CONCEJO DELIBERANTE
La Tecla Mar del Plata
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
La trama detrás del desalojo de Punta Iglesia y las sombras de un nuevo "favorito"
Según trascendió, Balena Argentina buscaría frenar su salida de la UTF mientras crecen las sospechas sobre el futuro destino de uno de los balnearios más emblemáticos de Mar del Plata. En medio de las sospechas por la salida de la concesionaria, crecen las versiones que vinculan la decisión con una futura licitación que favorecería al empresario Carlos "El Griego" Phipalsidis.
La trama detrás de las concesiones de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) en Mar del Plata sumó un capítulo que amenaza con convertirse en un verdadero tsunami político y judicial. En el centro de la escena aparece el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), conducido por el polémico coach ontológico Diego Juárez, bajo cuya gestión se firmó la Resolución REMT-2026-220-E que rechazó la prórroga de la explotación del tradicional Balneario Punta Iglesia a la firma Balena Argentina S.A. La decisión no solo desató una fuerte contraofensiva legal de la empresa, sino que también reavivó versiones sobre presuntos favoritismos y posibles negocios detrás de una futura licitación.
Fuentes vinculadas al sector empresarial de la ciudad aseguran que la intempestiva salida de la concesionaria no sería un hecho aislado. En los pasillos municipales circula con insistencia la versión de que la medida podría ser el primer paso para despejar el camino hacia una nueva licitación que tendría como principal beneficiario a Carlos "El Griego" Phipalsidis, uno de los empresarios más poderosos del negocio de las playas y la noche marplatense, que ya concentra varias UTF a lo largo de la costa local.
La firma afectada, presidida por Hugo A. Amado Kohli, presentó un recurso administrativo contra la resolución del EMTURyC. Según trascendió de fuentes judiciales, la empresa solicitó la revocación del acto ante el propio Juárez o, en su defecto, que el expediente sea elevado al intendente Guillermo Montenegro para su revisión. Los argumentos incluidos en la presentación apuntan no solo a una supuesta "mala fe administrativa", sino también a una presunta falta de control por parte del Municipio sobre el espacio público concesionado.
En ese sentido, desde el entorno de la empresa remarcan que Balena Argentina jamás recibió sanciones, multas ni apercibimientos durante toda la vigencia del contrato. Además, destacan que el balneario cuenta con final de obra aprobado y fue distinguido en dos oportunidades consecutivas como "Balneario Modelo en Accesibilidad", gracias a las inversiones realizadas para garantizar infraestructura adecuada a personas con movilidad reducida.
Sin embargo, el núcleo del conflicto estaría en otro aspecto. Según sostienen fuentes cercanas a la causa, durante años el Municipio habría tolerado la presencia de un "balneario paralelo" ilegal que ocupó gran parte del frente de playa pública. Esa situación habría impedido a la concesionaria instalar módulos gastronómicos contemplados en el pliego y explotar las sombras móviles que le habían sido otorgadas como compensación, afectando seriamente la ecuación económica del emprendimiento.
La controversia también alcanza a los fundamentos utilizados por el EMTURyC para rechazar la continuidad de la concesión. La resolución sostiene que Punta Iglesia requiere obras de renovación y modernización de gran magnitud. Sin embargo, desde la empresa aseguran que ese diagnóstico surge de un proyecto integral que fue encargado y financiado por la propia Balena Argentina S.A. a partir de conversaciones mantenidas con autoridades municipales.
El plan, elaborado por la arquitecta Natalia Mercedes Antelo y presentado formalmente ante el Ente, contemplaba la puesta en valor del Puente Peatonal Arturo Illia, la recuperación del deteriorado Espigón de Pescadores y la modernización de los sanitarios públicos y del centro de jubilados lindero. La paradoja, según sostienen desde la firma, es que esas mismas necesidades edilicias identificadas en el proyecto habrían sido utilizadas luego como argumento para justificar la no renovación de la concesión y avanzar hacia un nuevo proceso licitatorio.
A este escenario se sumó un episodio reciente que profundizó el malestar de la empresa. Tras la ciclogénesis que golpeó a Mar del Plata en mayo de este año y que dejó más de 70 centímetros de agua dentro de las instalaciones, la concesionaria afrontó con recursos propios trabajos de emergencia para preservar el predio. Entre las tareas realizadas se incluyeron el uso de bombas de desagote, la contratación de cuadrillas para remover grandes cantidades de arena y la reparación integral del sistema de bombeo.
Según plantean desde el entorno judicial de la causa, apenas unos días después de concretar esas inversiones extraordinarias, el EMTURyC dictó la resolución que dispuso el fin de la concesión. Por ese motivo, la presentación de la empresa sostiene que existe un supuesto "enriquecimiento sin causa" por parte del Estado municipal, que terminaría beneficiándose de mejoras millonarias financiadas por el privado poco antes de perder el control de la UTF.
Mientras tanto, Balena Argentina busca obtener una medida cautelar que suspenda cualquier intento de desalojo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La firma también dejó planteada la posibilidad de acudir a la Justicia Contencioso Administrativa si su reclamo administrativo es rechazado.
El expediente podría sumar además un nuevo capítulo político. Según pudo saber este medio, la empresa solicitó que todas las actuaciones sean remitidas al Honorable Concejo Deliberante para que los distintos bloques analicen los alcances de la resolución. De prosperar ese pedido, el conflicto por Punta Iglesia podría trasladarse al terreno político y abrir un debate sobre el manejo de las UTF, las futuras licitaciones y las sospechas de favoritismo que vuelven a sobrevolar uno de los negocios más sensibles de la costa marplatense.