10 de abril de 2026
CONFLICTO
PAMI: entre la modernización oficial y la denuncia sindical de un ajuste previsional
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo modelo de atención médica bajo la premisa de optimizar recursos y digitalizar procesos. Sin embargo, desde el sindicato SUTEPA delegación Mar del Plata advierten que la medida precariza la labor profesional y pone en riesgo la calidad prestacional para los jubilados.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se encuentra en el centro de una nueva disputa política y gremial tras la publicación de la resolución 2107/26. La normativa introduce cambios estructurales en el modelo de atención sanitaria, orientados, según la administración de Javier Milei, a la "optimización" y "modernización" del sistema. No obstante, el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) local ha salido al cruce con un posicionamiento tajante, calificando la iniciativa como un mecanismo de recorte que impactará directamente en la atención de los adultos mayores.
Desde la órbita oficial, el cambio de paradigma se apoya en la digitalización total de la gestión administrativa. La implementación obligatoria de la Orden Médica Electrónica (OME) y los formularios digitales se presentan como herramientas para garantizar la trazabilidad de las prestaciones y agilizar los tiempos burocráticos. Asimismo, la reforma busca fortalecer la medicina preventiva mediante controles anuales de salud y un refuerzo en la presencia de médicos de cabecera, aplicando incentivos económicos diferenciados para zonas desfavorables, como el sur del país. Para el organismo, se trata de una actualización necesaria del Nomenclador Común para reconocer la integralidad de la asistencia.
Sin embargo, la lectura que llega desde las bases de los trabajadores y los representantes sindicales en distritos como Mar del Plata es diametralmente opuesta. El sindicato SUTEPA emitió un duro comunicado en el que sostiene que, bajo el velo de la innovación tecnológica, se oculta un desfinanciamiento del sistema. Para el gremio, la resolución no busca una mejora sanitaria, sino un "rediseño para gastar menos sin decirlo". En este sentido, denuncian que la falta de precisión en los números del aumento de la cápita es una señal de alarma, señalando que "cuando el dato clave no aparece, el mensaje es simple: no alcanza".
Uno de los puntos más críticos señalados por los trabajadores es la modificación en el esquema de retribución a los profesionales. Según SUTEPA, al incluir más prestaciones dentro de un pago fijo, se empuja al sector médico hacia una situación de vulnerabilidad. El comunicado oficial del sindicato es taxativo al respecto: "El médico trabaja más por la misma plata. Eso no es eficiencia, es precarización. Este modelo empuja a atender rápido, atender menos o evitar pacientes complejos. Nadie lo dice, pero pasa. Y el que pierde es el jubilado". Esta lógica, advierten, podría derivar en un deterioro de la relación médico-paciente y en una selección de casos basada en la rentabilidad y no en la necesidad de salud.
Asimismo, la organización sindical cuestiona el impacto real de la digitalización en el trabajo cotidiano. Lejos de verlo como una simplificación, aseguran que representa "más burocracia, más controles, más trabas para cobrar" y, fundamentalmente, "menos tiempo con el paciente". En su análisis, el gremio sostiene que la eliminación de incentivos para la formación médica debilita la calidad del sistema, convirtiendo la política sanitaria en una mera cuestión contable. "El esquema es claro: lo simple se licúa en la cápita, lo complejo se paga aparte porque no se puede evitar. Es contabilidad, no política sanitaria", sentenciaron desde el sindicato.
La tensión entre la eficiencia fiscal que persigue el Gobierno nacional y la sostenibilidad del sistema de salud que reclaman los gremios plantea un escenario de incertidumbre para millones de afiliados. Mientras las autoridades ratifican el sistema mixto de pago y la importancia de los controles crónicos, SUTEPA insiste en que no se están resolviendo los problemas de fondo, como el atraso en los valores de los servicios y la crisis de los prestadores. El conflicto queda así planteado como una puja de sentidos sobre la naturaleza del servicio: una modernización necesaria para unos, y un "ajuste disfrazado" que, según los trabajadores, terminará manifestándose en el deterioro inevitable de la atención para quienes más la necesitan.