milei. En la mira están las jugosas cajas provinciales que
resistieron la transferencia en los noventa. El IPS, que atraviesa una crítica situación, es una de ellas. Cuáles son los cambios que se vienen y como se plantan desde la provincia.
La propuesta impulsada por la administración Milei contempla equiparar la edad de retiro, los años de aportes y la fórmula de cálculo de los haberes, a la vez que establece un sistema con dos pilares: una jubilación proporcional a los aportes registrados y un ingreso básico equivalente a la PUAM, que desde marzo de 2025 se convirtió en la única alternativa para quienes no alcanzan los años de aportes. Bajo este esquema se perderían los regímenes especiales vinculados al desgaste físico o la
insalubridad y las cajas provinciales quedarían sujetas a la transferencia a Nación.
Fuentes cercanas al Ministerio de Capital Humano confirmaron que el proyecto ya está en etapa de redacción final y sería enviado al Congreso antes de fin de año, posiblemente como parte de un paquete más amplio de reformas estructurales que incluiría también modificaciones en la Ley de Movilidad y la eliminación definitiva de las moratorias previsionales. El argumento oficial es que el actual esquema de regímenes diferenciales genera inequidad entre trabajadores y un costo fiscal insostenible: según datos del propio Gobierno, los regímenes especiales representan cerca del 18% del gasto previsional total pese a cubrir solo
al 6% de los jubilados.
En paralelo, la Provincia enfrenta un panorama complejo en su propio sistema. El IPS arrastra un déficit estructural, a esto se suma una deuda previsional que, según el Gobierno bonaerense, supera 1,7 billones de pesos por transferencias no giradas desde 2024. Frente a este escenario, Axel Kicillof judicializó la disputa y, a la vez, incorporó en el proyecto de Presupuesto 2026 una medida para reforzar los ingresos del organismo, para que los trabajadores de empresas con mayoría accionaria provincial -como ABSA, Aubasa, Ceamse, Bapro, Grupo Provincia y otras- dejen de aportar al régimen de ANSES y pasen al
sistema bonaerense, lo que sumaría alrededor de 20 mil contribuyentes y un ingreso estimado de 180.000 millones de pesos anuales.
El Gobierno provincial sostiene que la reforma nacional busca reconfigurar el sistema previsional y podría desfinanciar a las cajas autónomas. Temen que Nación utilice la
asistencia financiera para presionar por la transferencia de las 13 cajas no transferidas, incluida la bonaerense.
Con la Corte Suprema llamada a intervenir en el reclamo por la deuda previsional y un Congreso que definirá el diseño final de la reforma, el IPS queda en el centro de una doble
presión: la financiera, marcada por un déficit creciente que ya obliga a la provincia a destinar más del 12% de recursos propios a cubrir el rojo jubilatorio, y la política, derivada de un proyecto nacional que podría redefinir el equilibrio entre Nación y provincias en materia jubilatoria.
Fuentes sindicales y de la oposición bonaerense advierten que, de avanzar el esquema nacional tal como está planteado, los haberes de los futuros jubilados docentes, de salud y de
fuerzas de seguridad de la Provincia podrían caer entre un 35% y un 50% respecto del esquema actual. En tanto, desde el entorno de Kicillof aseguran que resistirán cualquier intento de transferencia y de ser necesario, profundizarán medidas como la que incorpora a los empleados.
El resultado de esta disputa no sólo condicionará el futuro de la caja bonaerense, sino también el alcance real del nuevo sistema previsional que impulsa la Casa Rosada y, en última instancia, el poder de fuego fiscal que le quedará a la provincia de Buenos Aires para sostener su modelo de gestión en los próximos años.
El fantasma de la armonización
Ariel Samana, abogado especialista en materia de previsión recordó que “en tiempos de Daniel Scioli como gobernador se habló de la armonización de las cajas previsionales, que mucha gente resistió porque va en contra de todos los empleados provinciales, tanto municipales como del Ejecutivo e incluso los docentes. El IPS tiene un rojo fulminante, porque jubiló a mucha gente con jubilaciones anticipadas, no tomó tanta personal, y hoy por hoy el IPS no vive gracias a los aportes sino de las transferencias. Recordemos que en el ´94 el Ejecutivo Nacional, por hacerse cargo de, por ejemplo, los colegios secundarios y colegios nacionales de la Provincia, le tiene que girar una porción”.
Sobre este punto, subrayó que “el Ejecutivo Nacional no está girando esa plata. La Provincia inició un juicio el año pasado, que está durmiendo en la Corte Suprema, y estamos hablando de cifras multimillonarias. Si esto no se resuelve, va a terminar con una decisión gubernamental y se va a terminar absorbiendo”.
Los cambios que buscan oxigenar las cuentas del Instituto de Previsión
En medio de la compleja situación, el Gobierno bonaerense implementó modificaciones en proyecto de la Ley de Presupuesto para 2026 con el objetivo de sanear los números rojos del Instituto de Previsión Social que conduce Marina Moretti.
La propuesta que se encuentra en medio de una acalorada discusión legislativa, establece en su artículo 55,a modificación del decreto/ley 9650/80 para que los empleados de empresas privadas con mayoría accionaria provincial comiencen a realizar aportes al organismo previsional bonaerense, una decisión que podría sumar cerca de 20 mil nuevos contribuyentes.
Esta propuesta, en caso de ser aprobabada abarca a empresas como ABSA, Aubasa, Centrales de la Costa, Ceamse, Bagsa y otras firmas de energía.
Hasta ahora, sus empleados aportan y se jubilan bajo el régimen de la ANSES, pero de aprobarse la norma, pasarían a integrarse al sistema previsional de la provincia.
En conjunto, estas compañías emplean a más de 3.700 personas, y su incorporación fortalecería las arcas del IPS, que atraviesa un complejo panorama financiero. Por el momento hay silencio oficial de este punto que ya se encuentra en el proyecto en
discusión.
El Instituto de Previsión Social, que hoy paga haberes a más de 372.000 beneficiarios
(principalmente docentes, policías, empleados judiciales y municipales), cerró 2024 con un rojo operativo superior a los 450.000 millones de pesos y proyecta para 2025 un déficit que podría superar el billón si no se toman medidas.
Cabe recordar, que en los últimos años ingresaron a la Legislatura varios proyectos para reformar el sistema -desde el fallido intento de Daniel Scioli de crear un subsistema único que absorbiera al IPS, el Bapro y la caja policial, hasta propuestas recientes de aumentar la edad jubilatoria o eliminar regímenes especiales-, pero ninguno logró consenso ni tratamiento definitivo, dejando al organismo en una situación de vulnerabilidad frente a la ofensiva nacional por la armonización previsional.
Las modificaciones deberán pasar el filtro legislativo para otorgar un poco de oxógeno a las complicadas cuentas.
“Vamos a estar peleando contra la reforma jubilatoria”
El secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, cuestionó con dureza la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno nacional y adelantó que el sindicato la enfrentará en las calles. “Rechazamos cualquier cambio que quiera imponer el Estado Nacional. No vamos a permitir seguir perdiendo derechos que conquistamos peleando en los lugares de trabajo”, afirmó.
Al referirse específicamente al futuro del Instituto de Previsión Social
bonaerense (IPS), Arévalo advirtió que una eventual unificación con la ANSES implicaría un fuerte retroceso. “Si se hace el traspaso, los jubilados del IPS van a perder muchísimo. Quieren unificar la caja nacional para controlar los fondos de los jubilados y jubiladas de la provincia”, sostuvo. Defendió el sistema provincial como “una caja solidaria con mayores beneficios” y pidió a legisladores del campo popular que se sumen a la resistencia. “No podemos permitir que Milei siga desguazando el Estado. Los bonaerenses vamos a estar al frente, peleando contra la reforma jubilatoria, laboral e impositiva. La crisis no la vamos a pagar otra vez los trabajadores”, concluyó.
resistieron la transferencia en los noventa. El IPS, que atraviesa una crítica situación, es una de ellas. Cuáles son los cambios que se vienen y como se plantan desde la provincia.
La propuesta impulsada por la administración Milei contempla equiparar la edad de retiro, los años de aportes y la fórmula de cálculo de los haberes, a la vez que establece un sistema con dos pilares: una jubilación proporcional a los aportes registrados y un ingreso básico equivalente a la PUAM, que desde marzo de 2025 se convirtió en la única alternativa para quienes no alcanzan los años de aportes. Bajo este esquema se perderían los regímenes especiales vinculados al desgaste físico o la
insalubridad y las cajas provinciales quedarían sujetas a la transferencia a Nación.
Fuentes cercanas al Ministerio de Capital Humano confirmaron que el proyecto ya está en etapa de redacción final y sería enviado al Congreso antes de fin de año, posiblemente como parte de un paquete más amplio de reformas estructurales que incluiría también modificaciones en la Ley de Movilidad y la eliminación definitiva de las moratorias previsionales. El argumento oficial es que el actual esquema de regímenes diferenciales genera inequidad entre trabajadores y un costo fiscal insostenible: según datos del propio Gobierno, los regímenes especiales representan cerca del 18% del gasto previsional total pese a cubrir solo
al 6% de los jubilados.
En paralelo, la Provincia enfrenta un panorama complejo en su propio sistema. El IPS arrastra un déficit estructural, a esto se suma una deuda previsional que, según el Gobierno bonaerense, supera 1,7 billones de pesos por transferencias no giradas desde 2024. Frente a este escenario, Axel Kicillof judicializó la disputa y, a la vez, incorporó en el proyecto de Presupuesto 2026 una medida para reforzar los ingresos del organismo, para que los trabajadores de empresas con mayoría accionaria provincial -como ABSA, Aubasa, Ceamse, Bapro, Grupo Provincia y otras- dejen de aportar al régimen de ANSES y pasen al
sistema bonaerense, lo que sumaría alrededor de 20 mil contribuyentes y un ingreso estimado de 180.000 millones de pesos anuales.
El Gobierno provincial sostiene que la reforma nacional busca reconfigurar el sistema previsional y podría desfinanciar a las cajas autónomas. Temen que Nación utilice la
asistencia financiera para presionar por la transferencia de las 13 cajas no transferidas, incluida la bonaerense.
Con la Corte Suprema llamada a intervenir en el reclamo por la deuda previsional y un Congreso que definirá el diseño final de la reforma, el IPS queda en el centro de una doble
presión: la financiera, marcada por un déficit creciente que ya obliga a la provincia a destinar más del 12% de recursos propios a cubrir el rojo jubilatorio, y la política, derivada de un proyecto nacional que podría redefinir el equilibrio entre Nación y provincias en materia jubilatoria.
Fuentes sindicales y de la oposición bonaerense advierten que, de avanzar el esquema nacional tal como está planteado, los haberes de los futuros jubilados docentes, de salud y de
fuerzas de seguridad de la Provincia podrían caer entre un 35% y un 50% respecto del esquema actual. En tanto, desde el entorno de Kicillof aseguran que resistirán cualquier intento de transferencia y de ser necesario, profundizarán medidas como la que incorpora a los empleados.
El resultado de esta disputa no sólo condicionará el futuro de la caja bonaerense, sino también el alcance real del nuevo sistema previsional que impulsa la Casa Rosada y, en última instancia, el poder de fuego fiscal que le quedará a la provincia de Buenos Aires para sostener su modelo de gestión en los próximos años.
El fantasma de la armonización
Ariel Samana, abogado especialista en materia de previsión recordó que “en tiempos de Daniel Scioli como gobernador se habló de la armonización de las cajas previsionales, que mucha gente resistió porque va en contra de todos los empleados provinciales, tanto municipales como del Ejecutivo e incluso los docentes. El IPS tiene un rojo fulminante, porque jubiló a mucha gente con jubilaciones anticipadas, no tomó tanta personal, y hoy por hoy el IPS no vive gracias a los aportes sino de las transferencias. Recordemos que en el ´94 el Ejecutivo Nacional, por hacerse cargo de, por ejemplo, los colegios secundarios y colegios nacionales de la Provincia, le tiene que girar una porción”.
Sobre este punto, subrayó que “el Ejecutivo Nacional no está girando esa plata. La Provincia inició un juicio el año pasado, que está durmiendo en la Corte Suprema, y estamos hablando de cifras multimillonarias. Si esto no se resuelve, va a terminar con una decisión gubernamental y se va a terminar absorbiendo”.
Los cambios que buscan oxigenar las cuentas del Instituto de Previsión
En medio de la compleja situación, el Gobierno bonaerense implementó modificaciones en proyecto de la Ley de Presupuesto para 2026 con el objetivo de sanear los números rojos del Instituto de Previsión Social que conduce Marina Moretti.
La propuesta que se encuentra en medio de una acalorada discusión legislativa, establece en su artículo 55,a modificación del decreto/ley 9650/80 para que los empleados de empresas privadas con mayoría accionaria provincial comiencen a realizar aportes al organismo previsional bonaerense, una decisión que podría sumar cerca de 20 mil nuevos contribuyentes.
Esta propuesta, en caso de ser aprobabada abarca a empresas como ABSA, Aubasa, Centrales de la Costa, Ceamse, Bagsa y otras firmas de energía.
Hasta ahora, sus empleados aportan y se jubilan bajo el régimen de la ANSES, pero de aprobarse la norma, pasarían a integrarse al sistema previsional de la provincia.
En conjunto, estas compañías emplean a más de 3.700 personas, y su incorporación fortalecería las arcas del IPS, que atraviesa un complejo panorama financiero. Por el momento hay silencio oficial de este punto que ya se encuentra en el proyecto en
discusión.
El Instituto de Previsión Social, que hoy paga haberes a más de 372.000 beneficiarios
(principalmente docentes, policías, empleados judiciales y municipales), cerró 2024 con un rojo operativo superior a los 450.000 millones de pesos y proyecta para 2025 un déficit que podría superar el billón si no se toman medidas.
Cabe recordar, que en los últimos años ingresaron a la Legislatura varios proyectos para reformar el sistema -desde el fallido intento de Daniel Scioli de crear un subsistema único que absorbiera al IPS, el Bapro y la caja policial, hasta propuestas recientes de aumentar la edad jubilatoria o eliminar regímenes especiales-, pero ninguno logró consenso ni tratamiento definitivo, dejando al organismo en una situación de vulnerabilidad frente a la ofensiva nacional por la armonización previsional.
Las modificaciones deberán pasar el filtro legislativo para otorgar un poco de oxógeno a las complicadas cuentas.
“Vamos a estar peleando contra la reforma jubilatoria”
El secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, cuestionó con dureza la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno nacional y adelantó que el sindicato la enfrentará en las calles. “Rechazamos cualquier cambio que quiera imponer el Estado Nacional. No vamos a permitir seguir perdiendo derechos que conquistamos peleando en los lugares de trabajo”, afirmó.
Al referirse específicamente al futuro del Instituto de Previsión Social
bonaerense (IPS), Arévalo advirtió que una eventual unificación con la ANSES implicaría un fuerte retroceso. “Si se hace el traspaso, los jubilados del IPS van a perder muchísimo. Quieren unificar la caja nacional para controlar los fondos de los jubilados y jubiladas de la provincia”, sostuvo. Defendió el sistema provincial como “una caja solidaria con mayores beneficios” y pidió a legisladores del campo popular que se sumen a la resistencia. “No podemos permitir que Milei siga desguazando el Estado. Los bonaerenses vamos a estar al frente, peleando contra la reforma jubilatoria, laboral e impositiva. La crisis no la vamos a pagar otra vez los trabajadores”, concluyó.