Sin respuestas del Ejecutivo y con la Legislatura paralizada, los pedidos de informes pierden eficacia y exponen fallas estructurales en el control y la transparencia bonaerense.

En la provincia de Buenos Aires, las solicitudes de informes siguen siendo una de las herramientas centrales con las que cuentan los diputados y senadores para acceder a información pública. Se trata, en términos formales, de un mecanismo sencillo, ágil y pensado para garantizar transparencia. Sin embargo, en la práctica, su efectividad queda condicionada por un factor clave: la falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo. El procedimiento, de hecho, fue simplificado recientemente.

A partir de junio de 2024, con la disposición DPPJ 46/24, todas las solicitudes deben tramitarse de manera digital y remota a través de formularios web oficiales, y las respuestas (cuando llegan) se envían en formato PDF con firma digital al correo electrónico del solicitante. Este nuevo esquema apunta a modernizar y acelerar los tiempos administrativos. Pero esa lógica choca con un problema estructural que se materializa en la práctica, si del otro lado no hay contestación, la herramienta pierde sentido. Incluso en los casos en que los pedidos logran atravesar el circuito legislativo (tratamiento en comisión y aprobación en el recinto), la respuesta no está garantizada. Este cuello de botella erosiona la capacidad de control parlamentario y alimenta las críticas de la oposición, que advierte sobre una creciente opacidad en áreas sensibles de la gestión.

Un proyecto del PRO busca ampliar el acceso a la información pública al declarar los datos estatales como públicos por regla, actualizando la Ley 12.475.

En ese contexto, la administración de Axel Kicillof enfrenta cuestionamientos que abarcan múltiples frentes. Entre los principales ejes de preocupación aparecen el funcionamiento de IOMA, la prestación de servicios básicos, el estado del sistema educativo, la situación sanitaria y el avance de la inseguridad, especialmente en el Conurbano bonaerense. Son precisamente estos temas los que concentran buena parte de las solicitudes de informes impulsadas por la oposición, en un intento por obtener datos concretos sobre políticas públicas y ejecución de recursos.

Por ejemplo, el último pedido de informes de La Libertad Avanza en el Senado tiene como objetivo citar a las autoridades de IOMA ante la Comisión de Salud y exigir precisiones sobre el monto total de la deuda, su antigüedad, los convenios vigentes, los cortes de atención registrados y el plan oficial para regularizar pagos pendientes. “¿Dónde está la plata, cómo se administra y cuándo van a normalizar una obra social clave para los bonaerenses?”, fueron las interrogantes disparadas por Carlos Curestis, presidente de la bancada libertaria.

Sin obligación legal, ministros eluden rendir cuentas ante la Legislatura.

Pero a las dificultades propias del vínculo entre el Ejecutivo y la Legislatura se suma un problema adicional, el virtual congelamiento de la actividad parlamentaria. A pocos días de cerrar el cuarto mes de 2026, tanto la Cámara de Diputados como el Senado bonaerense arrastran un retraso significativo en su funcionamiento. La falta de sesiones ordinarias y, sobre todo, la demora en la conformación de las comisiones de trabajo, configuran un escenario de parálisis que impacta de lleno en la tramitación de iniciativas. Las internas políticas aparecen como uno de los factores determinantes de esta situación. Las disputas por el control de comisiones clave, consideradas estratégicas dentro del esquema legislativo, han postergado acuerdos básicos para poner en marcha el año parlamentario.

Dentro del oficialismo, nucleado en Fuerza Patria, estas tensiones se vuelven particularmente visibles. La primera consecuencia concreta de este parate legislativo es la falta de designación de autoridades en las comisiones: presidentes y vicepresidentes. Sin esa estructura, los proyectos no pueden ser tratados, dictaminados ni elevados al recinto. En otras palabras, el engranaje legislativo queda completamente detenido. Esta situación también complica los objetivos de gestión interna. El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, había manifestado su intención de sostener al menos una sesión mensual. Sin embargo, el retraso en la organización de las comisiones conspira directamente contra esa iniciativa.

En este escenario, las solicitudes de informes quedan atrapadas en una doble traba: por un lado, la dificultad para ser tratadas en un sistema legislativo paralizado; por otro, la falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo aún cuando logran ser aprobadas. La combinación de ambos factores debilita uno de los principales mecanismos de control institucional y profundiza las tensiones políticas en la Provincia.

Así, entre expedientes que se acumulan, comisiones que no terminan de conformarse y respuestas que no llegan, el acceso a la información pública se convierte en un terreno cada vez más difuso. Un terreno donde la formalidad del procedimiento contrasta con las limitaciones reales para ejercer el control y garantizar transparencia en la gestión bonaerense.

Apiladas en la mesa de entrada, las solicitudes no encuentran cauce

Las solicitudes de informes en el Senado bonaerense se acumulan sin tratamiento en un escenario atravesado por la falta de sesiones ordinarias y el peso de la mayoría oficialista. Así lo describió el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, quien advirtió que desde diciembre los proyectos presentados por la oposición ni siquiera lograron tomar estado parlamentario. Según explicó, la parálisis legislativa es uno de los grandes impedimentos para obtener respuestas.

Marcelo “Chuby” Leguizamón.

En ese contexto, “los pedidos quedan acumulados en las mesas de entrada” sin avanzar, lo que limita su discusión y eventual aprobación. Leguizamón remarcó además que, aun cuando se reanude la actividad, la mayoría del oficialismo condiciona el tratamiento de las iniciativas. “Es difícil que los pongan en comisión”, sostuvo, en referencia a los pedidos impulsados desde la oposición. Entre los principales ejes de sus solicitudes aparecen organismos y servicios clave como IOMA, ABSA y Edelap, áreas sensibles por su impacto en la vida cotidiana de los bonaerenses. A eso se suma un reciente pedido vinculado a las amenazas de tiroteos masivos en las escuelas bonaerenses, dirigido a las áreas de Educación y Seguridad.

Sin respuestas ante una "falta de estructura estructural"

Tanto en el Senado como en Diputados, la dificultad para acceder a información pública es uno de los ejes del debate legislativo. La diputada Romina Braga advirtió que los pedidos de informes se han convertido en una herramienta casi obligada ante lo que define como una “falta de transparencia estructural” del Estado provincial. Según planteó, el problema no comienza en el ámbito legislativo sino antes: en la escasa disponibilidad de datos claros, sistematizados y accesibles. “Muchas veces terminamos recurriendo a pedidos de acceso a la información porque la información pública, en la práctica, no es accesible”, sostuvo.

Romina Braga.

En ese marco, los pedidos de informes dejan de ser un instrumento excepcional para transformarse en un recurso permanente frente a la opacidad administrativa. A las dificultades de acceso se suma, además, el funcionamiento interno de la Legislatura. Braga remarcó que durante el último año, incluso en los casos en que los proyectos lograron avanzar en comisión, las respuestas del Poder Ejecutivo resultaron insuficientes. “En muchos casos eran un ‘copiar y pegar’ sin profundidad”, señaló, lo que impide —según explicó— “generar un intercambio real o acceder a datos concretos” que permitan ejercer el control parlamentario.

El escenario actual, sin embargo, es aún más complejo. A fines de abril de 2026, la Legislatura bonaerense todavía no terminó de constituir sus comisiones, un paso clave para el tratamiento de iniciativas. “Esta demora paraliza de hecho la actividad parlamentaria, sin comisiones no hay dictámenes, y sin dictámenes no hay posibilidad de debatir ni aprobar proyectos”, advirtió. Para la legisladora, la combinación de ambos factores, la falta de acceso real a la información y un funcionamiento institucional limitado, configura un cuadro preocupante. “Esa combinación hace muy difícil cumplir con nuestro rol”, advirtió, al tiempo que vinculó esta situación con un impacto directo en la calidad de las políticas públicas.

Ministros que no informan y un esquema "insuficiente"

En la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, no existe una legislación que obligue de manera periódica a los ministros a presentarse ante la Legislatura para rendir cuentas sobre la marcha del gobierno. Este vacío normativo contrasta con el esquema vigente en la Nación, donde la Ley de Ministerios (N° 22.520) y el artículo 101 de la Constitución establecen que el Jefe de Gabinete debe concurrir mensualmente al Congreso para informar y responder preguntas de diputados y senadores.

En territorio bonaerense, la información sobre las gestiones de cada ministerio queda diluida en disposiciones más generales. La Ley 15.164 —posteriormente derogada por la 15.477— incluía entre las funciones ministeriales la generación de indicadores, la elaboración de informes, la facilitación del acceso a la información y la garantía de transparencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, esas obligaciones no se traducen en un mecanismo institucionalizado de comparecencias periódicas ante el Poder Legislativo.

El resultado es un sistema donde el control parlamentario depende casi exclusivamente de herramientas indirectas. En ese marco se inscribe la proliferación de pedidos de informes: 114 en la Cámara de Diputados y 167 en el Senado bonaerense, cifras que evidencian tanto la demanda de información como la ausencia de canales más efectivos para obtenerla. Estos instrumentos, si bien previstos reglamentariamente, suelen enfrentar demoras o respuestas parciales, lo que alimenta las críticas opositoras. Desde el Ejecutivo, la comunicación se articula principalmente con las conferencias de prensa encabezadas por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. No obstante, desde la oposición sostienen que este esquema “es insuficiente”.

ROSCA, CAL Y ARENA

Del microcentro a los bordes: cómo cambia el mapa urbano de Mar del Plata

Con el centro saturado, los desarrolladores buscan nuevos sectores. Ruta 11, Chapadmalal y Punta Mogotes se perfilan como los próximos motores de crecimiento.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El arte de gobernar sin informar

Sin respuestas del Ejecutivo y con la Legislatura paralizada, los pedidos de informes pierden eficacia y exponen fallas estructurales en el control y la transparencia bonaerense.

OTRAS NOTAS

Del microcentro a los bordes: cómo cambia el mapa urbano de Mar del Plata

Con el centro saturado, los desarrolladores buscan nuevos sectores. Ruta 11, Chapadmalal y Punta Mogotes se perfilan como los próximos motores de crecimiento.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La ocupación hotelera en Mar del Plata apenas rozó el 37% en el fin de semana largo

La barra y la publicidad están ¿y las cámaras?

Pasajeros de una pesadilla: la crisis sin fin del transporte en el AMBA

Del microcentro a los bordes: cómo cambia el mapa urbano de Mar del Plata

Doble jornada en el Concejo: seguridad vial y memoria en agenda