6 de octubre de 2025
ELECCIONES 2025
¿Se pueden reimprimir las boletas en Provincia de Buenos Aires? El costo de proteger la voluntad del elector
La solicitud de LLA de cambiar la cara visible de su boleta, reemplazando a Espert por Santilli, pone al juez electoral bonaerense ante una disyuntiva inédita con la Boleta Única de Papel: ¿es viable la reimpresión de 15 millones de ejemplares, y quién debe pagar el costo? Sebastián López Calendino, especialista de la UNLP, analizó los escenarios posibles en Desconfiados por Cadena Río, destacando que el principal valor a resguardar es la "protección genuina de la voluntad del elector".
El subdirector del Observatorio de Estudios Electorales y Político-Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Sebastián López Candelino, en declaraciones a Desconfiados por Cadena Río, explicó que la resolución del conflicto depende enteramente del juez electoral federal de la provincia de Buenos Aires. El desafío es mayúsculo porque es la primera vez que se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema donde "es responsabilidad del Estado imprimir las boletas".
Una de las posibles soluciones, según López Calendino, es que el juzgado determine que aún "estamos a tiempo de hacer una reimpresión de las boletas o todavía no se imprimieron en cantidad", lo que permitiría actualizar la imagen del candidato. Sin embargo, el experto descartó de plano una solución intermedia: la coexistencia de boletas diferentes en los cuartos oscuros. "Eso yo ya lo descarto de plano, que haya una coexistencia de boletas diferentes en los cuartos oscuros, porque esto sí que ya va en contra del Código Nacional Electoral porque la oferta tiene que ser única para todos los bonaerenses en este caso", aseguró.
La tercera opción, y la más conflictiva desde el punto de vista electoral, sería mantener sin cambios las boletas ya impresas, con la imagen del candidato renunciante. Si bien esta decisión podría ahorrar el costo de la reimpresión, el especialista advirtió sobre la violación de un principio fundamental: "lo que se estaría violando ahí es la protección de la voluntad del elector, porque estamos diciéndole a un elector que vote a alguien que ya renunció".
En cuanto al costo de reimprimir las 15 millones de boletas, López Calendino fue tajante: el factor económico es secundario frente al principio de transparencia electoral. El Estado, sostuvo, tiene que garantizar "la protección genuina de la voluntad del elector, es decir, no ponerle una imagen, una figura de un candidato que ya renunció, que no va a competir". Además, zanjó la controversia sobre quién debe pagar la reimpresión al confirmar que es una obligación del Estado: "lo tiene que pagar el Estado porque es lo que decíamos al principio a partir de la sanción de la boleta única papel el encargado específico y exclusivo de la impresión de todas las boletas en todo el país es el Estado Nacional", desestimando la postura de la oposición que pide que el gasto sea cubierto por La Libertad Avanza.
El especialista recordó que, si bien no hay antecedentes con la BUP, en 2019 se registraron casos con la boleta partidaria, como el fallecimiento del candidato "Pechi" Quiroga en Neuquén, donde "la gente votó a un candidato fallecido". También mencionó el caso de Ecuador en 2023, donde el asesinato de un candidato semanas antes de la elección obligó a votar la boleta única ya impresa. Estos antecedentes, y el caso de Guatemala que tuvo que reimprimir en 24 horas por una sanción judicial, ilustran la complejidad de la situación actual.