13 de junio de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
Entre internas legislativas y sucesos polémicos el Concejo continúa su actividad, mientras que los desarrollos inmobiliarios y las excepciones son blancos de duras críticas. Además, el desembarco de IRSA en la ciudad, una polémica exención, continúa el debate caliente por el Minella, los posicionamientos por la Zona Fría y el futuro de la UTF Punta Iglesia. Todo eso y más, al estilo La Tecla Mar del Plata.
Entre incidentes y golpes, el debate por las aplicaciones regresó al Concejo y terminó suspendido
La Comisión de Movilidad Urbana retomó la discusión sobre la regulación de Uber, DiDi y Cabify en un contexto de fuerte tensión entre taxistas y conductores de aplicaciones. Los cruces verbales escalaron a empujones y golpes, obligando a suspender la reunión.
Lo que prometía ser la reanudación de un debate que lleva años generando controversias en Mar del Plata terminó convirtiéndose en una escena de máxima tensión dentro del Concejo Deliberante. La reunión de la Comisión de Movilidad Urbana, presidida por el edil Guido Garcia, convocada para retomar el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la regulación de plataformas como Uber, DiDi y Cabify, derivó este lunes en gritos, insultos, empujones y hasta la suspensión del encuentro.
El recinto estaba colmado. En las barras convivían taxistas, remiseros y trabajadores de aplicaciones, protagonistas directos de una discusión que desde hace tiempo divide aguas. El espacio reducido, la gran cantidad de asistentes y el calor contribuyeron a generar un clima cada vez más tenso.
Mientras los concejales avanzaban con el tratamiento de los expedientes incluidos en el orden del día, comenzaron los primeros cruces verbales. Según señalaron testigos presentes, las provocaciones se iniciaron entre trabajadores de aplicaciones y taxistas, con intercambios que fueron elevando rápidamente el tono de la discusión.
Los gritos se hicieron cada vez más frecuentes y los insultos comenzaron a interrumpir el desarrollo de la comisión. A pesar de los intentos por continuar con el debate, el clima dentro del recinto se volvió cada vez más difícil de controlar.
El punto de quiebre llegó cuando la tensión abandonó el plano verbal. Entre empujones y forcejeos, varias personas ingresaron al sector central del recinto y comenzaron los golpes. La situación generó sorpresa entre los ediles, que observaban atónitos cómo la discusión escalaba a niveles impensados. En medio del tumulto, incluso una taza terminó rota.
Asesores, trabajadores del Concejo y concejales con mayor experiencia institucional intentaron calmar los ánimos. Los pedidos de tranquilidad se multiplicaron mientras se advertía que, de continuar los incidentes, la reunión podría ser suspendida.
Finalmente, eso fue exactamente lo que ocurrió. Se anunció la suspensión de la comisión y se solicitó el retiro de todas las personas presentes. Minutos después comenzaron a llegar efectivos de Prefectura para reforzar la seguridad y evitar nuevos incidentes.
La comisión tenía en agenda nueve expedientes, varios de ellos vinculados directamente a la regulación de las plataformas digitales de transporte. Entre los proyectos figuraban la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Servicios mediante plataformas digitales, una iniciativa para establecer un Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas impulsada por La Libertad Avanza y distintas propuestas presentadas por asociaciones de conductores de aplicaciones, empresas vinculadas al sector y entidades representativas de taxis y remises.
Precisamente, una de las iniciativas que generaba mayor rechazo entre sectores del taxi era el expediente impulsado por La Libertad Avanza, que plantea un nuevo esquema para el funcionamiento del sistema de transporte mediante aplicaciones.
La discusión llegaba además en un contexto especialmente sensible. El avance de distintas demandas judiciales, las protestas realizadas por taxistas y la falta de consensos políticos habían elevado la expectativa sobre una reunión que finalmente terminó eclipsada por los incidentes.
Ahora, la incógnita pasa por saber cuándo podrá retomarse el debate y bajo qué condiciones. Lo cierto es que la regulación de las aplicaciones volvió al centro de la escena política local, aunque esta vez la discusión quedó opacada por una jornada que terminó desbordada por los enfrentamientos y obligó a suspender una comisión que prometía volver a encender la polémica.
Polémica por una exención total a una empresa tecnológica marplatense
La Provincia incorporó a Shares Software Argentina S.A. al Registro Nodo de la Economía del Conocimiento y le otorgó una exención total de Ingresos Brutos durante dos años. La medida despertó cuestionamientos dentro del sector tecnológico.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgó una exención del 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a una empresa de software radicada en Mar del Plata, una decisión que despertó interrogantes dentro del sector tecnológico local por el alcance del beneficio y las características de la firma beneficiada.
La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 209-MPCEITGP-2026, firmada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Mediante ese acto administrativo, la empresa Shares Software Argentina S.A. fue incorporada al Registro Nodo de la Economía del Conocimiento (NECo) y declarada beneficiaria del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la provincia.
La firma desarrolla actividades vinculadas a servicios de consultoría informática y suministro de programas de computación y tiene domicilio en la ciudad de Mar del Plata. Según la resolución, fue categorizada como microempresa, con una estructura reducida que oscilaría entre 1 y 5 empleados, y accederá durante dos años a una exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad promovida.
En el ecosistema tecnológico local remarcan precisamente ese punto: se trata de una empresa de escala muy pequeña, cuyo crecimiento reciente habría sido acelerado a partir del desarrollo de software para un cliente específico del ámbito privado, lo que en el sector algunos vinculan con su posterior posicionamiento institucional. En ese marco, surgieron comentarios sobre si ese vínculo pudo haber influido en la obtención del beneficio.
“Era una empresa chica”, repiten en el ambiente. Y agregan un dato que circula en voz baja: el salto de la firma se habría dado tras comenzar a desarrollar sistemas para la empresa de helados, Lucciano’s. A partir de allí, la pregunta que algunos dejan flotando es inevitable: ¿no vendrá por ahí esta excepción?
El beneficio llamó la atención en sectores vinculados a la industria del software debido a que la exención alcanza el 100% de la alícuota, mientras que otras compañías del sector suelen adherir al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (LEC), que contempla incentivos fiscales importantes pero exige el cumplimiento de requisitos estrictos vinculados a inversión, certificaciones, capacitación de personal, estructura y actividades de investigación y desarrollo.
“Todos pasamos por la LEC”, remarcan referentes del sector. Y describen un esquema con múltiples instancias de evaluación, requisitos nacionales y provinciales, y controles de cumplimiento que se sostienen en el tiempo. En contraste, señalan que en este caso el acceso habría sido más directo: “Acá fue directo: LEC y 100% de Ingresos Brutos”.
Fuentes consultadas por este medio indicaron que las empresas que acceden al régimen de Economía del Conocimiento deben atravesar procesos de auditoría y seguimiento para mantener los beneficios fiscales. En ese contexto, cuestionaron el alcance de la exención otorgada a Shares Software Argentina S.A. y plantearon dudas sobre los criterios utilizados para su incorporación al programa provincial.
Otro aspecto que generó comentarios es la utilización de la figura del Registro Nodo de la Economía del Conocimiento (NECo). Referentes del sector señalaron que históricamente este esquema estuvo asociado a instituciones, cámaras empresarias, fundaciones o espacios de articulación tecnológica, más que a empresas individuales, lo que también alimenta las dudas sobre el encuadre de la decisión.
La resolución establece que la exención deberá ser revalidada dentro de dos años y que ARBA deberá registrar el beneficio en su base de datos para su efectiva aplicación.
Más allá de la legalidad del acto administrativo, la decisión abrió un debate dentro del ecosistema tecnológico local sobre el alcance real de las políticas de promoción, los criterios de selección de beneficiarios y la frontera —cada vez más difusa, según algunos actores del sector— entre el fomento a la innovación y la discrecionalidad en la asignación de beneficios fiscales.
Denuncian posibles delitos en la concesión del Minella y piden investigar a funcionarios y empresarios
El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, que tiene aspiraciones en el 2027, pidió investigar presuntos delitos en la concesión del estadio, cuestionó la falta de obras y reclamó determinar la solvencia y el origen de los fondos de la empresa adjudicataria. La denuncia apunta a funcionarios municipales y directivos de Minella Stadium. También solicita información a la Justicia brasileña sobre los vínculos entre Revee y el grupo REAG.
La concesión del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de los Deportes volvió a quedar en el centro de la escena tras la presentación de una denuncia que solicita investigar posibles incumplimientos por parte de la empresa Minella Stadium S.A., adjudicataria del multimillonario proyecto de remodelación y explotación de los escenarios deportivos.
El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia para que la Justicia investigue posibles delitos vinculados con la concesión del Minella, adjudicadó en 2025 a la firma Minella Stadium S.A. En la presentación, Pettigiani solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de funcionarios municipales y de integrantes de la empresa concesionaria.
Según sostiene el fiscal, la intervención judicial resulta necesaria porque podría encontrarse comprometido "el patrimonio de los contribuyentes del Partido de General Pueyrredon".
La denuncia apunta a determinar si existieron irregularidades en el proceso que terminó con la adjudicación de la concesión del Minella a Minella Stadium S.A., única oferente de la licitación aprobada por el Concejo Deliberante en julio de 2025.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Pettigiani es el presunto incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa. El escrito sostiene que "no se habrían realizado las obras comprometidas" y que tampoco se conocen "los detalles del proyecto de obras a realizar por el concesionario o el contrato firmado entre la empresa y el Municipio".
La denuncia también pone bajo la lupa la situación financiera de Revee, la firma brasileña que integra Minella Stadium. En ese sentido, recuerda que el grupo REAG, vinculado a esa empresa, quedó involucrado en el denominado "Caso Banco Master", una investigación por presuntas maniobras de fraude financiero y lavado de dinero en Brasil.
A partir de esos antecedentes, Pettigiani plantea dos interrogantes que considera centrales para la investigación: "¿La Municipalidad entregó ese importante patrimonio a un concesionario solvente?" y "¿Los fondos que se comprometieron tienen un origen lícito?".
Además, la presentación menciona la causa Sur Finanzas, en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al fútbol argentino y a la AFA. Según el escrito, esa investigación derivó en allanamientos y requerimientos de información relacionados con la licitación del estadio.
Como medidas de prueba, el fiscal solicita citar a declarar a los concejales que votaron en contra de la licitación, requerir información a la Justicia brasileña sobre la relación entre Revee y REAG y ordenar a la Municipalidad que entregue toda la documentación vinculada a la concesión, incluido el contrato completo firmado con la empresa.
Finalmente, Pettigiani pide que la investigación se abra "con urgencia y sin demoras" para determinar si existieron delitos y eventuales responsabilidades tanto de funcionarios públicos como de actores privados involucrados en la operación.
Por otro lado, un dato que no pasa desapercibido es que Pettigiani tendría aspiraciones de competir por la intendencia en 2027. En los pasillos del Municipio, incluso, hay quienes vinculan la presentación de la denuncia con ese posicionamiento político de cara a los próximos años.
Bordaisco repudió los incidentes que derivaron en la suspensión de la comisión de Movilidad Urbana
El presidente de la comisión de Legislación se refirió a la pelea ocurrida durante el debate por las aplicaciones de transporte y pidió que la discusión continúe "en el marco de la seguridad, la tranquilidad y el intercambio de ideas".
En el inició de la reunión de la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, su presidente, Ariel Martínez Bordaisco, concejal de la Unión Cívica Radical más Nuevos Aires, habló sobre la pelea que causó la suspensión de la comisión de Movilidad Urbana.
Cabe recordar que la comisión de Movilidad Urbana debatía nuevamente la regulación de las aplicaciones de transporte en General Pueyrredon, una discusión que terminó abruptamente tras una serie de incidentes entre asistentes al encuentro.
Luego de que la comisión de Movilidad Urbana terminase en una pelea entre el representante de la Asociación Civil Conductores Unidos, que reúne a trabajadores de aplicaciones, y las personas que se encontraban en las tribunas gritando constantemente mientras exponía sus considerandos sobre el proyecto presentado ante la comisión, Bordaisco se refirió a lo sucedido. “Entiendo que deben coincidir todos los concejales en repudiar los hechos de violencia y llamar, por supuesto, a intentar que el debate y la discusión de un tema tan importante que tiene esa comisión se pueda hacer en el marco de la seguridad, tranquilidad, no violencia y discusión e intercambio de ideas”, sostuvo.
Además, aclaró que lo sucedido en la comisión previa debía ser abordado porque, de lo contrario, parecería que se estaba haciendo la vista gorda. “Me parecía importante repudiar los hechos de violencia porque acaban de ocurrir y parecerían sino que estamos mirando otra cosa”, expresó.
Por su parte, el presidente de la comisión de Movilidad Urbana, Guido García, se expresó en sus redes sociales luego de los incidentes. “El Concejo es un ámbito de escucha y diálogo. En los últimos meses, la Comisión de Movilidad Urbana dio lugar a todas las voces involucradas. Las tensiones no deben impedir la búsqueda de acuerdos. Esperamos retomar el tratamiento con racionalidad y avanzar en soluciones”, publicó.
Sin embargo, el mensaje también puso el foco sobre las condiciones en las que se desarrolló la reunión. Durante las últimas semanas, el debate entre taxistas y conductores de aplicaciones había mostrado un clima de creciente confrontación, que se trasladó al recinto durante la comisión. Pese a ese contexto, no se observaron medidas de prevención o seguridad adicionales para una discusión que reunía a sectores enfrentados por la regulación del transporte mediante plataformas digitales.
Luego de estas aclaraciones, la comisión de Legislación continuó con su agenda de acuerdo a lo previsto.
Zona Fría: el PRO se desmarca de Milei y deja a La Libertad Avanza en soledad
La comisión de Legislación aprobó el expediente que expresa preocupación por los cambios impulsados por Nación al régimen de Zona Fría. El PRO acompañó junto al radicalismo, vecinalistas y el peronismo, mientras que La Libertad Avanza volvió a quedar aislada en una discusión sensible para Mar del Plata.
La defensa del régimen de Zona Fría volvió a exhibir este lunes una foto política poco habitual en el Concejo Deliberante. Durante la reunión de la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento se aprobó el expediente 1364, que expresa preocupación ante el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para modificar el esquema de subsidios al gas.
La novedad no estuvo únicamente en el avance del expediente, sino en quiénes lo acompañaron. El despacho reunió el respaldo de Unión por la Patria, Acción Marplatense, el Frente Renovador, la UCR + Nuevos Aires y también del PRO, dejando nuevamente a La Libertad Avanza en una posición minoritaria frente al resto del arco político local.
La votación terminó de confirmar una tendencia que comenzó a observarse hace unos días, cuando la discusión pasa por la continuidad de un beneficio que alcanza a miles de hogares marplatenses, las habituales alianzas políticas empiezan a mostrar grietas. El caso más evidente es el del PRO, que en esta oportunidad volvió a diferenciarse de la postura promovida por la administración de Javier Milei y se alineó con los sectores que rechazan cualquier recorte al régimen.
No se trata de una discusión menor. El proyecto impulsado desde Nación busca modificar el esquema vigente desde el año 2021 y reducir el alcance de los descuentos en las tarifas de gas, una posibilidad que encendió alarmas en Mar del Plata y otros municipios bonaerenses alcanzados por el beneficio.
La tensión entre los aliados locales del oficialismo nacional ya había comenzado a evidenciarse en las últimas semanas. De hecho, el primer expediente presentado en el Concejo sobre el tema también había contado con el acompañamiento del bloque amarillo, que optó por priorizar la defensa de la Zona Fría frente al alineamiento con la Casa Rosada.
Durante el debate de este lunes, uno de los momentos más llamativos lo protagonizó el concejal Julián Bussetti. Al momento de fundamentar su postura, hizo referencia al "intendente Guillermo Montenegro" para respaldar la necesidad de sostener el beneficio para los marplatenses. El detalle no pasó inadvertido, ya que el edil evitó mencionar que el jefe comunal se encuentra de licencia y que actualmente la intendencia es ejercida por Agustín Neme. Además de esto, dijo que “incluso a veces hay que ir en contra de lo que dice nuestro propio partido porque primero están nuestros vecinos”.
Más allá de ese dato de color, el saldo político fue contundente. La defensa de la Zona Fría logró reunir a bloques que habitualmente se encuentran enfrentados y volvió a dejar expuesta una incomodidad para La Libertad Avanza. Mientras el oficialismo nacional impulsa cambios en el régimen, en Mar del Plata crece una mayoría transversal que busca preservar un beneficio considerado estratégico por gran parte de la dirigencia local.
Con el expediente ya aprobado en las dos comisiones en las que fue tratado, la señal política quedó plasmada con claridad: cuando la discusión pasa por el impacto de la tarifa de gas en los hogares marplatenses, el PRO parece más dispuesto a coincidir con radicales, peronistas y vecinalistas que con los representantes locales de Javier Milei. La votación volvió a mostrar que la alianza que suele exhibir sintonía en otros temas encuentra en la Zona Fría uno de sus principales puntos de fractura.
Construcción, negocios y debate pendiente
El pedido de prórroga de una de las ordenanzas del Régimen de Incentivos a la Construcción reavivó el debate sobre el crecimiento urbano y el futuro de Mar del Plata.
A pocos días de su vencimiento, previsto para el 14 de junio, el Régimen de Incentivos a la Construcción volvió a ubicarse en el centro de la discusión política de General Pueyrredon. Lo que surgió en 2021 como una herramienta excepcional para sostener la actividad económica durante la pandemia se transformó con el paso de los años en uno de los principales instrumentos de desarrollo urbano impulsados por la gestión de Guillermo Montenegro y continuados con el interinato de Agustín Neme. Sin embargo, la intención del Ejecutivo de extender nuevamente su vigencia abrió un debate mucho más amplio sobre el crecimiento de la ciudad, la planificación urbana y los límites de las excepciones normativas.
El Ejecutivo envió al Concejo un proyecto para prorrogar por 18 meses la Ordenanza 25.113, norma que otorga beneficios e indicadores urbanísticos especiales para fomentar inversiones privadas. Desde la Secretaría de Obras sostienen que la medida fue determinante para reactivar emprendimientos paraliza dos, atraer capitales y sostener miles de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente con la construcción.
La defensa oficial del régimen se apoya en datos concretos. Según la información pre sentada ante el cuerpo deliberativo, desde la puesta en marcha de la ordenanza se aprobaron más de 2,6 millones de metros cuadrados. Para el Ejecutivo, esos números demuestran que la herramienta cumplió con los objetivos y justifican una nueva extensión hasta diciembre de 2027.
Sin embargo, el paso del tiempo modificó la naturaleza del debate. Lo que inicial mente fue concebido como una respuesta transitoria frente a una situación extraordinaria comenzó a ser visto por distintos sectores políticos y técnicos como un mecanismo permanente de gestión urbana.
Los cuestionamientos apuntan a que las sucesivas prórrogas consolidan una normativa paralela que altera los criterios originales de planificación y permite mayo res indicadores constructivos sin una discusión integral sobre el futuro de la ciudad. En ese sentido, distintos bloques opositores y sectores del radicalismo vienen reclamando una revisión profunda del Código de Ordenamiento Territorial (COT), al considerar que gran parte de sus disposiciones quedaron desactualizadas frente a la realidad actual de Mar del Plata.
La preocupación también se extiende al impacto que el crecimiento inmobiliario puede generar sobre la infraestructura urbana. Redes de agua potable, cloacas, desagües pluviales, movilidad y servicios públicos aparecen como algunos de los aspectos señalados por quienes advierten que el aumento de la densidad constructiva requiere una planificación que acompañe el desarrollo privado con inversiones públicas suficientes.
La discusión adquirió mayor relevancia porque, mientras continúa el análisis de la prórroga, el Ejecutivo impulsa otras modificaciones vinculadas al desarrollo urbano. Entre ellas se encuentran propuestas para flexibilizar determinadas restricciones constructivas y agilizar procedimientos administrativos para obras de gran escala. Desde el gobierno argumentan que estas medidas buscan reducir burocracia y acompañar una actividad estratégica para la economía local.
El debate se vuelve aún más significativo al observar el escenario de largo plazo. El COT vigente fue sancionado en 1979, cuando la ciudad presentaba características urbanas, sociales y económicas muy diferentes a las actuales. Casi medio siglo después, existe un amplio consenso respecto de la necesidad de actualizar una normativa que continúa regulando el uso del suelo bajo pará metros pensados para otra realidad.
Mientras tanto, continúan llegando al Concejo pedidos de excepción, convenios urbanísticos y modificaciones particulares. Paralelamente sigue pendiente la implementación de un sistema de compensaciones urbanísticas que permita establecer criterios generales para los beneficios otorgados a los desarrolladores, evitando negociaciones individuales expediente por expediente.
La expansión de urbanizaciones priva das sobre corredores como la Ruta 11 y Jorge Newbery, el crecimiento hacia Chapadmalal y la aparición de nuevos emprendimientos en sectores histórica mente periféricos reflejan un fenómeno cada vez más evidente. Mar del Plata ya no crece únicamente hacia el centro y el macrocentro
Dentro de ese escenario, Punta Mogotes aparece como uno de los sectores observa dos con mayor atención, con un proyecto para construir una torre de 15 pisos en una zona donde el límite era de ocho.
Por eso, la discusión sobre la continuidad del Régimen de Incentivos a la Construcción excede ampliamente la reno vaciónde una ordenanza. Lo que está en juego es la definición de un modelo urbano. Entre la necesidad de sostener inversiones y generar empleo, y la obligación de planificar un crecimiento equilibrado y sustentable, Mar del Plata vuelve a enfrentar una pregunta: qué ciudad quiere construir para las próximas décadas y bajo qué reglas.
Siguen las repercusiones por la exención impositiva a una pequeña empresa de software marplatense
Continúan los rebotes en el sector tecnológico tras la incorporación de Shares Software Argentina S.A. al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que le permitirá acceder a una exención total de Ingresos Brutos durante dos años. Desde ATICMA aseguraron que la firma accedió a un beneficio disponible para otras firmas del sector. La Tecla trató de conocer la versión de Darío Sansiviero, titular de la compañía, aunque no obtuvimos respuesta.
Las repercusiones por la exención del 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos otorgada a Shares Software Argentina S.A., una microempresa de software radicada en Mar del Plata, continúan sumando capítulos. En medio de los interrogantes que despertó la medida, desde ATICMA salieron a respaldar el beneficio y aseguraron que se trata de un régimen al que también acceden otras firmas del sector. Además, desde La Tecla intententamos comunicarnos con Darío Sansiviero, titular de la empresa beneficiada, aunque el empresario optó por no realizar declaraciones.
La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 209-MPCEITGP-2026, firmada por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. A través de ese acto administrativo, la firma fue incorporada al Registro Nodo de la Economía del Conocimiento (NECo) y obtuvo una exención total del tributo por un plazo de dos años.
Según consta en la resolución, Shares Software Argentina S.A. desarrolla actividades vinculadas a servicios de consultoría informática y suministro de programas de computación. Además, fue categorizada como microempresa, con una estructura reducida que oscilaría entre uno y cinco empleados.
La firma fue fundada por Darío Sansiviero, un programador de bajo perfil que durante años trabajó como autónomo antes de constituir la sociedad anónima en 2021. Entre sus clientes figura la cadena de heladerías Lucciano's, que posee presencia nacional e internacional.
Ante las consultas generadas por el beneficio otorgado, La Tecla se comunicó con ATICMA (Asociación de Tecnologías de la Información y Comunicación de Mar del Plata), entidad de la que Shares Software forma parte. El presidente de la institución, Gustavo Bispo, relativizó las especulaciones sobre un posible trato diferencial y aseguró que la empresa accedió a un mecanismo disponible para otras compañías del sector.
“Para nosotros es un socio más de Aticma. Su actividad, justamente, es el desarrollo de software, tiene distintos clientes, es una empresa chica. Los beneficios son tal cual como se mencionan, pero como aplica a cualquier otra empresa. De hecho, hay varios casos, tanto en Nación como en Provincia, en cuanto a la ley o lo de Ingresos Brutos”, sostuvo. “Y no tenemos nada para decir ni pensar al respecto, que dé algo distinto, diferencial o algún tratamiento en particular”, agregó. En la misma línea, Bispo sostuvo que la firma llevaba aproximadamente dos años realizando trámites vinculados a su inscripción dentro de estos programas de promoción.
Por otra parte, La Tecla intentó comunicarse con Sansiviero para conocer su posición respecto de la exención otorgada y los cuestionamientos surgidos a partir de la medida. Sin embargo, el empresario decidió no brindar declaraciones.
El beneficio llamó la atención en algunos sectores vinculados a la industria del software debido a que contempla una exención total de la alícuota de Ingresos Brutos. Habitualmente, las empresas del sector suelen acceder a incentivos fiscales mediante la adhesión a la Ley de Economía del Conocimiento, un régimen que exige cumplir requisitos vinculados a inversiones, certificaciones, capacitación de personal y actividades de investigación y desarrollo.
Si bien no existen elementos que indiquen una irregularidad en el otorgamiento del beneficio, algunas características de la empresa despertaron interrogantes dentro del ecosistema tecnológico local. Entre ellas aparecen el bajo perfil público de su titular, los trabajos con Luccianos’s, la escasa presencia digital de la firma y la incorporación de actividades vinculadas al sector inmobiliario dentro de sus registros societarios.
Con divisiones en el oficialismo, Derechos Humanos aprobó el respaldo a activistas de Gaza
La comisión avanzó con un proyecto de resolución y comunicación tras escuchar los crudos testimonios de dos voluntarios marplatenses. Mientras la UCR + Nuevos Aires acompañó la iniciativa con modificaciones técnicas, el PRO rechazó el dictamen argumentando que el reclamo original había quedado abstracto.
La comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de General Pueyrredon fue escenario de un intenso debate político que culminó con la aprobación por mayoría de un despacho unificado para exigir la intervención diplomática en favor de activistas humanitarios. Más allá de la sensibilidad de la temática internacional, la jornada legislativa expuso una nueva e importante diferencia de criterios en el plano local entre los bloques que componen el interbloque oficialista, evidenciando las distancias categóricas entre la Unión Cívica Radical (UCR) + Nuevos Aires y el PRO a la hora de fijar posición sobre diversos conflictos.
El debate se inició tras la exposición de los ciudadanos marplatenses Lautaro Rivara y María Victoria Pi de la Serra, integrantes de la organización Global Sumud. Ambos activistas relataron ante los concejales los detalles de su captura en aguas internacionales por parte de la Armada de Israel mientras formaban parte de una flotilla que intentaba trasladar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. En sus testimonios, denunciaron haber sido víctimas de secuestro, incomunicación y severas vejaciones en centros de detención. Asimismo, advirtieron sobre la crítica situación de otros dos voluntarios argentinos, María Paula Jiménez y Lucas Ezequiel Aguilera, quienes se encuentran secuestrados desde el pasado 24 de mayo por fuerzas de facto en el este de Libia durante una misión terrestre de la misma organización, criticando fuertemente la falta de determinación y el sesgo ideológico que, a su entender, ha mostrado la Cancillería Argentina.
Frente a este escenario, la concejala Gabriela Azcoitia, representante de la UCR+Nuevos Aires, tomó la iniciativa para destrabar el tratamiento de los expedientes. Azcoitia expresó su absoluta solidaridad con los damnificados y repudió cualquier tipo de tortura o violencia, remarcando que el apoyo a la ayuda humanitaria es un principio que no se puede poner en juego. No obstante, para viabilizar el proyecto, propuso una serie de modificaciones sustanciales destinadas a separar la asistencia humanitaria de las valoraciones políticas. Su propuesta consistió en suprimir la mención explícita al Estado de Israel en la resolución y, simultáneamente, actualizar el texto para incorporar de manera urgente el reclamo por la liberación y asistencia consular de los dos argentinos que aún permanecen cautivos en Libia.
Esta postura intermedia de la UCR encontró eco en los bloques de la oposición. Desde la bancada de AM–MDF, autores del proyecto original, aceptaron las modificaciones propuestas en pos de alcanzar un consenso que permitiera al Concejo Deliberante emitir un pronunciamiento institucional, a pesar de manifestar su disidencia con la quita del nombre del Estado responsable de las capturas marítimas. Por su parte, la presidenta de la comisión, Valeria Crespo, de Unión por la Patria (UP), ordenó la acumulación de la nota particular presentada por los vecinos al expediente principal para unificar el despacho definitivo conforme a los cambios consensuados.
“No queremos acompañar ni la resolución ni la comunicación de esta temática”
La nota discordante dentro del oficialismo la aportó el bloque del PRO. La concejala Florencia Ranellucci anticipó el voto negativo de su espacio tanto para la resolución como para la comunicación. El argumento del PRO se centró en que el espíritu primigenio del proyecto —que exigía gestiones por la seguridad y liberación de los dos activistas locales— ya había quedado abstracto debido a que Rivara y Pi de la Serra ya se encuentran de regreso en el país. Aunque Ranellucci aclaró que el bloque escuchó atentamente el relato de los invitados, ratificó que no acompañarían ninguna declaración institucional sobre esta temática, sellando la fractura del voto oficialista y permitiendo que la iniciativa fuera aprobada por mayoría legislativa.
Crece el debate por el suelo y la memoria urbana en Mar del Plata
Mientras crece la preocupación empresarial, el impacto de las excepciones constructivas otorgadas al estudio Mariani, los límites que empieza a fijar la Justicia, la tensión entre la rentabilidad inmobiliaria y la preservación del patrimonio histórico de la ciudad, reabren el debate y la polémica al avance de los desarrollos privados.
La fisonomía de Mar del Plata atraviesa desde hace años una transformación estructural que excede la mera renovación estética. Detrás de las siluetas de hormigón que modifican la línea de la costa y las lomas históricas, se desenvuelve una compleja trama de decisiones políticas, normativas excepcionales y un modelo de desarrollo urbano que genera intensos debates en la comunidad. En el centro de este entramado se encuentra el estudio Mariani-Pérez Maraviglia-Cañadas, hoy liderado operativamente por el arquitecto Jerónimo Mariani, cuya firma estampa los proyectos de mayor escala suntuosa en el distrito de General Pueyrredon, consolidando una influencia que divide aguas entre la promesa de modernización y la pérdida irrecuperable de la identidad arquitectónica local.
El núcleo de la controversia no radica en la actividad constructiva en sí misma, sino en la metodología administrativa que viabiliza los proyectos más ambiciosos. El Código de Ordenamiento Territorial (COT), diseñado para planificar el crecimiento sustentable de la ciudad, se ha transformado en una norma flexible mediante el uso recurrente de las ordenanzas de excepción. A través de este mecanismo, el Concejo Deliberante convalida indicadores urbanísticos que duplican o triplican las alturas y densidades permitidas originalmente para determinadas zonas. Los sectores críticos y las asambleas vecinales señalan que este esquema genera una plusvalía multimillonaria asimétrica para los desarrolladores privados, mientras que el municipio absorbe los costos derivados de la sobrecarga en la infraestructura de servicios públicos, muchas veces obsoleta para contener la demanda de megaedificios en áreas residenciales de baja densidad.
Los límites de la excepcionalidad y el freno judicial
Este modelo de gestión urbana comenzó a encontrar sus primeros límites institucionales fuera de los despachos municipales. El caso más paradigmático es el proyecto de la torre de 35 pisos proyectada en la manzana delimitada por las calles Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho y Gascón, impulsado por una fiduciaria vinculada a la constructora IMASA liderada por Florencia Miconi y diseñado por el estudio Mariani. La ordenanza que habilitaba una estructura de 128 metros de altura en las inmediaciones del histórico Chalet La Robla fue severamente cuestionada por los residentes de la zona, quienes acudieron a la Justicia en lo Contencioso Administrativo. La posterior medida cautelar que ordenó la suspensión de las obras desnudó la fragilidad de los informes técnicos que sustentaban la excepción, argumentando que la densidad poblacional pretendida equivalía a concentrar la habitabilidad de diez manzanas en un solo lote, poniendo en riesgo el entorno ambiental y la provisión de agua y cloacas controlada por Obras Sanitarias.
Entre el fachadismo y la alerta patrimonial
La estrategia de intervención sobre los bienes declarados de valor histórico también forma parte de la matriz de discusión. El denominado "fachadismo", una técnica que conserva las estructuras exteriores de edificios antiguos para utilizarlas como portales de acceso a complejos de torres modernas, encuentra su máxima expresión en el proyecto diseñado para el Château Frontenac. Ubicado en la loma de Stella Maris, la propuesta contempla la construcción de dos grandes torres residenciales que alterarán de manera definitiva la morfología y la escala barrial tradicional del entorno. Desde la perspectiva de los desarrolladores, este método se presenta como la única alternativa financieramente viable para garantizar la "puesta en valor" y el mantenimiento de estructuras que, de otro modo, quedarían confinadas al abandono. Sin embargo, los colectivos de arquitectos independientes y defensores del patrimonio advierten que el resultado es la descontextualización del bien, convirtiendo la memoria histórica en un mero adorno publicitario para el mercado inmobiliario de alta gama.
La inquietud comunitaria se trasladó recientemente hacia la zona sur de la costa marplatense, específicamente en torno al Parador Ariston, la icónica obra diseñada en 1947 por el maestro de la Bauhaus Marcel Breuer y declarada Monumento Histórico Nacional. La confirmación de la venta del predio a un grupo empresario gastronómico encendió las alarmas de las organizaciones civiles tras trascender que el estudio Mariani intervendría en la planificación del espacio. Aunque los nuevos propietarios manifestaron intenciones de recuperar la dañada estructura original, los antecedentes de transformaciones de espacios de valor histórico en la ciudad —como ocurrió con la reconversión de la Ex Terminal Sur en un centro comercial privado— colocan cualquier futura solicitud de ampliación o explotación de parcelas linderas bajo una estricta vigilancia civil y profesional.
El desarrollo inmobiliario de Mar del Plata se debate así entre dos visiones contrapuestas. Por un lado, una concepción pragmática que observa al suelo urbano como una plataforma de inversión financiera y generación de empleo inmediato en el sector de la construcción, respaldada por mayorías legislativas transversales y un blindaje de los principales holdings de comunicación tradicionales de la ciudad. Por el otro, una demanda creciente de transparencia institucional que exige preservar la identidad morfológica, garantizar la sostenibilidad ambiental y detener la destrucción sistemática del patrimonio histórico. El caso del estudio Mariani y sus lazos con las principales corporaciones constructoras locales resume una dinámica donde las excepciones tienden a convertirse en la regla general, desafiando los límites de la planificación urbana y la memoria colectiva de la ciudad.
Tras una temporada que no alcanzó, se viene el primer gran examen para el mercado laboral local
El próximo 22 de junio el INDEC difundirá los datos laborales del primer trimestre de 2026. Será el primer informe que abarque tres meses completos del interinato de Agustín Neme.
Mar del Plata volverá a estar bajo la lupa cuando el próximo 22 de junio el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el informe del Mercado de Trabajo correspondiente al primer trimestre de 2026. Se trata de un dato especialmente esperado en una ciudad que históricamente figura entre las más afectadas por el desempleo y que en la última medición volvió a ubicarse entre las de peor desempeño laboral del país. Pero esta vez el informe tendrá un condimento adicional. Será el primer dato que abarcará tres meses completos con Agustín Neme al frente del Municipio.
La expectativa no es menor. Si bien el primer trimestre suele mostrar una mejora en los niveles de empleo gracias al impulso de la temporada de verano, distintos sectores económicos coinciden en que la última temporada estuvo lejos de las expectativas. La caída del consumo, la menor llegada de turistas y el enfriamiento de la actividad económica dejaron dudas sobre el verdadero impacto que pudo haber tenido el verano en el mercado laboral local.
El antecedente inmediato tampoco invita al optimismo. Según el último informe del INDEC, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la tasa de desocupación en Mar del Plata alcanzó el 9,5%, equivalente a unas 33 mil personas sin empleo. Ese registro volvió a posicionar a la ciudad entre las que presentan los niveles más altos de desempleo de la Argentina.
A ello se suma una dinámica histórica que suele preocupar a los especialistas. Aunque los primeros meses del año acostumbran mostrar cierta recuperación impulsada por la actividad turística, los datos de la última década evidencian que los niveles más elevados de desocupación suelen registrarse en los trimestres posteriores, cuando el efecto estacional del verano desaparece.
Por eso, el informe que se conocerá en las próximas semanas será seguido de cerca tanto por el gobierno municipal como por empresarios, sindicatos y analistas económicos. Más allá del número final, el dato permitirá evaluar si la ciudad logró aprovechar el movimiento generado por la temporada o si, por el contrario, continúa enfrentando dificultades para revertir uno de sus problemas estructurales.
La respuesta llegará en pocos días. Y en una ciudad donde el empleo suele ser uno de los principales temas de discusión pública, las cifras del INDEC volverán a convertirse en un dato político de primer orden.
La lupa sobre el Minella, Garciarena al Consejo de la Magistratura y el libertario Bussetti
Una asociación civil activó un pedido de acceso a la información para conocer el estado de las obras del estadio, las inversiones y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la concesionaria. El diputado provincial asumió en el organismo encargado de la selección y remoción de magistrados.
La concesión del Minella suma un nuevo capítulo: solicitan informes clave al Ejecutivo
A poco más de un año de la adjudicación del Estadio José María Minella y el resto de las instalaciones del Parque Municipal de los Deportes, la concesión volvió a quedar en el centro de la escena. La asociación civil Mirada Ciudadana presentó un pedido formal de acceso a la información pública para conocer cómo avanza la gestión de Minella Stadium S.A. y cuál es el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso licitatorio.
El requerimiento apunta a despejar una serie de interrogantes que rodean al proyecto. Entre otros aspectos, solicita conocer qué obras fueron ejecutadas hasta el momento, cuáles son las inversiones realizadas y si la empresa cumplió con las obligaciones previstas en el pliego. También busca acceder a documentación vinculada al contrato firmado con la Municipalidad, los permisos obtenidos para operar y el plan definitivo de trabajos que debía presentarse para la puesta en valor de las instalaciones deportivas.
Pero las consultas no terminan allí. La organización también puso el foco sobre el aspecto económico y societario de la concesión. Solicitó información sobre el pago del canon, la composición accionaria de la firma y el origen de los fondos involucrados en el proyecto. Además, requirió detalles sobre los eventos realizados desde la toma de posesión del complejo, la situación actual de la tribuna techada del Minella y el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al uso de los espacios por parte de los clubes marplatenses. Ahora será el turno del Municipio, que deberá responder dentro de los plazos establecidos por la ordenanza de acceso a la información pública.
El Municipio volvió a sacar puntaje ideal en el ranking de ASAP
El Municipio de General Pueyrredon volvió a ubicarse en lo más alto del Índice de Transparencia Fiscal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), al obtener nuevamente 100 puntos en el relevamiento correspondiente al primer trimestre de 2026. El resultado se encuadra dentro de la categoría de “cumplimiento estricto” en la publicación de información presupuestaria.
El informe toma como base la disponibilidad de datos en los sitios web oficiales de los municipios, incluyendo presupuesto, ejecución de recursos y gastos, situación económico-financiera y deuda pública. En ese marco, General Pueyrredon comparte el máximo nivel de cumplimiento con otros 63 municipios bonaerenses, entre ellos General Alvarado, Pinamar, Tandil, Necochea y Balcarce.
Desde ASAP destacaron la importancia del acceso ciudadano a la información fiscal como herramienta de control y transparencia. En paralelo, el relevamiento también advierte fuertes disparidades dentro de la Provincia: mientras una parte importante de los distritos alcanza altos niveles de publicación de datos, otros presentan bajo o nulo cumplimiento, lo que vuelve a poner en debate las prácticas de gestión y el acceso a la información pública.
Más libertario que los libertarios: Bussetti respaldó la concesión de Chapadmalal
Mientras crece la polémica por el avance del gobierno de Javier Milei sobre la Unidad Turística Chapadmalal, una de las voces más enfáticas en respaldo a una eventual concesión no llegó desde La Libertad Avanza sino desde el PRO. El presidente del bloque oficialista en el Concejo Deliberante, Julián Bussetti, salió a respaldar públicamente la iniciativa y apuntó contra las gestiones kirchneristas por el estado actual del complejo.
A través de sus redes sociales, el concejal sostuvo que "durante años el kirchnerismo prometió obras y llenó el lugar de carteles. El resultado está a la vista". En la misma publicación redobló la apuesta y reclamó avanzar con un nuevo esquema de gestión para el histórico predio turístico: "Chapadmalal merece volver a ser un orgullo para los argentinos, no un monumento al abandono. ¡Se tiene que concesionar ya!", expresó. De esta manera, Bussetti se convirtió en uno de los principales defensores locales de una medida que genera fuertes debates políticos y que promete seguir sumando capítulos en las próximas semanas.
Jara sube un escalón en Seguridad tras los cambios dispuestos por Milei
Los cambios que oficializó el Gobierno nacional en el Ministerio de Seguridad no solo implican nuevos nombramientos, sino también una reconfiguración interna que terminó beneficiando a un dirigente marplatense. A través de decretos, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei designó a Alfredo Martín Culatto como subsecretario de Intervención Federal. El ascenso generó un corrimiento dentro de la estructura ministerial que dejó vacante la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial.
Como consecuencia de ese movimiento, Gustavo Jara fue promovido para ocupar la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial. El exsubsecretario de Seguridad de General Pueyrredon y referente de Patricia Bullrich en Mar del Plata viene desempeñándose desde hace tiempo dentro del esquema nacional de Seguridad, por lo que su desembarco en una de las áreas operativas más importantes de la cartera representa un nuevo salto político y de gestión dentro del armado libertario.
Nuevo rol para Garciarena en uno de los organismos clave de la Justicia provincial
El diputado provincial Diego Garciarena sumó una nueva responsabilidad institucional al asumir como integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires en representación del Poder Legislativo. Se trata de un organismo clave para el funcionamiento de la Justicia bonaerense, ya que tiene entre sus funciones la selección de jueces, fiscales y defensores que luego ocuparán cargos estratégicos dentro del sistema judicial.
Tras su designación, el dirigente radical destacó la relevancia del desafío y aseguró que encarará la tarea con compromiso. "Es un honor, pero también una responsabilidad que tomo con mucha seriedad y con muchas ganas de encarar este desafío, que requiere tiempo y estudio", sostuvo. Además, valoró el funcionamiento que viene mostrando el organismo en los últimos años y consideró que los mecanismos de evaluación y selección de postulantes han dado resultados positivos, en un contexto donde la conformación de la Justicia continúa ocupando un lugar central en el debate político e institucional de la provincia.
El adiós a Robles llegó al Concejo: el homenaje que unió a oficialismo y oposición
La muerte de Domingo Robles no solo sacudió al mundo del deporte marplatense. El histórico dirigente de Peñarol, protagonista de una de las etapas más exitosas en la historia de la institución, también fue recordado en el ámbito político local. Las muestras de pesar se multiplicaron durante toda la jornada y atravesaron distintos sectores de la ciudad, reflejando la dimensión de una figura que trascendió los límites del básquet.
El reconocimiento llegó incluso al Concejo Deliberante. Al cierre de la reunión de la comisión de Industria, su presidente, Juan Manuel Cheppi, expresó sus condolencias por el fallecimiento del exmandatario "milrayitas". El gesto encontró rápida adhesión entre los concejales presentes, que acompañaron el mensaje de pesar. En tiempos de fuertes diferencias políticas, el recuerdo de Robles generó una de esas escasas postales de unanimidad: todos coincidieron en destacar la huella que dejó en Peñarol y en el deporte de Mar del Plata.
El gigante inmobiliario cercano a Milei pone un pie en Mar del Plata con Los Gallegos
IRSA anunció la compra del tradicional centro comercial marplatense. La Tecla había anticipado el interés de la empresa por desembarcar en la ciudad.
Mientras avanzan las gestiones para concretar el cambio de manos del Shopping Los Gallegos, se confirma lo que La Tecla había adelantado meses atrás: el poderoso Grupo IRSA desembarca en Mar del Plata y se quedaría con uno de los activos comerciales más emblemáticos de la ciudad.
La compañía anunció oficialmente la incorporación de Los Gallegos a su red de centros comerciales y confirmó una inversión superior a los 20 millones de dólares. La operación representa la llegada formal del gigante inmobiliario a Mar del Plata, una plaza que la empresa venía observando desde hace años y donde ahora apuesta a consolidar su presencia con un proyecto de fuerte impacto económico y urbano.
Detrás de IRSA se encuentra el empresario Eduardo Elsztain, considerado el mayor inversor inmobiliario de la Argentina y uno de los hombres de negocios más influyentes del país. A través de Cresud controla más del 50% del paquete accionario de la compañía. En los últimos años, Elsztain cultivó una estrecha relación con el presidente Javier Milei y fue uno de los empresarios que respaldó públicamente varias de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
Desde la firma señalaron que buscarán preservar la identidad histórica y arquitectónica de Los Gallegos, aunque también anunciaron un proceso de modernización para fortalecer la propuesta comercial y mejorar la experiencia de los visitantes. El complejo cuenta con unos 10.000 metros cuadrados de superficie comercial, 77 locales y recibe cerca de ocho millones de visitas al año.
Según pudo saber este medio, el desembarco de IRSA no se limitaría únicamente al shopping. La empresa también tendría interés en avanzar sobre terrenos lindantes al complejo, una posibilidad que abre interrogantes sobre futuras ampliaciones y nuevos desarrollos en pleno centro marplatense.
De esta manera, la operación no sólo marca un cambio de propietario para uno de los espacios más tradicionales de la ciudad, sino también el ingreso de uno de los grupos económicos más importantes del país a un mercado donde hasta ahora no tenía presencia directa. Una movida que, tal como adelantó La Tecla, promete reconfigurar parte del mapa comercial e inmobiliario de Mar del Plata.
Se acerca el vencimiento de una de las ordenanzas de excepciones para la construcción
A tres días de la caducidad de 25.113, el expediente de la prórroga continúa sin avances porque el radicalismo aguarda documentación sobre los resultados obtenidos desde su implementación.
A tres días del vencimiento de la última prórroga de una de las ordenanzas del Régimen de Incentivos a la Construcción, el gobierno local no logró reunir los consensos necesarios para extender una herramienta que considera clave para sostener la inversión privada en Mar del Plata. Pero el principal escollo no apareció en la oposición, sino dentro de la propia coalición oficialista.
El bloque de la Unión Cívica Radical-Nuevos Aires decidió no acompañar por ahora la nueva extensión de la Ordenanza 25.113 y exigió, al igual que los bloques opositores, información detallada sobre los resultados concretos del régimen. El expediente permanece frenado en la Comisión de Legislación, presidida por el radical Ariel Bordaisco, a la espera de respuestas que todavía no llegaron.
Los pedidos de informes apuntan a conocer cuántos proyectos se aprobaron bajo el régimen, cuántos metros cuadrados se construyeron efectivamente, cuál fue su impacto en el empleo, cuánto aumentó la recaudación municipal, qué consecuencias tuvo sobre la infraestructura urbana y los servicios públicos y cuál fue su impacto ambiental. También se solicitó una revisión integral de la normativa y precisiones sobre una eventual actualización del Código de Ordenamiento Territorial.
La consulta alcanza además a Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), que deberá informar cómo impactó el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios promovidos por la ordenanza sobre las redes y servicios que presta la empresa.
La situación genera preocupación en el Ejecutivo. La ordenanza ya había vencido en 2024 y el Concejo debió convalidar una extensión para evitar un vacío normativo. Desde entonces, el esquema sobrevivió y ahora enfrenta una nueva fecha límite: el próximo 14 de junio.
La propuesta oficial busca prolongar la vigencia del régimen por otros 18 meses, hasta diciembre de 2027. En los fundamentos del proyecto, el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Jorge “Guasa” González, defendió la continuidad del esquema al sostener que permitió registrar más de 2,6 millones de metros cuadrados aprobados para construir, dinamizar la actividad privada y sostener el empleo en uno de los sectores más importantes de la economía local.
Sin embargo, antes de habilitar una nueva prórroga, radicales y opositores quieren ver los números. Y por ahora, las respuestas siguen sin aparecer. La incógnita es si los informes llegarán a tiempo y si serán suficientes para convencer a los socios del oficialismo de destrabar un expediente que se convirtió en una inesperada piedra en el zapato en el gobierno
El acuerdo salarial frena el paro en la UNMdP, pero no desactiva el reclamo
La suspensión de la medida de fuerza docente previsto para la próxima semana le da algo de aire a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sin embargo, gremios y autoridades coinciden en que el acuerdo alcanzado con el Gobierno está lejos de resolver el conflicto de fondo. La pelea por el financiamiento universitario continuará, mientras los docentes esperan que el Gobierno cumpla con lo anunciado.
Luego de dos años de marchas, clases públicas, paros y reclamos por el financiamiento universitario, la Universidad Nacional de Mar del Plata encontró un motivo para bajar momentáneamente la tensión. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional, las universidades y los gremios permitió destrabar una negociación que llevaba más de dos años congelada y abrió una ventana de alivio para docentes y autoridades.
La principal consecuencia en la ciudad será la suspensión del paro que ADUM tenía previsto realizar entre el 16 y el 20 de junio. La decisión llegó luego de que una mayoría de docentes respaldara la propuesta oficial en la consulta interna impulsada por el gremio. Según los resultados difundidos, el 62,8% se inclinó por aceptar el ofrecimiento salarial, mientras que el 37,2% consideró insuficiente la propuesta.
Sin embargo, en la universidad marplatense nadie habla de una solución definitiva. El acuerdo contempla una recomposición salarial, mejoras para los gastos de funcionamiento y un incremento en algunas becas, pero tanto los sindicatos como los rectores entienden que se trata apenas de una respuesta parcial frente a un problema que se arrastra desde el inicio de la gestión libertaria.
La cautela no es casual. Durante los últimos dos años, la UNMdP fue una de las instituciones que protagonizó las movilizaciones contra el ajuste universitario impulsado por la Casa Rosada. Las multitudinarias marchas en defensa de la educación pública, la pérdida de poder adquisitivo de los docentes y las dificultades presupuestarias colocaron a la universidad en el centro de una disputa que trascendió lo académico para convertirse en una pelea política.
Por eso, aunque el paro quedó en suspenso, el conflicto sigue abierto. Desde ADUM ratificaron que continuarán impulsando acciones en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron que seguirán monitoreando el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Gobierno. En otras palabras, la universidad consiguió algo de oxígeno, pero todavía está lejos de dar por terminada la batalla.
El Ejecutivo expande los beneficios de la construcción en medio de la interna legislativa
A tres días de que venza el régimen de incentivos, el gobierno municipal presentó un proyecto para incluir nuevos distritos del macrocentro en los beneficios de altura. La medida busca redoblar la apuesta urbanística y destrabar la parálisis en el Concejo Deliberante, donde sus propios socios de la UCR exigen informes técnicos antes de otorgar una prórroga.
A tres días de que expire el plazo legal para la continuidad del Régimen de Incentivos a la Construcción, el Departamento Ejecutivo movió una nueva pieza en el tablero del Concejo Deliberante de General Pueyrredon. A través del expediente 1474/26 ingresado formalmente este jueves, el gobierno local aspira a ampliar los alcances del corredor urbanístico céntrico mediante una reforma técnica que reactiva la puja política dentro del propio interbloque oficialista, en una carrera contrarreloj que tiene como fecha límite el próximo 14 de junio.
La iniciativa del Ejecutivo municipal propone una modificación directa al artículo 3º de la Ordenanza Nº 25.527 y al artículo 4º del Anexo I de la Ordenanza nº 25.113. El argumento central del proyecto radica en subsanar lo que califica como una exclusión involuntaria de los distritos urbanísticos R2 y C2, localizados en áreas estratégicas del micro y macrocentro de Mar del Plata. De acuerdo con los fundamentos del texto oficial, estas zonas habían quedado al margen de los beneficios de altura y de la implementación de la tipología híbrida que ya rige para los sectores R1, C1 y C1a, los cuales permiten combinar estructuras entre medianeras con volúmenes de perímetro libre en altura para agotar los indicadores de la Ley Provincial 8912.
La presentación de este expediente introduce un giro metodológico y político en el debate legislativo. Mientras el proyecto principal para prorrogar el régimen general por 18 meses adicionales permanece encallado en la Comisión de Legislación debido a las exigencias de la UCR + Nuevos Aires y de las bancadas opositoras, el Ejecutivo responde con una propuesta de expansión sectorial. La parálisis previa responía a una demanda unánime de informes detallados sobre metros cuadrados construidos, generación de empleo y, fundamentalmente, la factibilidad técnica de las redes de servicios públicos que debe avalar Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE). En lugar de limitarse a responder el requerimiento de datos sobre lo ya ejecutado, la administración central optó por redoblar la apuesta normativa e incorporar nuevos polígonos urbanos al esquema de beneficios de altura.
El proyecto promueve explícitamente la asociación de parcelas menores para generar los retiros laterales mínimos obligatorios de 3,15 y 4,15 metros, necesarios para sobreelevar estructuras exentas. Según consta en las actuaciones presentadas, la adecuación normativa de estos distritos específicos apunta a aportar soluciones eficientes a problemáticas urbanas y contribuir de manera directa a dinamizar la industria de la construcción local.
En términos de impacto ciudadano y debate ambiental, el expediente reabre la discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo de la ciudad. El Ejecutivo sostiene en el documento que estas prácticas morfológicas optimizan la cuadrícula urbana, favorecen el asoleamiento y consolidan buenas prácticas ambientales. Sin embargo, el ingreso del proyecto en el actual escenario de tensión política obliga a los bloques legislativos a definir una postura de manera perentoria. El radicalismo, que mantiene la presidencia de la comisión clave del debate, se encuentra ante la disyuntiva de convalidar esta ampliación técnica del macrocentro o mantener la exigencia de los informes de impacto estructural antes de dar luz verde a un régimen que expira en apenas setenta y dos horas.
El fin de la concesión de Punta Iglesia abre una compleja disputa política y comercial
El Ente Municipal de Turismo y Cultura rechazó formalmente el pedido de prórroga de la actual firma concesionaria. La decisión reactiva el interés sobre una de las zonas más estratégicas de la costa de Mar del Plata y pone en marcha una silenciosa carrera de negociaciones por el futuro pliego licitatorio.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de Mar del Plata dictó una resolución clave que reconfigura el mapa de la explotación costera en la ciudad. Mediante una resolución, la administración local resolvió rechazar de manera definitiva la solicitud de prórroga presentada por la firma Balena Argentina S.A. para la Unidad Turística Fiscal (UTF) Balneario Punta Iglesia. La empresa, que operaba el espacio costero, pretendía una nueva extensión contractual por un plazo de diez años a partir del vencimiento de su contrato. Con esta negativa oficial, publicada en el Boletín Oficial del partido de General Pueyrredon, se cierra un ciclo administrativo y se abre un complejo escenario de discusión pública y privada en torno al destino de una de las playas con mayor valor simbólico y comercial del distrito.
Los argumentos esgrimidos en el documento oficial exponen una “imposibilidad jurídica” de dar curso al pedido privado. La normativa que rigió la adjudicación original preveía un plazo de doce años de explotación con una única opción de prórroga por cuatro años más. Esta extensión ya había sido otorgada y perfeccionada en el año 2023, fijando el límite improrrogable del vínculo para el pasado 30 de abril de 2026. Frente a la falta de sustento legal para otorgar nuevos plazos extraordinarios y ante la extinción natural del contrato, el municipio recordó la vigencia del artículo 232 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que obliga a que toda concesión de bienes de dominio público se realice exclusivamente mediante los mecanismos de licitación pública, salvaguardando los principios de igualdad, concurrencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Más allá del encuadre legal, la resolución fundamenta la necesidad del recambio institucional en razones operativas y de desarrollo urbano. Desde el Ejecutivo local se advierte que las condiciones socioeconómicas, de servicios y las demandas de los usuarios han cambiado radicalmente desde el diseño del pliego anterior. Asimismo, la infraestructura de Punta Iglesia requiere en la actualidad una intervención profunda que incluye obras de renovación, modernización y mantenimiento de gran envergadura. Para asegurar que un inversor privado asuma semejante desembolso financiero, el Estado municipal considera indispensable estructurar un nuevo esquema contractual que equilibre las inversiones exigidas con un plazo concesional adecuado, algo inviable bajo el viejo contrato.
Esta definición administrativa desplaza la atención hacia el plano netamente político y corporativo. La inminente confección de un nuevo pliego de bases y condiciones para licitar la UTF Punta Iglesia marca el inicio de una carrera de intereses y gestiones de lobby que se trasladará de inmediato a las oficinas del Ejecutivo y a las comisiones del Concejo Deliberante. Al tratarse de un enclave estratégico lindero al microcentro y con un flujo peatonal durante todo el año, la letra chica del futuro pliego resulta crucial para diversos grupos empresariales locales y nacionales que ya miran con atención el predio.
El debate central de los próximos meses girará en torno a las condiciones que fije el municipio para captar oferentes. La determinación del canon económico, la escala de las obras de infraestructura requeridas y la flexibilidad para desarrollar propuestas gastronómicas, comerciales o de entretenimiento serán las variables críticas que definirán qué tipo de empresas podrán competir con posibilidades reales de adjudicación. En el tablero político local, la redacción de estas condiciones técnicas no estará exenta de tensiones, ya que el diseño del pliego delineará el modelo de desarrollo costero pretendido para el sector, confrontando miradas sobre la privatización del espacio público, el perfil turístico de la ciudad y el peso de las inversiones privadas en el patrimonio marplatense.
El monopolio de las excepciones constructivas enciende las alarmas en el empresariado
La cartelización de las excepciones constructivas bajo el influjo del estudio Mariani deja de ser un problema doméstico y enciende alarmas externas, amenazando la competitividad, el empleo y los ingresos de la comuna.
La discusión en torno al desarrollo inmobiliario en Mar del Plata ha dejado de ser una preocupación exclusiva de los defensores del patrimonio histórico o de las asambleas vecinales para convertirse en un factor de profunda inquietud económica dentro del propio sector privado. En los pasillos de las cámaras empresariales y en las mesas donde se definen las inversiones de la ciudad, el malestar y el temor comenzaron a ganar terreno frente a lo que se percibe como una alucinante concentración de los proyectos. El foco de esta tensión apunta directamente al estudio Mariani-Pérez Maraviglia-Cañadas, conducido por el arquitecto Jerónimo Mariani, cuya omnipresencia en las decisiones urbanísticas del municipio empieza a ser evaluada no como una muestra de éxito comercial, sino como la consolidación de “un esquema monopólico” que asfixia la libre competencia.
Detrás de esta figura se esconde un entramado corporativo firmemente asentado; según los registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Mariani está inscripto desde fines de 2013 tanto en los servicios de arquitectura e ingeniería como en la dirección y gestión empresarial de sociedades anónimas, una dualidad tributaria que refleja con precisión su rol como planificador técnico y estratega de negocios en el distrito.
Quienes conocen desde adentro el funcionamiento del mercado local sostienen que la situación actual no responde a una coyuntura aislada ni a las lógicas de la actual administración municipal. El diagnóstico que circula en el ámbito corporativo describe una estructura consolidada a lo largo del tiempo que ha logrado permear distintas banderas políticas. "En los últimos 30 años, todos los grandes proyectos pasaron por Mariani. En todas las licitaciones, en todo lo que está metido en la municipalidad aparece Mariani. Todos los edificios que hay que no estaban permitidos, que tiraron todo el patrimonio abajo, salieron por excepción. Es una familia con mucho poder en Mar del Plata", señalan voces calificadas del sector constructivo, advirtiendo que el escenario contemporáneo "no es una casualidad, sino más bien una consecuencia de esto".
Desde esta perspectiva, la pérdida de la identidad residencial y arquitectónica de la ciudad es el correlato directo de un sistema donde "nadie habla del patrimonio cultural que se tiraron abajo, todas las casas de Mar del Plata para hacer grandes edificios y a donde figura permanentemente Mariani", una realidad que, aseguran, "no viene de este gobierno, viene de hace más de 20 años y trascendió gestiones".
La retracción de las inversiones y el riesgo del juego cerrado
El impacto de este modelo trasciende largamente la discusión estética o cultural y golpea de lleno las variables financieras del distrito. La preocupación principal del empresariado radica en la distorsión de las reglas de juego. En términos económicos, el diagnóstico sectorial es tajante al señalar que el beneficio del actual despliegue inmobiliario queda confinado a un círculo extremadamente estrecho: "Económicamente son los pocos vivos que construyen, los que se han facturado millones de dólares. Mariani hoy debe tener negocios por 20, 25 millones de dólares. Va todo en una perspectiva de monopolio". A este panorama se suma el asombro ante la pasividad de los organismos de control y las instituciones profesionales, advirtiendo que "nadie está hablando de esto. Nadie se hace cargo, nadie dice nada. Ni siquiera el Colegio de Arquitectos. Hay un silencio realmente alarmante si esto sigue así".
Esta dinámica se complementa con alianzas estratégicas recurrentes, describiéndose una "relación intrínseca también con Florencia Miconi", presidenta de la constructora IMASA.
Miconi, según los registros de las autoridades fiscales, comparte el mismo encuadre de ARCA orientado específicamente al asesoramiento, dirección y gestión empresarial de sociedades anónimas. Es con este perfil corporativo de alto rango que el estudio Mariani coordina el desarrollo de la torre de 35 pisos en la zona de Alem, calificado internamente como "el proyecto más polémico" de los últimos tiempos, mientras se vislumbran nuevos expedientes listos para ingresar o ya en tratamiento en el Concejo Deliberante, orientados con especial fuerza hacia la cotizada zona de Playa Grande.
El factor verdaderamente novedoso en la política vernácula es que este avance sistemático ha comenzado a generar temor entre los propios pares del sector de la construcción y las inversiones generales. La percepción de que un solo actor cuenta con la capacidad de moldear las normativas locales a su medida ha sembrado una profunda desconfianza. "Ahora muchos empresarios se asustaron con Mariani. Por su accionar. Cree que es intocable", confiesan fuentes del mercado, alertando sobre las consecuencias macroeconómicas que este recelo puede acarrear para General Pueyrredon. El razonamiento es netamente pragmático: si las reglas no son iguales para todos y un competidor posee el monopolio de la excepción, el resto de las empresas prefiere retirar sus capitales o abstenerse de competir. "Mañana les puede caer a cualquiera. Los empresarios se asustan. ¿Cómo este tipo hizo esto?", sintetiza el malestar corporativo.
Esta atmósfera de desconfianza limita severamente el juego del sector empresarial y restringe las ofertas que las firmas —ya sean locales, nacionales o internacionales— están dispuestas a presentar en las distintas licitaciones y concursos de la ciudad. A largo plazo, el resultado previsible de un mercado sin competencia es la devaluación de los activos públicos, la oferta de cánones municipales más bajos por la falta de oferentes, la parálisis de proyectos alternativos y, en consecuencia, un menor impacto económico global que terminará repercutiendo en una menor demanda de mano de obra local. La parálisis de la planificación integral en favor del beneficio inmediato parece encontrar su explicación definitiva en la matriz misma de la gestión urbana de las últimas décadas, donde el empresariado concluye con una amarga certeza: "No hay una planificación, sale todo por excepción. Algunas excepciones ya tenían su nombre incluso antes de que salieran".