La Tecla Mar del Plata
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El Gobierno nacional avanzó finalmente con uno de los procesos de privatización más sensibles para la región y adjudicó por los próximos 20 años la concesión de la Ruta Nacional 226, una de las principales vías de conexión entre Mar del Plata y el centro bonaerense. La medida, oficializada a través de la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, no solo reconfigura el esquema vial en la zona sino que también vuelve a poner en escena a viejos actores del negocio de los peajes y deja afuera a la empresa estatal bonaerense Aubasa, que denunció falta de transparencia y habló de un posible “negociado”.
La concesión quedó en manos de una unión transitoria conformada por las firmas Coarco SA, Concret Nor SA, Marcalba SA y Pose SA, que se impuso con una oferta tarifaria de $997 sin IVA. El corredor adjudicado integra el tramo “Sur-Atlántico-Acceso Sur” de la Red Federal de Concesiones e incluye desde las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas hasta la Ruta 226, que nace en Mar del Plata y atraviesa ciudades estratégicas como Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría hasta empalmar con Bolívar.
La decisión representa otro paso en el proceso de desguace de la estatal Corredores Viales SA impulsado por el gobierno de Javier Milei bajo el paraguas de la Ley Bases. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la adjudicación y aseguró que se trata de “más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios y con inversión 100% privada”.
Pero en Mar del Plata el impacto del nuevo esquema tiene nombres propios, antecedentes y polémicas. Uno de los protagonistas es Coarco, la firma vinculada al empresario marplatense Patricio Gerbi, un "arrepentido" de la “Causa Cuadernos”, el expediente que investiga presuntas coimas en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Gerbi continúa procesado y en los últimos meses la Justicia rechazó un pedido suyo para evitar el juicio oral mediante una probation y una oferta de reparación económica. Además, el empresario ya había participado de concesiones anteriores sobre la Ruta 226 durante los años noventa y principios de los 2000 mediante sociedades como Camino del Abra SA y Rutas al Sur.
La adjudicación también incluye el control del peaje El Dorado, ubicado en el acceso a Mar del Plata, y una serie de obras obligatorias y de mantenimiento que aparecen como una de las principales promesas del nuevo esquema privado. Entre ellas figura la construcción de una pasarela peatonal en la zona de Sierra de los Padres, a la altura del kilómetro 16, aunque el propio pliego prevé que recién estaría terminada hacia el final del segundo año de concesión.
Además, la nueva concesionaria deberá ejecutar tareas de bacheo, señalización horizontal, corte de pasto y reacondicionamiento general de la traza. También tendrá que hacerse cargo de la iluminación en sectores considerados críticos, como la rotonda de avenida Luro y Ruta 2, los accesos a Colinas Verdes y el entorno del mercado Procosud.
Sin embargo, el pliego también deja expuestas varias limitaciones. Para el tramo entre Mar del Plata y Balcarce apenas se exige que exista un vehículo de patrullaje para asistir emergencias “con la mayor celeridad posible”, en una ruta históricamente cuestionada por el estado de sus banquinas, la falta de iluminación y la cantidad de accidentes.
El esquema tarifario es otro de los puntos que genera interrogantes. Aunque la oferta ganadora fue de $997 sin IVA, la licitación había fijado para el subtramo Atlántico una tarifa tope superior a los $3300 para vehículos particulares. La resolución oficial no aclara si el monto adjudicado corresponde a una tarifa por tramo, por kilómetro o bajo otro criterio técnico, mientras que el valor definitivo quedará sujeto a futuras actualizaciones previstas en el contrato.
La otra gran historia detrás de la adjudicación es la exclusión de Autopistas de Buenos Aires S.A., la empresa controlada por la Provincia de Buenos Aires y actual concesionaria de la Ruta 2. Aubasa había intentado competir por la explotación de la 226, pero fue apartada del proceso licitatorio, lo que motivó fuertes cuestionamientos del gobierno bonaerense, que denunció opacidad en el procedimiento y pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo.
Así, mientras Nación celebra el desembarco del capital privado sobre corredores estratégicos, en Mar del Plata vuelve a abrirse un viejo debate: si la privatización garantizará finalmente obras y mejoras reales o si la Ruta 226 volverá a quedar atrapada entre peajes caros, mantenimiento mínimo y promesas que tardan años en llegar.