Un vínculo se rompió en el sistema educativo bonaerense. La escuela perdió parte de la autoridad que supo representar y, con ella, la figura del docente pasó a ser blanco de amenazas y agresiones. Medidas paliativas, estadísticas ausentes y una problemática que no deja de crecer.

Caso a caso, docente a docente, las agresiones son moneda corriente dentro y fuera de las instituciones educativas. La violencia escolar dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una de las principales preocupaciones del sistema educativo provincial y del cuerpo de trabajadores de la educación que día a día habitan las aulas bonaerenses. En este contexto, casos de agresiones físicas y verbales contra docentes, amenazas de familiares y situaciones de conflictividad creciente dentro de las escuelas volvieron a ocupar la agenda pública durante las últimas semanas, especialmente tras el caso ocurrido en Tandil, donde un docente fue atacado en un episodio que generó conmoción y reavivó el debate sobre las condiciones de trabajo en las escuelas.

La preocupación escaló a tal punto que el tema se coló en las negociaciones paritarias entre los gremios docentes y el gobierno de Axel Kicillof. Con la oreja caliente, los sindicatos reclaman mayores herramientas de prevención, protocolos más ágiles de intervención y acompañamiento institucional frente a episodios que, aseguran, se repiten cada vez con más frecuencia en distintos puntos de la provincia.

El docente tandilense Gastón Maximiliano Valdez sufrió fracturas en la mandíbula y en uno de los pómulos durante aquel episodio.

Si bien sociólogos y especialistas en educación aún intentan dar con la fibra que se rompió en la sociedad, la realidad es una; el maestro ya no es aquel emblema de enseñanza o de conexión con la comunidad. Tal como sucede con médicos y otros profesionales, la escuela como institución se ha roto y con ella se ha llevado puesta la figura del docente para ser objeto de acusaciones y agravios ya no solo de sus alumnos sino de sus padres. Algo que hoy los más grandes tildan de ilógico.

En respuesta a este reclamo, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, anunció recientemente medidas vinculadas al seguimiento de denuncias por violencia escolar, reconociendo la preocupación existente dentro de la comunidad educativa. “La Fiscalía se presentará como parte interesada y nosotros vamos a trabajar para remitir inmediatamente toda la información necesaria”, explicó la funcionaria.

Sobre la gestión provincial pesan cuestionamientos sobre la escasa disponibilidad pública de información oficial.

De esta manera, la Fiscalía de Estado intervendrá como parte interesada en todas las causas penales que se inicien por agresiones contra trabajadores de la educación. La decisión cobra relevancia si se tiene en cuenta la magnitud del problema: cada año se registran cerca de mil casos de violencia contra trabajadores de la educación.

Al margen del anuncio de la ministra, la Provincia cuenta con un ente encargado de monitorear y sistematizar este tipo de situaciones. El Observatorio de Políticas de Convivencia de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), según la propia cartera educativa, es el espacio responsable de realizar informes trimestrales sobre la vulneración de derechos en el ámbito escolar y elaborar herramientas para la intervención territorial.

"Nos proponemos contextualizar una de ellas (líneas de acción del Observatorio), la actualización de instrumentos compartidos para recolectar información territorial, en un proyecto de trabajo político educativo apoyado en la lectura cualitativa de la información descriptiva que surge del análisis del relevamiento trimestral cuantitativo", señala documentación oficial de la DGCyE respecto del trabajo que desarrolla el Observatorio.

Sin embargo, entre los docentes existe escepticismo respecto de estas medidas. “Ahora se han comprometido a una campaña de “Cuidemos a quienes enseñan”, pero viniendo de los mismos que nos hacen trabajar doble y triple cargo porque pagan salarios muy por debajo de las necesidades, realmente, no nos suena muy creíble”, afirmó una docente de la Región 3. Además, afirman que una denuncia penal puede entorpecer la asistencia o acompañamiento al docente para priorizar las acusaciones.

En relación con los informes y estadísticas, sobre la gestión provincial pesan cuestionamientos sobre la escasa disponibilidad pública de información oficial que permita medir y evaluar las agresiones a personal institucional en unidades educativas en PBA. Si bien desde la DGCyE sostienen que los relevamientos se realizan trimestralmente, especialistas y líderes sindicales aseguran que los datos sistematizados no son de acceso abierto, lo que dificulta conocer con precisión la evolución de la violencia escolar, identificar patrones y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Tal es así que los últimos datos oficiales difundidos corresponden a un estudio realizado en 2022 por el propio Observatorio. Allí se registraron 101.756 situaciones de conflicto en establecimientos educativos bonaerenses. De ese universo, 1.840 casos estuvieron vinculados a acciones violentas ejercidas por familiares contra docentes o auxiliares. Aunque representan una porción minoritaria del total, el número evidencia una problemática que impacta directamente sobre quienes trabajan en las escuelas.

La magnitud del sistema educativo bonaerense también explica la complejidad del fenómeno. Según el Relevamiento Final 2025, la provincia de Buenos Aires cuenta con 20.668 unidades educativas, de las cuales 15.958 corresponden a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, donde asisten 3.842.833 estudiantes. El nivel Primario concentra la mayor matrícula con 1.630.888 alumnos distribuidos en 5.879 establecimientos, seguido por el Secundario con 1.455.601 estudiantes en 4.026 escuelas, mientras que el Nivel Inicial reúne 584.930 alumnos en 5.618 jardines. A ellos se suman 171.414 estudiantes del Nivel Superior, distribuidos en 435 instituciones. En este contexto, cualquier estrategia de prevención y abordaje de la violencia escolar debe alcanzar a una de las redes educativas más grandes del país.

Como síntoma de este malestar en torno a los datos, la Legislatura bonaerense alberga proyectos para solventar estas problemáticas. Una de ellas fue presentada por la senadora de Unión y Libertad Silvana Ventura, integrante de la comisión de Niñez y Adolescencia. El proyecto propone crear un Observatorio Estatal contra la Violencia Escolar con el objetivo de prevenir, monitorear y erradicar situaciones de violencia en establecimientos educativos públicos y privados de la provincia.

La iniciativa apunta a construir un sistema permanente de recopilación de datos, elaborar diagnósticos periódicos y generar recomendaciones para los distintos niveles del Estado. Sus impulsores sostienen que sin información consolidada resulta imposible dimensionar la magnitud real del fenómeno ni evaluar la eficacia de las medidas implementadas.

En paralelo, desde la Unión Cívica Radical avanzan con otro proyecto que busca institucionalizar el Programa Provincial GIRE (Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas). La propuesta pretende otorgarle rango legal a una herramienta destinada a fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones críticas dentro de los establecimientos educativos.

Mientras los episodios de violencia se multiplican y la preocupación crece entre docentes y directivos, la discusión ya no gira únicamente en torno a los casos puntuales, sino también sobre la capacidad del Estado para medir, prevenir y responder a una problemática que se instaló definitivamente en el centro de la agenda educativa bonaerense.

Priscila Minnard, diputada radical
"Hoy los docentes están desprotegidos frente a situaciones que exceden la educación"

Para la diputada provincial de la UCR Priscila Minnard, el crecimiento de los episodios de violencia escolar es la consecuencia de un sistema educativo al que se le exige dar respuesta a problemáticas sociales cada vez más complejas sin que haya recibido nuevas herramientas para hacerlo. "Hoy veo una desprotección muy grande de los docentes, de los directivos y de quienes están a cargo de las escuelas. Al sistema educativo le estamos exigiendo mucho más que enseñar: debe contener situaciones de violencia, vulnerabilidad social y ausencia del Estado que atraviesan a muchas familias bonaerenses. Sin embargo, tiene prácticamente las mismas herramientas de hace muchos años para enfrentar problemas que hoy son mucho más complejos", sostuvo.

"Hoy le estamos exigiendo al sistema educativo mucho más que enseñar. Las escuelas contienen problemáticas sociales, familiares y de vulneración de derechos que deberían ser abordadas por otras áreas del Estado, pero deben hacerlo prácticamente con las mismas herramientas de hace décadas", advirtió.

"Hay buena voluntad, pero hace falta una articulación mucho más profunda entre el ámbito educativo, los servicios locales y los equipos técnicos", expresó Minnard.

En ese marco, la legisladora impulsa un proyecto para otorgar rango legal al Programa Provincial GIRE (Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas), con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia, emergencias y otros episodios críticos dentro de los establecimientos educativos. Según explicó, las escuelas cuentan con protocolos formales, pero carecen de capacitación permanente y asistencia técnica para aplicarlos. "Las escuelas no están preparadas para afrontar un riesgo, ya sea una agresión física, una agresión verbal o cualquier otra emergencia. Los planes existen, pero muchas veces no se actualizan, no se revisan y quienes tienen la responsabilidad de conducir una escuela no reciben la formación necesaria para actuar", afirmó.

Al mismo tiempo, Minnard sostuvo que los docentes suelen ser "la primera puerta de entrada" para detectar situaciones de violencia familiar, abandono o vulneración de derechos. "Son quienes conocen a los chicos todos los días y muchas veces identifican antes que nadie que algo está pasando. Sin embargo, después no encuentran un sistema estatal que responda con la misma rapidez", afirmó.

La iniciativa propone articular el sistema educativo con la Dirección Provincial de Defensa Civil y con los cuerpos de bomberos voluntarios de cada distrito, aprovechando estructuras que ya funcionan en la provincia. "Queremos que docentes, directivos y auxiliares estén preparados para actuar durante los primeros minutos de una emergencia y puedan proteger tanto a los estudiantes como a los trabajadores de la educación. No se trata de crear nuevas estructuras ni de aumentar el gasto público, sino de coordinar mejor los recursos que ya existen", explicó. Minnard reveló además que el proyecto fue presentado personalmente a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, con la expectativa de que pueda ser debatido y enriquecido.

La diputada también cuestionó la falta de articulación entre el sistema educativo y los organismos encargados de la protección de niños y adolescentes. A su entender, muchas situaciones de violencia tienen origen en vulneraciones de derechos que trascienden el ámbito escolar y requieren la intervención de otras áreas del Estado. "Los docentes suelen ser quienes primero detectan los problemas que atraviesan los chicos y sus familias, pero después muchas veces no encuentran respuestas rápidas de los organismos que deberían intervenir. Educación y el sistema de protección de derechos avanzan por caminos distintos y eso demora las soluciones", advirtió.

En ese sentido, recordó que presentó pedidos de informes para conocer el estado de funcionamiento de los servicios locales de Niñez y Adolescencia en los municipios bonaerenses, la cantidad de profesionales con los que cuentan y el nivel de coordinación que mantienen con las escuelas. "Hay buena voluntad, pero hace falta una articulación mucho más profunda entre el ámbito educativo, los servicios locales y los equipos técnicos que intervienen en cada situación", señaló.

Finalmente, Minnard sostuvo que el deterioro de las condiciones laborales también agrava el escenario. "Hoy los docentes afrontan situaciones extremadamente complejas, muchas veces violentas, con salarios que no reflejan la responsabilidad que asumieron. Realizan tareas que exceden ampliamente la enseñanza por vocación y compromiso con los chicos, pero el Estado debe reconocer ese esfuerzo. Necesitamos que el Gobierno bonaerense atienda esta situación de manera integral, porque los docentes no quieren llegar al conflicto, pero muchas veces sienten que es la única forma de reclamar condiciones de trabajo dignas y seguras", concluyó.

Romina del Plá, diputada nacional y secretaria general de Suteba Matanza
"Hay familias que descargan su bronca sobre los docentes"

Teniendo en cuenta el panórama completo, la diputada nacional del Frente de Izquierda y secretaria general de SUTEBA La Matanza, Romina Del Plá, atribuyó el incremento de los hechos de violencia escolar al deterioro de las condiciones sociales y económicas que atraviesan los barrios bonaerenses. A su entender, la escuela se convirtió en el espacio donde impactan de lleno las consecuencias de la crisis y donde los docentes terminan enfrentando conflictos que exceden ampliamente su función pedagógica.

"El aumento de la violencia social tiene que ver con una profundización de la crisis económica y social, con el retroceso de las condiciones de vida y el crecimiento de la vulnerabilidad de las familias. Todo eso repercute en la escuela porque repercute en los estudiantes y en sus familias", sostuvo. Según explicó, mientras en muchos casos la comunidad educativa encuentra en la escuela un espacio para organizar reclamos frente al Estado, en otros los docentes terminan siendo identificados como representantes de un sistema que no responde a las necesidades de la población. "Hay familias que descargan su bronca sobre los docentes cuando los responsables de garantizar derechos son los gobiernos", afirmó.

"No todos los hechos de violencia ameritan o pueden resolverse mediante una causa penal", afirmó la diputada.

La dirigente sindical advirtió que los episodios de violencia "están lejos de ser hechos aislados" y sostuvo que existe una gran cantidad de casos que nunca alcanzan difusión pública. Como ejemplo, señaló que en apenas dos semanas se realizaron cerca de diez paros distritales en distintos municipios bonaerenses en respuesta a agresiones sufridas por trabajadores de la educación. "Son situaciones gravísimas que muchas veces no llegan a los medios, pero que muestran una problemática que se está generalizando", aseguró.

Del Plá recordó que, tras una fuerte movilización docente en 2022, la Provincia implementó un protocolo de resguardo y reparación para trabajadores víctimas de violencia. Sin embargo, cuestionó que su aplicación continúa siendo limitada y que las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno bonaerense siguen condicionando la asistencia a la existencia de una denuncia penal. "No todos los hechos de violencia ameritan o pueden resolverse mediante una causa penal. Esa condición termina siendo un obstáculo para proteger a los docentes y garantizarles el acompañamiento que necesitan", planteó.

En la misma línea, criticó el accionar de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) frente a las consecuencias psicológicas que generan estos episodios. Según explicó, durante mucho tiempo solo se reconocían lesiones físicas visibles, mientras se desestimaban cuadros de estrés, ansiedad o trauma derivados de situaciones de extrema violencia. "Si un docente pasó horas encerrado dentro de una escuela porque un grupo amenazaba con ingresar, existe una afectación psíquica concreta, aunque no tenga un brazo roto o una fractura. Eso también debe ser reconocido", sostuvo.

"Nosotros creemos que la salida pasa por fortalecer la organización de los docentes junto a las comunidades educativas para reclamar las condiciones que nuestras escuelas necesitan", concluyó.

CELEBRACIÓN

La política marplatense festejó el pase a semifinales en el Mundial 2026

La Selección Argentina derrotó 3 a 1 a Suiza y clasificó a semifinales de la Copa del Mundo. Así, enfrentará a Inglaterra. En este marco, la política marplatense se volcó a las redes, compartió mensajes y llenó de elogios a Julián Álvarez.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Violencia escolar sistematizada

Un vínculo se rompió en el sistema educativo bonaerense. La escuela perdió parte de la autoridad que supo representar y, con ella, la figura del docente pasó a ser blanco de amenazas y agresiones. Medidas paliativas, estadísticas ausentes y una problemática que no deja de crecer.

OTRAS NOTAS

La política marplatense festejó el pase a semifinales en el Mundial 2026

La Selección Argentina derrotó 3 a 1 a Suiza y clasificó a semifinales de la Copa del Mundo. Así, enfrentará a Inglaterra. En este marco, la política marplatense se volcó a las redes, compartió mensajes y llenó de elogios a Julián Álvarez.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Dolor en el PRO: falleció Érica Kezic y el arco político la despidió con emotivos mensajes

El sur gana terreno en el mapa urbano y Bendu refleja ese cambio

El podio de los proyectos que presentó cada concejal en junio

Lo que la semana nos dejó

China y Japón activan respuesta de emergencia ante el tifón Bavi