Los escándalos por las excepciones urbanas agotan la vía administrativa y mudarían la batalla a los tribunales
Ante el sistemático silencio del Municipio frente a los pedidos de informes por el pliego del Estadio Minella, el frente judicial queda abierto. El avance de las corporaciones sobre la planificación local y los ruidos de una presunta injerencia en la CGT local exponen un entramado de asimetrías donde el Estado municipal abdica de sus controles.
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Mientras el país festeja el agónico triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto para sellar la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, los ecos de la geopolítica deportiva global proyectan una incómoda sombra sobre la realidad marplatense. El reciente escándalo protagonizado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien admitió haber telefoneado directamente al titular de la FIFA para dejar en suspenso la tarjeta roja del delantero Folarin Balogun, desnudó ante los ojos del mundo los mecanismos del lobby y la prepotencia del poder ejecutivo por sobre los reglamentos institucionales. En Mar del Plata, esa lógica de saltearse las normas generales en beneficio de un puñado de privilegiados no es una novedad mundialista; es la matriz de gestión con la que se viene moldeando el perfil de la ciudad a fuerza de excepciones.
Las alarmas ya no se limitan a la escandalosa torre de 35 pisos proyectada en el sector costero de Alem al 2500. El conflicto escaló de escala y de escenario. Tras cumplirse holgadamente los plazos legales sin recibir respuestas por parte de la comuna a los pedidos de informes tramitados bajo la ordenanza de acceso a la información pública, la vía administrativa ha quedado formalmente agotada en la ciudad. El oscurantismo oficial frente al expediente del Estadio Mundialista José María Minella, el Polideportivo y los espacios comunes del Campo de Deportes Teodoro Bronzini —bienes entregados en posesión por 30 años con opción a una década más a una firma cuya solvencia y composición aún se ocultan a la ciudadanía— prepara, para los sectores opositores, un terreno liberado para el inicio de un severo reclamo judicial. El gobierno municipal demuestra una celeridad asombrosa para convalidar los negocios de sus desarrolladores aliados, pero, según la oposición y sectores críticos, padece de una sordera crónica a la hora de rendir cuentas.
El caso de la proyectada torre de La Robla condensa este esquema de asimetrías extremas donde el rol equilibrador del Estado brilla por su ausencia. El expediente acumula un inventario de anomalías que van desde los llamativos "olvidos" societarios del arquitecto Jerónimo Mariani ante el tribunal contencioso hasta las confesiones de su socio, Oscar Cañadas, admitiendo que el propio Municipio les exigió elevar la torre a 35 plantas para garantizar el retorno de las inversiones corporativas. A esto se suma el escándalo matricular del asesor Ricardo Rodríguez y el flagrante conflicto de intereses que rodea a María Müller, esposa del actual secretario de Obras Públicas comunal, Jorge "Guasa" González. Müller es la encargada de suscribir y validar con su firma los estudios de impacto ambiental de los mismos proyectos que luego su marido promueve y acelera desde el gabinete. Mientras las oficinas técnicas demoran meses en contestar una simple nota ciudadana, el Concejo Deliberante “opera bajo una suerte de obediencia debida, aprobando prácticamente a libro cerrado y en tiempo récord las excepciones urbanas que bajan desde el despacho principal del Ejecutivo”.
Esta metodología de la excepción permanente no es un hecho aislado. En los pasillos políticos de la ciudad se recuerda el sospechoso derrotero de la torre de 15 pisos autorizada en Colón y Güemes, en una zona donde el límite estricto es de 8 plantas. Aquel trámite, frenado originalmente en 2023 tras una advertencia de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presuntos vínculos de la firma peticionante con el financiamiento del narcotráfico, se destrabó de manera exprés el año pasado. Bastó una simple nota del estudio jurídico Cúneo Libarona —comandado por el hermano del entonces ministro de Justicia de la Nación— asegurando que su cliente no registraba problemas legales, para que la mayoría automática del Concejo Deliberante levantara la mano y convalidara la excepción sin mayores auditorías.
Párrafo aparte para la “oposición” en el Concejo. Con tres bloques políticos que representan 10 ediles, la oposición política parece resignada a entregar el futuro urbanístico de Mar del Plata. Sin debates profundos, sin una socialización de la información a la ciudadanía, sin marcar la cancha al oficialismo “porque tiene mayoría automática”, el sector que dice llamarse “oposición” aparenta no estar a la altura. ¿Cómo se cumple el rol de contralor del Poder Legislativo, si los ediles “opositores” no dan la talla? ¿Nadie pagará costos?
El avance de este bloque de poder económico, liderado por la titular de la constructora IMASA, Florencia Miconi, amaga ahora con desbordar los límites de los desarrollos inmobiliarios para adentrarse de lleno en la arena de la política gremial local. Según trascendidos que circulan con fuerza en el ámbito sindical, la empresaria estaría buscando intervenir de manera directa en las decisiones de la CGT regional Mar del Plata. En ese tablero, el brazo ejecutor de esta estrategia de expansión corporativa sería la conducción de la UOCRA local, actualmente presidida por César Trujillo, un movimiento político que consolidaría el alineamiento directo entre la patronal constructora, el sindicato del sector y el andamiaje de favores que digita la obra pública y privada en el distrito.
Desde la óptica de la parte actora que impulsa la resistencia en los tribunales, coordinada por entidades como Mirada Ciudadana y Surfrider Argentina, este escenario configura una profunda crisis de representatividad democrática. Ante la degradación de las audiencias públicas —que la comuna convoca a regañadientes y despoja de carácter vinculante—, los vecinos se encuentran atrapados en una contienda profundamente desigual contra la alianza explícita del poder político y el corporativo. Agotadas las instancias de diálogo y ante un Concejo “que legisla de espaldas al planeamiento sustentable”, el desembarco del conflicto en los tribunales contenciosos se presenta como la última trinchera disponible para exigir transparencia y frenar la discrecionalidad urbana que amenaza con baldosar la identidad de Mar del Plata.
