El bloque de concejales CC-ARI, parte del oficialismo local, presentó un proyecto para rechazar los aumentos de la Verificación Técnica Vehicular y exigir cambios al sistema de concesión. La crítica se inscribe en la creciente polarización con la gestión bonaerense, a pocas semanas de las elecciones del 7 de septiembre.

La VTV como campo de batalla: la Coalición Cívica apunta contra Kicillof por los aumentos y el modelo monopólico

La campaña electoral en General Pueyrredon ya se juega también en el terreno de los servicios públicos obligatorios. En este marco, el bloque de concejales de la Coalición Cívica – ARI (CC - ARI), integrado por Guido García y Angélica González, presentó un proyecto de resolución y comunicación para cuestionar con dureza el nuevo esquema tarifario de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y exigir al gobernador Axel Kicillof una revisión del modelo vigente. La iniciativa, que fue ingresada en el Concejo Deliberante, visibiliza un conflicto latente: el malestar creciente de los sectores medios con los costos del Estado provincial y el aprovechamiento político de esa situación por parte del oficialismo local.

“El servicio tuvo un aumento acumulado del 47,7 % en lo que va del 2025, mientras que la inflación del mismo período fue del 15,1 %. Es decir, la VTV subió más de un 32 % por encima de la inflación”, denuncia el expediente. En el caso de un vehículo estándar, es decir, de menos de 2500 kg, el costo pasó de $63.463 a $79.640, y las motos deben abonar más de $31.000. Los concejales señalan que estas cifras “resultan onerosas” frente a otras provincias, donde los valores oscilan entre los $33.000 y $45.000.

Más allá de los números, la denuncia política es de fondo: “Se adjudicaron zonas exclusivas a empresas por licitación, lo que generó un monopolio provincial formalizado”. Según la CC-ARI, la provincia debe permitir que talleres particulares habilitados puedan realizar la VTV, como sucede con los controles de GNC. “Habilitar nuevas plantas no solo bajaría los precios, también generaría empleo local y mayor competencia”.

La propuesta también pone la lupa sobre el pliego de licitación que fija los aumentos de la tarifa de la VTV en función de la paritaria del gremio SMATA y la cámara CAVEA. En la práctica, el 7 % del salario de un operario categoría 1, hoy en $1.137.726, es el valor base para calcular el precio final. “Este esquema condena a los bonaerenses a pagar montos distorsivos y sin control ciudadano”, afirman.

El pronunciamiento no es aislado: ocurre en medio de una campaña provincial inédita, con boletas cortas, sin PASO y en clima nacionalizado. En ese tablero, el oficialismo marplatense busca polarizar con Kicillof en todos los frentes posibles. La VTV se transforma así en una herramienta para canalizar el malestar económico y territorializar la crítica contra la provincia. Detrás del reclamo por los talleres, late una estrategia electoral: mostrar al gobierno bonaerense como centralista, ineficiente y extractivo, frente a una gestión local que, según su propio discurso, defiende “el bolsillo y la autonomía de los vecinos”.

“Lo que reclamamos es sensatez. No se puede seguir cargando sobre los vecinos tarifas altísimas por un servicio obligatorio y cerrado. La Provincia debe abrir el juego y pensar en un esquema más justo, competitivo y accesible”, concluyeron los concejales.

En esa línea, piden no solo un freno al aumento sino una revisión integral del sistema. La política se mete bajo el capó, y la VTV aparece ahora como parte de una pulseada mayor: el modelo de Estado que se disputa en las urnas del 7 de septiembre.

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