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Legislación debate prórrogas clave para la gestión Montenegro
La comisión tratará los expedientes del Régimen de Incentivos a la Construcción y la Emergencia Económico-Financiera del servicio de recolección. La oposición había pedido informes por el vencimiento de la Ordenanza 25.113.
La semana en el Concejo Deliberante arranca con una sola comisión en actividad: Legislación, que preside el radical Daniel Núñez. Mientras Movilidad Urbana no fue convocada, los ediles se preparan para analizar una agenda con diez expedientes, entre los cuales tres concentran toda la atención política y técnica.
Los dos primeros pertenecen al Departamento Ejecutivo y buscan extender por dos años más el Régimen de Incentivos a la Construcción, un instrumento que el oficialismo considera clave para sostener la actividad privada en un contexto de recesión. Se trata de los expedientes 1536 y 1537, que proponen la prórroga de las Ordenanzas 25.113 y 25.114, ambas con despacho favorable de la Comisión de Obras.
Sin embargo, el expediente 1536 generó ruido en la oposición. Desde Unión por la Patria advirtieron que la Ordenanza 25.113 había perdido vigencia el 14 de junio de 2024, por lo que reclamaron explicaciones formales a la Secretaría de Obras, encabezada interinamente por Santiago Bonifatti, ante la licencia del titular del área, Jorge “Guasa” González.
El pedido de informes apunta a conocer la evaluación del régimen desde su implementación: si las construcciones beneficiadas cumplieron con los requisitos de eficiencia energética y mitigación ambiental; si se generaron espacios de uso público; y si, pese al vencimiento de la norma, se aprobaron nuevos proyectos bajo su amparo. Los concejales también consultan si corresponde actualizar el marco normativo, dado que fue diseñado durante la pandemia.
El otro expediente de alto impacto es el 1585, que propone declarar la Emergencia Económico-Financiera del Servicio de Recolección de Residuos Urbanos en el partido de General Pueyrredon. El proyecto, que llega con despacho favorable de la Comisión de Ambiente, incluye además la prórroga del contrato con la empresa prestataria por dos años, con la posibilidad de una extensión adicional a criterio del Ejecutivo.