En una conferencia atravesada por críticas políticas y anuncios de gestión, el ministro Gabriel Katopodis confirmó que Aubasa competirá por concesiones nacionales y pidió veedores para garantizar transparencia. Denunció cambios de último y prometió reinversión total de peajes.

Katopodis activa a Aubasa y escala la disputa por el control de rutas bonaerenses

La pelea por el control y mantenimiento de las rutas en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo con la decisión del gobierno de provincia de Buenos Aires de impulsar a Aubasa en el proceso de concesión de corredores nacionales. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, confirmó la jugada y se metió al ring contra Nación.

De esta manera, Katopodis anunció que se solicitó formalmente la intervención de las Defensorías del Pueblo para que actúen como veedores en la licitación que lleva adelante el Ministerio de Economía nacional. El objetivo, sostuvo, es garantizar “plena transparencia” en un proceso que —según denunció— sufrió modificaciones sustanciales a último momento.

El funcionario advirtió que, a pocos días del cierre de ofertas, se cambiaron decenas de artículos del pliego, alterando las condiciones originales. Para la Provincia, esos movimientos “desvirtúan” la competencia y abren sospechas sobre posibles arbitrariedades en la adjudicación de las concesiones.

En ese contexto, Aubasa se posiciona como la carta bonaerense para disputar la gestión de rutas clave por donde circula diariamente cerca de un millón de usuarios. Katopodis defendió el perfil de la empresa pública, a la que definió como “superavitaria” y con estándares de servicio que —afirmó— pueden verificarse en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata o la Ruta 2.

El trasfondo de la avanzada provincial es también político. Desde La Plata apuntan contra el estado de las rutas nacionales, al que califican como “deplorable”, y responsabilizan al gobierno central por la falta de inversión en infraestructura vial durante los últimos años.

Katopodis fue más allá y sugirió que el esquema licitatorio podría esconder un modelo de negocios basado en peajes más caros y nuevos puntos de cobro. “Hay una clara intención de recaudar más”, advirtió, al tiempo que contrapuso el modelo de Aubasa, que —según remarcó— reinvierte el 100% de sus ingresos en obras y mantenimiento.

Además, cuestionó el uso de recursos nacionales vinculados al sector, como el impuesto a los combustibles, y acusó a la administración central de no haber ejecutado obras pese a contar con financiamiento específico para infraestructura vial.

En este escenario, la participación de Aubasa busca no solo competir por las concesiones, sino también evitar —según la visión oficial bonaerense— que el deterioro de las rutas continúe afectando la seguridad, la logística y el desarrollo productivo de la provincia.

Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cargó contra la política exterior de la administración nacional y desestimó un reclamo económico de la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que repasó la agenda territorial del gobernador Axel Kicillof para la semana.

Bianco cuestionó con dureza el posicionamiento de la Argentina en votaciones recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que el país votó en contra de resoluciones vinculadas a derechos humanos, alimentación, pueblos indígenas y condenas a la tortura. “Es una vergüenza nacional”, sostuvo, y advirtió que esas decisiones “quiebran una tradición diplomática histórica”.

El funcionario puso el foco en el impacto que estas posturas podrían tener sobre el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Según explicó, muchos de los países afectados por esas votaciones son aliados clave en el Comité de Descolonización, por lo que el cambio de estrategia internacional podría debilitar el respaldo a la Argentina.

Además, cuestionó el nivel de alineamiento con Estados Unidos en foros internacionales. “No es un problema votar igual, sino qué se vota”, remarcó, tras señalar que el 82% de las decisiones fueron coincidentes con ese país, incluso en temas sensibles de la agenda global.

En el plano local, Bianco rechazó el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien exigió a la Provincia el pago de una supuesta deuda de $27.000 millones por la atención de personas en situación de calle en centros porteños. El ministro calificó el planteo como “no reclamable” y cuestionó la metodología utilizada para determinar el origen bonaerense de esas personas.

Como contrapunto, sostuvo que si se aplicara el mismo criterio, la Ciudad debería compensar a la Provincia por los millones de bonaerenses que diariamente trabajan, consumen y tributan en territorio porteño, generando ingresos para esa jurisdicción.

En paralelo, defendió las políticas provinciales en materia social y aseguró que Buenos Aires “se está haciendo cargo” de la problemática, al detallar que se pasó de 28 a 58 centros de integración para personas en situación de calle, en un contexto de creciente demanda producto de la crisis económica.

Finalmente, el ministro repasó la agenda del Ejecutivo bonaerense, que incluye entrega de viviendas, ambulancias, equipamiento urbano, inauguración de infraestructura judicial y expansión del programa Puentes con nuevos centros universitarios. También anticipó la participación de Kicillof en un acto político vinculado al ámbito científico y universitario.

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