El cierre del año 2025 trajo consigo la judicialización de un nuevo conflicto por el uso del suelo costero en el partido de General Pueyrredon. La Asamblea Playas del Sur presentó formalmente un recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra la Resolución REMS-2025-275-E-MUNIMDP-EMSUR, mediante la cual el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), con firma de Santiago Bonifatti, emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el emprendimiento inmobiliario denominado "Vivienda Multifamiliar La Reserva Explanada". La presentación, dirigida al intendente interino Agustín Neme, solicita la nulidad absoluta de la medida y la suspensión inmediata de cualquier obra, bajo la advertencia de que el proyecto podría avanzar sobre bienes de dominio público y causar un daño ambiental irreversible.
El núcleo de la controversia técnica radica en la delimitación de la "Línea de Ribera", el límite jurídico-natural que separa la propiedad privada de la playa pública. Según los impugnantes, la DIA aprobada se basa en una demarcación de la Autoridad del Agua (ADA) que data del año 2012, ignorando informes técnicos más recientes, como el de 2021, que alertan sobre un corrimiento significativo de la línea de costa debido a la erosión marítima. La Asamblea argumenta que existe una "incerteza ambiental" insalvable, ya que los estudios del Instituto de Geología de Costas y Cuaternario de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) confirman que los acantilados de la zona sur retroceden entre 0,5 y 1 metro por año. Bajo este escenario, sostener parámetros de hace trece años para autorizar una edificación de gran escala representaría una arbitrariedad administrativa y un riesgo de ocupación ilegal de la playa pública.
Además de los cuestionamientos geofísicos e institucionales, la nota de impugnación señala la omisión de pasos procedimentales esenciales en el proceso de participación pública. Se alega que no se ha dado a publicidad el informe final que contenga las objeciones y sugerencias presentadas por los ciudadanos durante la instancia consultiva, un requisito obligatorio que tornaría inexistente el acto administrativo final. En términos legales, el reclamo se apoya en los principios preventivo y precautorio establecidos en la Ley General del Ambiente, los cuales exigen frenar cualquier acción estatal ante la falta de certeza técnica que garantice la protección del ecosistema costero y el derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.
Finalmente, el petitorio de la Asamblea exige que se ordene a la Autoridad del Agua una actualización y demarcación definitiva de la Línea de Ribera antes de permitir cualquier movimiento de suelos en la Fracción 8a. Mientras el gobierno municipal evalúa los pasos a seguir, el conflicto pone de manifiesto una vez más la pugna entre el desarrollo inmobiliario en sectores privilegiados frente al mar y las demandas de los colectivos vecinales que reclaman por la tutela efectiva de los bienes de dominio público y la transparencia en la gestión de los recursos naturales del litoral bonaerense.
