La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
23 de enero de 2026
Punta Cantera II: primero el alquiler, después las explicaciones
El emprendimiento turístico ya se comercializa en plena temporada, aunque las autorizaciones y los estudios siguen bajo la lupa política.
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Mientras el debate ambiental y político sigue empantanado, el negocio ya está en marcha. En la franja costera de Punta Cantera II, a metros del mar y en una de las zonas más sensibles del sur marplatense, las nuevas construcciones que despertaron polémica comenzaron a ofrecerse al público en plena temporada, aun cuando los interrogantes regulatorios siguen sin despejarse.
El emprendimiento, impulsado por la firma Eve Inversiones y Proyectos S.A., concesionaria del espacio desde 2017 y con contrato vigente hasta 2031, avanzó en los hechos mucho más rápido que en los papeles. Las unidades, presentadas comercialmente como alojamientos premium frente al mar, ya circulan con fuerza en redes sociales y plataformas digitales, con valores que rondan cifras dolarizadas capaces de cubrir en pocos días el canon anual fijado por el Municipio.
Las estructuras se levantan en el sector comprendido entre la avenida de los Trabajadores y la línea costera, en cercanías de Waikiki y Punta Mogotes. Su ubicación, en un nivel más bajo que la traza vial, las vuelve casi imperceptibles para quienes transitan la zona, aunque no por eso menos relevantes en términos urbanísticos y ambientales.
El punto de conflicto no es menor. El proyecto que hoy se ejecuta difiere sustancialmente de la propuesta original que permitió a la empresa quedarse con la concesión. Aquella iniciativa contemplaba un espacio de uso común, mientras que el desarrollo actual se asemeja mucho más a un complejo turístico con formato hotelero, compuesto por módulos habitacionales y habitaciones de alojamiento temporario.
La situación encendió alarmas en el ámbito político. Las dudas llegaron al Concejo Deliberante, donde desde el kicillofismo se impulsó un expediente para exigir explicaciones al gobierno interino. El eje del reclamo apunta a conocer si las obras cuentan con todas las habilitaciones necesarias y si se cumplieron los pasos administrativos exigidos para intervenir en un área con contacto directo con la ribera. El expediente, sin embargo, sigue detenido: aunque las comisiones internas ya fueron conformadas, todavía no comenzaron a sesionar.
En el centro de la discusión aparece la posible intervención —o ausencia de ella— de organismos provinciales clave, en particular la Autoridad del Agua (ADA), cuya autorización resulta indispensable para cualquier obra que pueda alterar el entorno costero. También se analiza si las construcciones respetan la normativa que protege la faja costera y limita la edificación fija en cercanías de la línea de ribera.
Así, mientras el debate político y administrativo permanece en pausa, la explotación comercial ya es una realidad. Las cabañas funcionan, se promocionan en una postal que vuelve a exponer una constante de la gestión local: los hechos consumados avanzan más rápido que los controles.