Este domingo 21 de septiembre venció la última prórroga del Régimen de Incentivos a la Construcción. Mientras tanto, los dos expedientes enviados por el Ejecutivo para extender por dos años más las ordenanzas 25.113 y 25.114 siguen sin giros a comisiones en el Concejo Deliberante. En otras palabras, todavía no tienen estado parlamentario.
Según fuentes legislativas, la demora se explica por un “análisis pormenorizado” de los proyectos. Sin embargo, en los pasillos apuntan a las negociaciones internas dentro del oficialismo antes de habilitar el debate, que se presume pasará por Obras y Legislación, entre otras comisiones. Lo concreto es que, una vez más, la política dejó correr el reloj y usó la prórroga como un comodín para ganar tiempo.
La construcción es el caballito de batalla de la gestión de Guillermo Montenegro, continuando la línea trazada en su primer mandato. El Régimen de Incentivos, creado en pandemia con la promesa de sostener empleo y reactivar al sector, terminó funcionando como una válvula de excepciones urbanísticas. A eso se suma que el Concejo nunca activó la Ordenanza 25.115 —la de las compensaciones urbanísticas—, prorrogada hasta 2026, lo que profundizó el desbalance.
Hoy, con los plazos vencidos y la presión del empresariado sobre la mesa, el oficialismo busca estirar el beneficio hasta 2027. La oposición se incomoda, pero los antecedentes muestran que cuando se trata de construcción, el Concejo siempre termina cediendo.
