27 de febrero de 2026
NUEVA HERRAMIENTA
La Provincia creó el Consejo del Trabajo: mucho diálogo, pocas atribuciones
El Ministerio de Trabajo bonaerense formalizó la creación del Consejo Bonaerense del Trabajo, un nuevo ámbito institucional que promete articular al Gobierno con los 135 municipios y el mundo laboral. Según el decreto el organismo no tendrá poder resolutivo ni facultades ejecutivas directas.
El Ministerio de Trabajo bonaerense formalizó, a través del expediente EX-2025-34253616-GDEBA-DSTAMTGP, la creación del Consejo Bonaerense del Trabajo, un nuevo ámbito institucional que promete articular al Gobierno provincial con los 135 municipios, las centrales sindicales y las cámaras empresarias. La medida se apoya en la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley N° 15.477 y el Decreto N° 74/2020 —modificado por los decretos 21/2022 y 1182/2024— para justificar su encuadre jurídico.
En los considerandos, el texto invoca el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 39 de la Carta Magna provincial para sostener que el trabajo es un derecho social que debe garantizar condiciones dignas y equitativas. Bajo esa premisa, la cartera laboral argumenta que le compete diseñar políticas de empleo, producir información y promover instancias de diálogo social tripartito.
El nuevo Consejo funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y tendrá como finalidad “participar” en el diseño de políticas públicas laborales con enfoque territorial y federal. La palabra no es menor: el organismo no tendrá poder resolutivo ni facultades ejecutivas directas, sino capacidad de consulta, recomendación y elaboración de informes.
Entre sus objetivos figuran la promoción de mesas sectoriales, el fortalecimiento del rol municipal en materia de empleo e inspección, la producción de datos a través del Observatorio Provincial de Empleo y Trabajo y la elaboración de recomendaciones para otros organismos del Ejecutivo o incluso para la Legislatura. Sin embargo, el texto no establece plazos concretos, metas mensurables ni indicadores de impacto.
El Consejo será presidido por el ministro de Trabajo y funcionará bajo modalidad de asamblea, con al menos una sesión ordinaria por año calendario. Esa frecuencia mínima —una reunión anual— contrasta con la magnitud de los desafíos que el propio decreto enumera: precarización laboral, brechas de género, transformaciones tecnológicas y desigualdades territoriales.
Otro punto sensible es que la participación será ad honorem. Es decir, sin retribución alguna para los integrantes. Si bien el Gobierno presenta el esquema como un gesto de compromiso institucional, la falta de financiamiento específico y de estructura autónoma refuerza la idea de un espacio más declarativo que operativo.
En un contexto económico atravesado por tensiones entre la Provincia y la Nación, y con el mercado laboral bajo presión, la creación del Consejo aparece también como un movimiento político: consolidar un ámbito de interlocución con sindicatos y sectores productivos en clave provincial, reforzando la centralidad del Ministerio como articulador.
El texto destaca el federalismo y el rol estratégico de los municipios, pero no delimita con precisión cómo se coordinarán competencias ni cómo se evitarán superposiciones con delegaciones regionales ya existentes. Tampoco queda claro qué peso real tendrán las recomendaciones del Consejo frente a decisiones presupuestarias o normativas.
Con dictamen de la Asesoría General de Gobierno, intervención de la Contaduría y vista de la Fiscalía de Estado, la resolución cumple con el circuito formal. La pregunta abierta es si el Consejo Bonaerense del Trabajo se convertirá en una herramienta efectiva para incidir en la realidad laboral o si quedará como otro órgano consultivo más en el entramado institucional de la provincia.