25 de abril de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
Entre internas políticas, denuncias cruzadas, ajustes que no cierran, servicios que no funcionan y funcionarios que “se reacomodan”, la ciudad ofrece un clásico remix local: todos acusan, nadie resuelve y, mientras tanto, el costo, económico, sanitario y social, lo siguen pagando los mismos de siempre.
Afiliados de IOMA denuncian infiltración policial y apuntan a La Cámpora tras las acusaciones de Homero Giles
Un grupo de afiliados autoconvocados respondió mediante una carta abierta a las acusaciones del presidente del organismo, Homero Giles, negando financiamiento político y detallando graves fallas en la atención sanitaria. El documento expone desde la infiltración policial en grupos de pacientes hasta el desvío de recursos en un contexto de falta de insumos básicos y cortes de servicios.
El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y sus afiliados en Mar del Plata ha escalado a una nueva instancia de confrontación pública tras la difusión de una carta abierta firmada por los beneficiarios autoconvocados de la ciudad. El texto surge como una respuesta directa a las recientes declaraciones de Homero Giles, presidente del organismo, quien había sugerido que las protestas locales respondían a intereses políticos y contaban con financiamiento externo.
En su réplica, los afiliados no solo negaron estas acusaciones, calificándolas de "agravios ofensivos", sino que presentaron una serie de denuncias que exponen una crisis estructural y operativa en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires.
La organización, compuesta mayoritariamente por docentes jubilados, personas con discapacidad y familiares de pacientes, defendió su autonomía financiera mediante la exposición de sus propios gastos, los cuales aseguran cubrir con aportes mínimos y voluntarios para sostener sus acciones de visibilización.
Sin embargo, el punto más crítico del descargo radica en la denuncia de una presunta persecución estatal: los afiliados aseguran que un agente de la Policía Bonaerense, vinculado a la seguridad de la delegación local, se infiltró bajo una identidad falsa en su grupo de WhatsApp durante más de un año.
Según el documento, este efectivo habría accedido a conversaciones sensibles sobre historias de vida, pedidos desesperados de medicación y relatos de angustia de personas con enfermedades crónicas, lo que constituye para ellos una violación a la intimidad y un mecanismo de amedrentamiento.
En términos de prestación médica, el conflicto en Mar del Plata se ha agudizado tras el corte de convenios con las tres clínicas privadas de mayor relevancia en la ciudad, una situación que dejó a miles de usuarios sin opciones de internación o cirugía. Los firmantes también señalaron una inacción deliberada por parte de la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, alegando que la entidad prioriza vínculos políticos partidarios por sobre la representación de los derechos de los afiliados. Denuncian, además, que mientras se recortan prestaciones esenciales —como la entrega de pañales, reducida a un máximo de cuatro unidades diarias, o la provisión de medicación oncológica y tratamientos de radioterapia—, el IOMA ha destinado fondos a actividades que consideran ajenas a la salud, tales como talleres de yoga, clases de folclore, bingos y la contratación de "agentes sanitarios" sin formación técnica, vinculados a la militancia juvenil.
Por último, la carta pone el foco en el modelo de gestión que promueve la actual administración provincial, mencionando la proliferación de policonsultorios que funcionan como intermediarios bajo sospecha de irregularidades, mientras se desfinancia a las instituciones médicas tradicionales. El escenario planteado por los afiliados autoconvocados no se limita a una queja por falta de servicios, sino que se traduce en una ofensiva judicial de envergadura. El documento confirma el impulso de una causa penal contra el gobernador Axel Kicillof y el propio Homero Giles por delitos que incluyen administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, dejando en manos de la justicia la determinación de responsabilidades sobre lo que definen como una vulneración sistemática del derecho a la vida.
El pedido de aumento de colectivos quedó en comisión y solicitaron un estudio de costos<
Movilidad Urbana dejó en "stand by" el pedido de Cametap y requirieron informes a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, a la Subsecretaría de Transporte y a los empresarios.
Movilidad Urbana trató este lunes el pedido de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros para subir el boleto de colectivo de $1.550 a $2.569,28. La nota particular quedó en comisión con pedidos de informes a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, a la Subsecretaría de Transporte y a la propia Cametap.
Durante el debate, el presidente de la comisión, Guido García, de la Coalición Cívica, señaló que la intención es “pedir informes al Ejecutivo para que realice un estudio de costos y poder compararlo con el presentado por la cámara empresarial”.
Los empresarios acercaron un informe propio con detalle de distintos costos que afrontan tanto en términos de mantenimiento de unidades como personal y demás obligaciones. En función de esos números consideraron que el boleto plano debería pasar de los 1.550 pesos a 2.569,28 pesos, un 65,7% de aumento.
En su pedido, Cametap planteó el “desequilibrio en la ecuación económico-financiera” que atraviesan las empresas “producto del retraso tarifario aún vigente ante la evolución de las principales variables que afectan al costo, así como también la actualización asincrónica en torno a los subsidios”.
En relación a los subsidios, según la Cametap, “hoy se percibe únicamente el provincial”. Y recordó que grupos de usuarios como jubilados, pensionados, empleadas de casas particulares y beneficiarios de planes sociales están alcanzados por el “Atributo Social”, que consta de un descuento en el valor de su pasaje del 55%. Este descuento posteriormente es compensado a las empresas directamente por el Estado nacional, pero con una demora de 90 días en promedio, lo que genera “un serio problema financiero”.
“Cada vez son más los pasajeros que utilizan este beneficio: hoy en día representan el 50% de los pasajeros totales que abonan boleto”, marcó la Cametap. “Al día de la fecha el Estado Nacional está adeudando esos montos desde el 1 de enero en adelante”, agregaron.
Durante el tratamiento de la nota, desde Unión por la Patria, el concejal Pablo Obeid sostuvo que “es necesario estudiar los números en profundidad porque el pedido de aumento del 65% no se corresponde, según planteó, con la inflación ni con las subas que mencionan las empresas”. Y agregó: “Hay datos que son muy interesantes que sirven para discutir el pliego. Queremos discutir el costo con el servicio. Hay que atender el costo de las empresas, pero también el costo de los vecinos que son los que pagan y no llegan a fin de mes”.
Por eso, la comisión aprobó pedir otro informe a la Cametap para que haga un desglose del último año con la cantidad de personas transportadas, los usuarios que pagan la tarifa plana y quienes la abonan con descuento, así como aquellos que viajan en forma gratuita. Todo ello discriminado por mes y por línea de colectivo. Obeid planteó que sería útil contar con esa información “línea por línea para identificar las necesidades de cada zona”.
Obeid también anticipó que “si la intención de la comisión es volver a delegar en el Ejecutivo la facultad de definir la tarifa, Unión por la Patria no acompañará”. “El Concejo tiene que discutir el precio del boleto, la calidad del transporte y el pliego”, advirtió.
La concejal de la Unión Cívica Radical-Nuevos Aires, Vilma Baragiola, acompañó ese planteo y consideró que ese tipo de información permitiría ampliar el debate para que la discusión “no quede reducida solamente a una cuestión matemática”.
Hasta diciembre del año pasado, la potestad del aumento del boleto de colectivo se había delegado en el intendente. Fue Guillermo Montenegro quien firmó las últimas correcciones de tarifa del sector. Ahora vuelve a ser responsabilidad del Concejo Deliberante. Por eso ahora se reclama al Ejecutivo que desde sus áreas específicas ordene un relevamiento de costos y en función de ese informe sea el deliberativo el que considere cuál es el valor que se ajusta a la realidad del servicio y las necesidades de sus prestadores.
De esta manera, se solicitaron los dos informes y el tratamiento continuará en la comisión cuando lleguen las respuestas.
Colegios profesionales llevan al Concejo sus críticas por el "deficiente funcionamiento" de la Dirección de Obras Privadas
Arquitectos y técnicos expondrán ante la comisión de Obras y Planeamiento los obstáculos que enfrentan los inversores para desarrollar proyectos en la ciudad. La sesión también promete un nuevo cruce entre oficialismo y oposición por los microbasurales.
El 21 de abril se juntará la comisión de Obras y Planeamiento, presidida por el concejal del Pro, Fernando Muro, va a tener varios temas en comisión. Junto a ellos, va a tener al autor de la nota particular proveniente del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires para defender su nota que trata sobre el deficiente funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas.
El Colegio Técnico y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires ya habían estado presentes el año pasado en el Concejo Deliberante por una situación muy similar, mañana ellos se presentaran para volver a recriminar el mal funcionamiento de Dirección de Obras Privadas. Ya que ellos, en su comunicado para participar de esta sesión en el concejo han dejado un mensaje duro a la Dirección. El pedido de uso de la palabra dice los siguiente:
“El motivo de esta solicitud es exponer los fundamentos de la
nota presentada oportunamente ante el Sr. Intendente Municipal y el titular de la
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano. Dicha presentación se fundamenta en el deficiente funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas, situación que afecta el normal desarrollo de nuestra actividad y requiere de una urgente intervención y
análisis por parte de este cuerpo deliberativo.”
Firmada por el presidente del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Diego Sebastían Haag y el presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, Diego Domingorena.
Según los dichos de Domingorena, la Dirección de Obras Privadas trabaja como si estuviera situada en el siglo pasado y no permite a los inversores que quieren ampliar el mapa de la ciudad que trabajen con facilidad. Hay muchas trabas y tiempos de espera muy largos.
Por lo que esta medida de acercarse al Concejo Deliberante para exponer esta problemática, una vez más, va a plantear momentos de tensión tanto entre los distintos bloques que prefieren apoyar a algunas inversiones de opaco control mientras que la gran mayoría de inversores deben de lidiar con, según palabras de Domingorena, un sistema del siglo pasado.
Además de este tema a tratar, hay varios expedientes sobre los microbasurales a cielo abierto por parte de los bloques de la oposición. Por lo que no hay nada nuevo en este tema a excepción de que se muestra la constante riña entre el oficialismo que dice a través de las redes sociales que limpia los microbasurales de la ciudad mientras que varios concejales de la oposición denuncian por sus redes y a través del concejo que se tomen las medidas necesarias para limpiarlos. Por lo que va a ser una rosca interminable entre el oficialismo y la oposición por este tema.
ARCA: desplazan a los jefes que investigaban el fraude de Camioneros en Mar del Plata
La cúpula nacional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dispuso el apartamiento de dos altos funcionarios de la Dirección Regional Mar del Plata que lideraban la fiscalización sobre el Hotel 15 de Diciembre. La medida se suma a otros corrimientos previos en el marco de una causa judicial que investiga un presunto desvío de 13.000 millones de pesos mediante la utilización de facturas apócrifas y proveedores inexistentes vinculados al Sindicato de Camioneros.
A través de la Disposición 137/2026, el organismo recaudador oficializó el desplazamiento de Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González, quienes se desempeñaban como jefes de las divisiones 1 y 3 de Fiscalización en la sede marplatense de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según el documento administrativo, la decisión responde a “necesidades de servicio”, aunque ambos funcionarios fueron reasignados a tareas de menor jerarquía operativa. Estos movimientos técnicos ocurren en un momento crítico de la investigación sobre el Hotel 15 de Diciembre, donde se detectó una red de proveedores sin capacidad operativa que habrían servido para justificar la salida de fondos millonarios de las arcas sindicales.
La reestructuración de la regional local no es un hecho aislado. Con la salida de Capdeville y González, ya son cuatro los funcionarios que han dejado sus cargos de conducción en los últimos seis meses vinculados a la misma pesquisa. El primer desplazamiento fue el de José Visca, jefe de la División Jurídica, en octubre pasado, lo que motivó que el entonces titular de ARCA en Mar del Plata, Luis Eduardo Tymkiw, solicitara su propio relevo. Actualmente, la dependencia está bajo la órbita de Pablo Catracchia, mientras que las órdenes de desplazamiento fueron rubricadas por la Dirección de Recursos Humanos tras la intervención de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior.
En el plano judicial, la causa tramita en la Fiscalía N° 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos David Bruna, bajo la supervisión de la jueza Lucrecia María Bustos. La investigación por fraude, que asciende a los 13.000 millones de pesos, ya ha provocado movimientos internos en el propio gremio: Hugo Moyano desplazó a Claudio Omar Balazic (Secretario Administrativo) y a Paulo Héctor Villegas (Tesorero), quienes se encuentran imputados en el expediente. Los peritajes contables buscan determinar si la maniobra con cheques en blanco y facturación “trucha” se limitó a la gestión local o si tuvo su origen en la administración central de la ciudad de Buenos Aires.
A este escenario se sumaron registros contables recientes que complican la situación patrimonial de la entidad. En paralelo a los desplazamientos en ARCA, la justicia analiza transferencias por un total de 900 millones de pesos realizadas en un período de doce días desde cuentas del sindicato y su obra social (Oschoca) hacia tres fideicomisos vinculados a Liliana Zulet. Mientras el avance de la pericia contable podría derivar el caso hacia el fuero federal, la desarticulación de los equipos técnicos locales que iniciaron el seguimiento de las facturas apócrifas plantea un nuevo interrogante sobre la continuidad de las tareas de control impositivo en la región.
El "efecto Gebel" sacude el tablero marplatense: los nombres que asoman para la intendencia en 2027
Mientras el pastor evangélico expande su estructura política a nivel nacional, en General Pueyrredon ya sonarían con fuerza las figuras del empresario Luis Terry Artusa y el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani como piezas clave para disputar el sillón municipal.
El horizonte electoral de 2027, aunque todavía distante en el calendario, comenzaría a proyectar sombras y movimientos tácticos en el escenario político de Mar del Plata. En las últimas semanas, los trascendidos sobre el armado territorial que lidera el pastor evangélico Dante Gebel habrían cobrado impulso, posicionando a General Pueyrredon como uno de los epicentros de su expansión bonaerense. En este contexto de reconfiguración de fuerzas, dos nombres con perfiles marcadamente distintos pero de gran peso institucional serían los elegidos para encabezar una propuesta que buscaría romper con las estructuras tradicionales de la ciudad.
La primera de estas figuras provendría directamente del riñón productivo local. Se trataría de Luis Terry Artusa, actual presidente del Parque Industrial General Savio, quien se habría convertido en el eje de las miradas del denominado "círculo rojo" marplatense. La candidatura de Terry Artusa sería vista como una opción "potable y posible" para los sectores allegados. Además, según trascendidos, se comentaría que el dirigente industrial sería "una persona con códigos" que cumpliría con el perfil técnico y ejecutivo necesario para gestionar el municipio, y que, fundamentalmente, ya manifestaría intenciones reales de lanzarse a la carrera por la intendencia.
Por otro lado, la pata judicial de este armado no se quedaría atrás en términos de impacto público. El segundo nombre que circularía con insistencia sería el de Juan Manuel Pettigiani, actual Fiscal General Federal de Mar del Plata. La posible incursión de Pettigiani en la arena electoral aportaría un perfil de orden y justicia, diferente a la visión productivista de Terry Artusa. La figura del fiscal federal, reconocida por su intervención en causas de alto perfil, aportaría una cuota de autoridad que el espacio de Gebel buscaría capitalizar para atraer a un electorado desencantado con la dirigencia política convencional.
De concretarse estos movimientos, el tablero de General Pueyrredon se vería frente a una oferta electoral comandada por la gestión privada y/o el rigor judicial bajo el paraguas de una estructura religiosa y social en pleno crecimiento. Aunque por el momento todo se mantendría en el terreno de las posibilidades y las conversaciones de café, la política local continuaría con su incesante movimiento de piezas, demostrando que la carrera hacia 2027 ya habría comenzado, al menos, en las intenciones de quienes aspiran a conducir los destinos de la ciudad.
Mar del Plata se suma a la cuarta Marcha Federal Universitaria que se realizará el 12 de mayo
La convocatoria nacional se replicará en la ciudad en un escenario crítico para docentes y estudiantes. Se exige la ejecución inmediata de la ley que garantiza salarios ajustados por inflación.
El próximo martes 12 de mayo, Mar del Plata se sumará a la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria, que se replicará en distintos puntos del país. La convocatoria fue confirmada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y por la comunidad educativa local, incluyendo a docentes, estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
“En Mar del Plata también vamos a marchar el 12 de mayo. Por las universidades públicas, por la ciencia y la tecnología soberanas”, afirmó Abigail Araujo, secretaria general de ADUM, quien destacó que la movilización responde a 182 días de incumplimiento por parte del gobierno de Javier Milei de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, aprobada por el Congreso y respaldada por fallos judiciales, aún no se implementa y afecta directamente los salarios docentes y las becas estudiantiles.
Araujo advirtió sobre el impacto de la inacción oficial en la ciudad: “Salarios muy deprimidos que empujan a docentes a abandonar la actividad y becas congeladas en 35 mil pesos desde hace dos años. Está en riesgo el derecho a la educación”. La dirigente destacó además que el plan de lucha continuará con asambleas interfacultades y un paro nacional convocado por las federaciones docentes.
La movilización de mayo buscará visibilizar el incumplimiento de la ley y reforzar el respaldo social a la universidad pública, en un escenario que la comunidad educativa define como crítico. Según Araujo, la unidad de todos los sectores es clave: “Cuando convocamos todos juntos, se nota que lo que estamos diciendo es serio”.
Prestadores de Servicios, PAMI y SIVARA realizaron protestas frente el Municipio
A casi una semana del operativo en la feria de La Bristol, vendedores ambulantes, jubilados de PAMI, médicos y prestadores de servicios se movilizaron este miércoles 22 de abril en el centro marplatense. Hubo cortes de calle y asistencia médica en plena marcha.
Tras varias demoras, silencio y “coincidencia” con varios otros gremios, el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), los prestadores de servicios, los médicos de cabecera y jubilados de PAMI realizaron una protesta multitudinaria el miércoles 22 de abril frente al palacio municipal. Con bombos, intervenciones médicas, choripaneadas y música.
Después de casi una semana de haber sido destruida toda la saladita de la Bristol, el jueves 16 de abril, el SIVARA se unió a las demás protestas para hacer más multitudinario su reclamo. Resulta extraña la tardanza de esta marcha, ya que si los representantes del sindicato salieron a decir que esto afectaba a muchísimas familias, el hecho de que se haya realizado con tanta tardanza pone bajo la lupa en cuanto a las cantidades de protestantes que ellos habían pronosticado que iban a asistir. De acuerdo al comunicado del SIVARA, no se realizó el lunes debido a las condiciones climáticas.
Cuando llegaron a la municipalidad, varios autos que transportan a personas con discapacidad cortaron las calles que permiten el ingreso y el egreso de vehículos del municipio, por lo que se juntó toda la protesta en la puerta del palacio. Por lo que el ruido de los bombos se hizo escuchar durante comisión de salud que se llevo a cabo.
Al mediodía, se instaló un puesto de choripanes al frente de la puerta del municipio, con musicalización de fondo y jingles taladrantes de “Pocho la pantera” demandando la compra de un choripan. Y como no puede faltar en una protesta de semejantes características, ha sonado varias veces la marcha peronista.
Un episodio que se ha dado en el momento más acalorado y revoltoso de la protesta fue que, cuando se habían cortado las calles de Hipolito Yrigoyen y la Avenida Luro, uno de los jubilados que acudió al reclamo por PAMI se descompensó y necesitó de asistencia médica. Por suerte, el Dr. Alberto Guillermo Baltar se encontraba presente en protesta hacia la prestadora y acudió a atenderlo a la inmediatez. Lo acompañó hasta la llegada de la ambulancia del SAME por la cual fue trasladado al Hospital Interzonal para ser atendido.
Después de lo sucedido, el SIVARA se empezó a instalar tanto en la calle como en la plaza San Martín, frente a la municipalidad, para continuar con su reclamo. Instalando parrillas para tirar chorizos mariposa y un puesto de churros para acompañar los mates en una tarde nublada en la ciudad. Perfecta para reclamar frente al municipio.
La cantidad de personas que han quedado por parte del SIVARA fue notable y parece que no pararon hasta llegada las 16 horas. Frente a este reclamo, solo queda esperar a qué resuelve el Intendente Interino, Agustín Neme, sobre el curso de acción a tomar. El diálogo con ellos, o hacer oídos sordos ante la situación de familias que desconocen de podrán aportar a sus casas.
En cuanto a los médicos, jubilados y prestadores de servicio, han esperado a que terminen de hablar los médicos en la comisión de salud para abandonar el municipio y esperar a que el gobierno municipal se ponga a trabajar y realizar lo que se han propuesto.
¿Con el Colo y sin el Gordo?: lupa preparada para el encuentro libertario en Suipacha
El partido llevará a cabo una jornada de capacitación política, en el marco del lanzamiento de la Escuela de Formación 2026. Además de Pareja, estaría presente Diego Santilli y Santiago Caputo, no así los tuiteros de las Fuerzas del Cielo.
En medio de tensiones internas, La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires afina detalles para la presentación de su programa 2026 de formación política y educativa, con la presencia de dirigentes nacionales y provinciales de los 135 distritos.
El encuentro, que tendrá lugar este sábado 25 de abril en Suipacha, incluirá una jornada de capacitación, que operará como lanzamiento del programa para este año de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP).
La apertura estará a cargo del presidente del partido en la Provincia, Sebastián Pareja, acompañado por la diputada nacional y directora general de la organización, Miriam Niveyro, y el senador provincial Luciano Olivera.
Como es lógico, las miradas estarán puesta en las presencias y ausencia en el cónclave, habida cuenta de las tensiones que se registran entre el sector que responde a Karina Milei y Pareja y Las Fuerzas del Cielo, que responden al asesor presidencial Santiago Caputo.
A pesar de esta confrontación, que se hizo de manera abierta luego de que avanzase una denuncia del armador provincial contra tuiteros caputistas que publicaron en redes datos privados del legislador nacional), existe la creencia de que ambos estarán presentes el sábado en el distrito de la Primera Sección que conduce el camporista Juan Luis Mancini.
La juntada también contará con la presencia -en eso confían desde la Casa Rosada- del ministro del Interior, Diego Santilli, quien viene manteniendo un perfil bajo, casi de prescindencia en la álgida interna libertaria.
Sin embargo, aseguran que la presencia de Caputo no significa un perdón a su tropa de tuiteros, sino una aceptación de la tregua que propone la "El jefe" para pausar la guerra intestina. “No van a estar, ni el Gordo Dan ni otros que fogonearon la interna y quisieron dañar a Karina”, aseguró un referente libertario a La Tecla.info.
Otro que no estará presente es Cristian Ritondo, distanciado del oficialismo y que encabeza un reacomodamiento del PRO bonaerense a caballo de la reaparición pública del ex presidente Mauricio Macri.
Como informó La Tecla.info, la disputa bonaerense repercutió en el bloque de Diputados provinciales de LLA. En los próximos días se hará oficial la salida del presidente de la bancada, el caputista Agustín Romo, quien será reemplazado por el ultra parejista Juanes Osaba, en un enroque con el hasta hoy vicepresidente de la Cámara Baja.
En cuanto a la jornada del sábado, desde la organización señalaron que se desarrollarán capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, junto con la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal.
“La iniciativa apunta a formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa real frente al modelo actual, con eje en la batalla cultural, la eficiencia del Estado y la representación del ciudadano y contribuyente en cada distrito”, señalaron.
Mar del Plata expone en el Congreso la "falsa ejecución" del presupuesto en Salud Mental
La concejal Gabriela Azcoitía se reunió con Karina Banfi para trasladar el diagnóstico de General Pueyrredon a la discusión de la nueva Ley nacional. El foco: la brecha entre el 10% de presupuesto que exige la norma y el 2% que se ejecuta en la realidad.
El debate por la reforma de la Ley de Salud Mental en Argentina no solo se libra en los despachos de la Capital Federal; también empieza a traccionar desde el interior bonaerense. En un movimiento que busca dar visibilidad a la crisis operativa de los municipios, la concejal marplatense Gabriela Azcoitía, del bloque UCR+Nuevos Aires, elevó a la Cámara de Diputados de la Nación un informe técnico sobre la situación de General Pueyrredon, el "primer mostrador" que hoy se encuentra desbordado por la demanda social.
La reunión con la diputada nacional Karina Banfi —pieza clave en el armado radical en el Congreso— no fue solo protocolar. Funcionó como el cierre de una etapa de relevamiento territorial que Azcoitía inició en enero con instituciones y profesionales del sector en Mar del Plata. El objetivo político es claro: evitar que la nueva legislación sea un texto de "laboratorio" y que, en cambio, contemple las asimetrías de financiamiento que sufren las comunas.
El eje central de la discusión que Azcoitía llevó a Banfi es la desinversión crónica. Actualmente, la Ley de Salud Mental estipula que el 10% del presupuesto total de Salud debe destinarse al área. Sin embargo, los números que manejan las legisladoras exponen una realidad cruda: la ejecución real apenas roza el 2%. Esta brecha del 80% entre lo que dice la ley y lo que llega a los centros de atención es lo que, según Azcoitía, asfixia al sistema local. "Todo lo escuchado en las reuniones con profesionales lo llevé al Congreso para que la futura ley no ignore la problemática territorial", señaló la edil, subrayando que la demanda ya no se limita a las adicciones, sino que abarca un espectro de patologías cada vez más complejo en la pospandemia.
La movida de la UCR+Nuevos Aires busca posicionar a Mar del Plata en la mesa donde se definirán las "herramientas operativas" de la ley. Para los municipios, el reclamo no es solo conceptual, sino de recursos. Sin un flujo de fondos garantizado y directo para la atención primaria, cualquier reforma legislativa corre el riesgo de convertirse en otra declaración de principios sin impacto en la calle.
Desde el entorno de la concejal confirmaron que este encuentro con Banfi es el primero de una serie de gestiones en Buenos Aires. La intención es que el diagnóstico de General Pueyrredon sirva como testigo de lo que ocurre en los grandes centros urbanos del interior, donde la estructura estatal hoy no alcanza a cubrir la creciente demanda de salud mental.
Con el debate parlamentario en marcha, el radicalismo marplatense apuesta a que la "mirada territorial" sea la llave para destrabar una ley que, por ahora, parece chocar contra la pared del ajuste presupuestario nacional.
"No es burocracia, es corrupción": la rebelión de los afiliados contra la cúpula de IOMA
Tras el paso de Homero Giles por Mar del Plata, la tensión con los afiliados autoconvocados alcanzó un punto de no retorno. Lejos de la retórica oficial que habla de "trámites demorados", los beneficiarios denuncian una estructura de abandono que trasciende lo burocrático para instalarse en el terreno de la corrupción y la responsabilidad penal del gobierno bonaerense.
El conflicto que mantiene en vilo a los afiliados de IOMA en Mar del Plata ha dejado de ser una simple puja por prestaciones médicas para transformarse en una descarnada batalla por el sentido de la gestión pública. Tras la reciente y accidentada visita del presidente del organismo, Homero Giles, a la ciudad, la respuesta de los beneficiarios no se limitó a una réplica administrativa, sino que escaló hacia una impugnación moral y política de todo el sistema sanitario provincial. Para quienes hoy exigen respuestas en las calles, lo que sucede en la obra social no es el resultado de una crisis económica o de la impericia de un empleado de mostrador; es, por el contrario, un mecanismo de gestión que ha naturalizado el sufrimiento como herramienta de ahorro fiscal.
El posicionamiento de los autoconvocados marplatenses es tajante: IOMA no está fallando por error, sino que está decidiendo por diseño. Esta distinción no es menor en términos políticos. Al sostener que el sistema funciona exactamente como fue pensado, los afiliados desplazan el eje del debate desde la "ineficiencia" hacia la "intencionalidad". Denuncian que la demora de un año para una videoendoscopía o la interrupción de un tratamiento oncológico no son baches en la cadena de suministros, sino sentencias dictadas desde los despachos de La Plata. En este esquema, la prevención desaparece y el diagnóstico temprano se convierte en una quimera burocrática que llega, la mayoría de las veces, cuando el daño ya es irreversible.
La irritación social en Mar del Plata se ha visto alimentada por lo que los afiliados perciben como una burla a sus necesidades básicas. Mientras las clínicas locales cierran convenios y los insumos más elementales escasean, la gestión de Giles es señalada por priorizar una agenda de "bienestar militante" —talleres, actividades recreativas y la contratación de figuras sin formación técnica— por sobre la urgencia médica. Esta asimetría en el gasto no solo profundiza el malestar, sino que fundamenta la acusación de malversación de caudales públicos que ya camina por los tribunales. Para los denunciantes, no hay mayor prueba de corrupción que ver cómo los fondos que deberían garantizar una cirugía se diluyen en estructuras de adoctrinamiento o en la proliferación de policonsultorios de dudosa transparencia.
El escenario actual posiciona a Mar del Plata como el epicentro de una resistencia que ya no espera nada de la Defensoría del Pueblo bonaerense ni de los organismos de control tradicionales, a los que consideran cooptados por la lealtad partidaria. La decisión de llevar el conflicto al plano penal, apuntando directamente contra el gobernador Axel Kicillof y Homero Giles bajo figuras como la asociación ilícita, marca un quiebre definitivo. Los afiliados han dejado de verse como pacientes en espera para reconocerse como víctimas de un sistema que, bajo el rótulo de la burocracia, oculta una profunda desatención que, en sus casos más extremos, termina costando vidas. La política sanitaria de la provincia se enfrenta así a su crisis más severa: la de haber perdido la confianza de quienes, mes a mes, sostienen el sistema con sus aportes.
Ola de suspensiones: por inasistencias reiteradas e injustificadas sancionaron a cinco agentes municipales
A través de cinco decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo local dispuso sanciones de quince días para empleados de las áreas de Desarrollo Social y Seguridad tras constatar reincidencias en faltas injustificadas durante el último año.
En una jornada marcada por la actualización administrativa del Boletín Oficial, la Municipalidad de General Pueyrredon formalizó una serie de medidas disciplinarias que alcanzan a diversos sectores de la planta comunal. Bajo la firma de Agustín Neme, quien está a cargo del Ejecutivo local, los decretos 808/26, 809/26, 819/26, 820/26 y 821/26 detallan la aplicación de sanciones de quince días de suspensión a cinco agentes que, según los considerandos de las normas, incurrieron en inasistencias sin aviso ni justificación legal, configurando en todos los casos una situación de reincidencia bajo el marco de la Ley Provincial 14.656.
La problemática, que atraviesa de manera transversal a las Secretarías de Desarrollo Social y de Seguridad, revela un patrón de conducta administrativa similar en los expedientes analizados. Los agentes afectados ya contaban con antecedentes cercanos por faltas injustificadas; en la mayoría de los casos, el Departamento de Control de Recursos Humanos había dispuesto previamente suspensiones de cinco días por inasistencias ocurridas entre finales de 2024 y principios de 2025. Al constatarse nuevas ausencias durante el segundo semestre del año pasado, el Ejecutivo procedió a encuadrar los hechos bajo el artículo 108, inciso b, de la mencionada ley, que prevé sanciones de mayor rigor ante la reiteración de las faltas.
Dentro del área de Desarrollo Social, específicamente en la División Residencia Eva Perón, las medidas alcanzaron a Norberto Ariel Ferrer, auxiliar de enfermería, y a Rubén Alberto Quinteros, personal de servicio. Ambos agentes acumularon nuevas faltas entre julio y noviembre de 2025, tras haber agotado las instancias previas de sanción menor. Por su parte, en la Secretaría de Seguridad, los decretos recayeron sobre la inspectora de tránsito Fabiana Marcela D’Arco, el obrero Juan Franco Dadan y la técnica Tania Luna. En estos legajos se destaca que, a pesar de las notificaciones electrónicas y los plazos de cinco días hábiles otorgados para presentar descargos, la mayoría de los agentes no ejerció su derecho a defensa, dándose por desistido el trámite.
Un caso particular se registra en la sanción de la agente D’Arco, quien, a diferencia de sus pares, manifestó expresamente su voluntad de allanarse al cumplimiento efectivo de la sanción y desistió de recurrir el acto administrativo, fijándose el inicio de su suspensión para el pasado 25 de marzo. En contraste, el resto de los decretos refrendados por los secretarios Guillermo Schütrumpf y Rodrigo Goncalvez cierran un proceso administrativo iniciado en febrero y marzo de 2026, cuando se notificaron las cédulas que finalmente derivaron en la ratificación de estas suspensiones por parte de la Intendencia.