Apelan el escandaloso archivo judicial que beneficia al asesor clave de la sociedad Mariani-Miconi
Tras la cuestionada decisión de la fiscalía de desestimar la denuncia por usurpación de título contra Ricardo Rodríguez, un recurso ante el Fiscal de Cámara busca reactivar el expediente. El entramado de complicidades políticas, corporativas y judiciales que busca garantizar la impunidad de la planificación a la carta en Mar del Plata.
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La cuestionada trama de las excepciones urbanísticas en Mar del Plata enfrenta una nueva y decisiva encrucijada en los tribunales bonaerenses. Mientras la administración municipal mantiene una asombrosa velocidad para convalidar expedientes a medida de los grandes desarrolladores locales y un silencio sistemático frente a los reclamos de transparencia de la ciudadanía, el frente judicial comienza a cerrarse sobre los eslabones técnicos que viabilizan estos negocios de altura. En esta línea, un recurso de revisión presentado ante el Fiscal de Cámara Departamental busca reactivar la causa penal contra Ricardo Rodríguez, el hombre que aportó la firma profesional para sostener los proyectos de la constructora de Florencia Miconi a pesar de no estar legalmente habilitado para hacerlo. La presentación arremete contra la resolución del titular de la UFIJ N° 7, Carlos David Bruna, quien el pasado 12 de junio de 2026 dispuso el archivo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 08-00-010453-26/00, caratulada "Rodríguez, Ricardo s/Usurpación de títulos u honores".
La denuncia original, formulada el 10 de marzo de 2026, expuso que Rodríguez suscribió, actuando formalmente como arquitecto, al menos dos informes técnicos que sirvieron como "fundamentación urbanística" para solicitar usos e indicadores especiales en bienes declarados de interés patrimonial. Estos documentos, tramitados bajo la Secretaría de Obras de Jorge “Guasa” González, no fueron un simple trámite consultivo: constituyeron el soporte indispensable para que el Concejo Deliberante sancionara las polémicas ordenanzas de excepción 26.448 y 26.533, las cuales pavimentaron el camino para la torre de 35 pisos de La Robla. Sin embargo, la farsa técnica quedó al descubierto al constatarse que la matrícula profesional de Rodríguez ante el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires se encuentra suspendida desde el año 2011. A pesar de esta flagrante irregularidad, el fiscal Bruna optó por desestimar las actuaciones recurriendo a un polémico criterio de oportunidad encubierto, justificando que el conflicto ya se debate en sede contencioso administrativa y en el propio colegio profesional, y que la intervención de Rodríguez era "meramente consultiva".
El escrito de apelación pulveriza los argumentos de la fiscalía con un riguroso repaso de la normativa vigente. En primer lugar, desmonta la teoría de la "doble ventanilla" señalando que el Colegio de Arquitectos, bajo el artículo 26 de la Ley 10.405, solo posee facultades disciplinarias sobre sus matriculados activos. Al estar suspendido desde hace quince años, la entidad carece de jurisdicción para sancionar a Rodríguez, por lo que la vía penal es la única herramienta idónea para investigar la usurpación de incumbencias. Del mismo modo, la apelación recuerda que el juicio de pretensión anulatoria que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 busca la invalidez de la ordenanza de excepción y no la determinación de responsabilidades penales de los particulares. De hecho, fue el propio juez de la causa, Simón Isacch, quien el pasado 29 de mayo de 2026 le sugirió de manera explícita a la representación de la actora que recurriera de manera directa a la justicia penal ante la gravedad de las irregularidades detectadas en el expediente.
La queja judicial es especialmente ácida al analizar el bien jurídico protegido por el artículo 247 del Código Penal. Al contrario de lo sostenido por el fiscal de instrucción, quien restó relevancia al informe de Rodríguez por considerar que no tuvo carácter de "dictamen pericial", la apelación subraya que la usurpación de títulos es un delito contra la fe pública. La doctrina penal es unánime al calificar esta figura como un delito de peligro abstracto o formal. Esto significa que la infracción se consuma por el solo hecho de arrogarse un título o suscribir un documento profesional sin la debida habilitación, con total independencia de si el Municipio o los concejales decidieron valorar o ignorar dicho insumo técnico a la hora de levantar la mano para aprobar la excepción. Convalidar el criterio de la fiscalía implicaría abrir una peligrosa vía de impunidad: bastaría con que el poder político declare que no leyó un informe apócrifo para que la conducta de quien lo firma quede libre de toda sanción legal.
La trascendencia de este recurso va mucho más allá de la situación particular de Rodríguez; golpea el corazón del andamiaje que une a la Fiduciaria Paisajes Urbanos de Florencia Miconi, a los arquitectos proyectistas Jerónimo Mariani y Oscar Cañadas, y a la propia cúpula de la Secretaría de Obras a cargo del "Guasa" González. En el mundillo político local es un secreto a voces la asimetría con la que opera la administración de General Pueyrredon: mientras se utilizan informes técnicos firmados por un profesional suspendido para dotar de una falsa pátina de legitimidad a rascacielos costeros, los estudios de impacto ambiental de esos mismos proyectos son validados por la firma de la ingeniera María Müller, quien casualmente es la esposa del secretario González.
La apelación advierte sobre el inminente riesgo de prescripción de la acción penal debido al paso del tiempo y solicita con urgencia que el Fiscal de Cámara revoque la desestimación y ordene llamar a Rodríguez a prestar declaración indagatoria. De lo contrario, la justicia marplatense no solo habrá archivado una denuncia, sino que consagraría la impunidad formal de un sistema donde las firmas sin respaldo legal cotizan al alza si sirven para aceitar los engranajes del capitalismo de excepción.
