12 de febrero de 2026
PLAYAS
¿Modelo de exclusión?: la privatización de la costa marplatense bajo la lupa
Un reciente relevamiento de organizaciones socioambientales expone la fragilidad de los controles municipales y la alarmante pérdida de espacio público en General Pueyrredon. Entre contratos incumplidos y una densidad poblacional asfixiante en los sectores libres, el debate sobre la rentabilidad social de las concesiones vuelve al centro de la escena política.
El avance del sector privado sobre la arena de Mar del Plata ha dejado de ser una mera queja estacional para convertirse en un problema de gestión pública. Un reciente análisis —por parte de organizaciones socioambientales locales—de la dinámica costera en los puntos neurálgicos de la ciudad; Playa Grande, Punta Mogotes y el sector sur, revela una desconexión crítica entre los pliegos de bases y condiciones y lo que efectivamente sucede en el territorio. El fenómeno, exacerbado por el régimen de mareas, ha reducido el derecho al esparcimiento gratuito a porcentajes marginales, planteando un escenario donde la administración local enfrenta el reto de auditar contratos que, en la práctica, parecen haber quedado obsoletos o sencillamente desatendidos.
El nudo del conflicto radica en la rigidez de las estructuras de sombra. Los informes técnicos actuales señalan que, en sectores como Playa Grande, la obligación contractual de garantizar un 30% de espacio público se desvanece durante la marea alta, dejando apenas un 16% de superficie disponible. La situación se agrava en Punta Mogotes, donde el sector libre cae al 11%, y alcanza su punto de saturación en el sur del Faro, donde la ocupación privada llega a ser total, anulando incluso la posibilidad de tránsito peatonal por la orilla. Esta "privatización de facto" por vía geográfica pone en jaque la autoridad de aplicación, que debe lidiar con la instalación de mobiliario comercial dentro de los escasos polígonos que deberían permanecer libres.
Desde una perspectiva de urbanismo social, la brecha de densidad poblacional en la costa marplatense describe una ciudad fragmentada. Durante las jornadas de alta temperatura, la concentración de personas en las áreas públicas llega a ser hasta quince veces superior a la de los sectores concesionados. Mientras un usuario del sector privado dispone de un promedio de 37 metros cuadrados, quien opta por la playa pública debe conformarse con poco más de dos metros cuadrados. Esta disparidad no solo afecta la calidad de la experiencia turística, sino que genera una presión desmedida sobre la infraestructura de servicios y limpieza, costeada mayoritariamente por el erario público.
Asimismo, el debate se traslada al terreno de la eficiencia económica. El actual canon que percibe el municipio por la explotación de sus mejores recursos naturales resulta, según los análisis de organizaciones socioambientales, insuficiente. Con una recaudación que representa menos de un dólar anual por habitante, los ingresos por concesiones no alcanzan a cubrir los costos operativos de las áreas de turismo y cultura. Este desbalance financiero, sumado a la pérdida de competitividad frente a destinos internacionales que no gravan el acceso a la sombra, coloca al sistema de "sombra fija" en una posición incómoda. La gestión de la costa ya no se discute solo en términos de veraneo, sino como una pieza clave de la política económica y el ordenamiento del territorio bonaerense.