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Con la ordenanza promulgada, el régimen de incentivos suma otra prórroga
La publicación en el Boletín Oficial terminó de formalizar la continuidad del esquema hasta diciembre de 2027, mientras sigue pendiente una reforma integral del Código de Ordenamiento Territorial y las compensaciones urbanísticas esperan .
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La continuidad del régimen de incentivos a la construcción ya dejó de ser una discusión política para convertirse en una realidad administrativa. Con la publicación en el Boletín Oficial, el gobierno municipal promulgó la ordenanza que extiende hasta diciembre de 2027 la vigencia del Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción, una herramienta que nació en plena pandemia y que, cinco años después, continúa marcando el rumbo del desarrollo inmobiliario en Mar del Plata.
La norma, firmada por el intendente interino Agustín Neme y el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Jorge "Guasa" González, prorroga por dieciocho meses —a partir de su vencimiento, ocurrido el 14 de junio de este año— el plazo establecido originalmente por la Ordenanza 25.113, que ya había sido extendida en dos oportunidades.
Lo que en 2021 fue presentado como un mecanismo de emergencia para sostener el empleo y evitar el freno de una actividad estratégica terminó consolidándose como una política urbana permanente. El régimen habilita incrementos en la capacidad constructiva y excepciones en altura para distintos distritos contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial (COT), transformándose en uno de los principales incentivos para nuevos emprendimientos inmobiliarios.
Sin embargo, el esquema arrastra una discusión que nunca terminó de resolverse. Junto con los beneficios para el sector privado debía funcionar un sistema de compensaciones urbanísticas previsto por la Ordenanza 25.115, destinado a equilibrar el impacto de las excepciones otorgadas. Ese mecanismo, una vez más, quedó fuera de escena y continúa sin aplicarse.
La extensión tampoco estuvo exenta de cuestionamientos durante su tratamiento legislativo. Desde la oposición reclamaron informes sobre el alcance real del régimen y hasta concejales del radicalismo, que acompañaron ese pedido, plantearon que el COT quedó desactualizado. En ese marco, insistieron en abandonar la lógica de las prórrogas sucesivas para avanzar en una revisión integral del ordenamiento urbano de la ciudad.
Las respuestas llegaron un mes después, aunque de manera parcial. Mientras OSSE nunca remitió el informe comprometido sobre el impacto en la infraestructura, González defendió la continuidad del régimen al asegurar que desde su creación ya se aprobaron más de 2,6 millones de metros cuadrados de construcción, que la recaudación vinculada a la actividad creció y que el sector mantiene altos niveles de empleo según las entidades que integran la industria. También sostuvo que los proyectos cuentan con factibilidad de los prestadores de servicios y que las sucesivas prórrogas fueron adaptando los indicadores urbanísticos a la realidad del mercado.
Pese a que la documentación seguía incompleta, el expediente avanzó con el respaldo de todos los bloques del oficialismo. La oposición optó por abstenerse, marcando sus diferencias pero sin bloquear una iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
Con la promulgación ya concretada, el régimen suma una nueva prórroga y garantiza la continuidad de los beneficios hasta diciembre de 2027. Al mismo tiempo, vuelve a postergar un debate que cada vez aparece con más fuerza en el Concejo Deliberante: si la ciudad debe seguir administrando excepciones temporales o discutir, de una vez por todas, una actualización integral del Código de Ordenamiento Territorial.
La continuidad del régimen de incentivos a la construcción ya dejó de ser una discusión política para convertirse en una realidad administrativa. Con la publicación en el Boletín Oficial, el gobierno municipal promulgó la ordenanza que extiende hasta diciembre de 2027 la vigencia del Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción, una herramienta que nació en plena pandemia y que, cinco años después, continúa marcando el rumbo del desarrollo inmobiliario en Mar del Plata.
La norma, firmada por el intendente interino Agustín Neme y el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Jorge "Guasa" González, prorroga por dieciocho meses —a partir de su vencimiento, ocurrido el 14 de junio de este año— el plazo establecido originalmente por la Ordenanza 25.113, que ya había sido extendida en dos oportunidades.
Lo que en 2021 fue presentado como un mecanismo de emergencia para sostener el empleo y evitar el freno de una actividad estratégica terminó consolidándose como una política urbana permanente. El régimen habilita incrementos en la capacidad constructiva y excepciones en altura para distintos distritos contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial (COT), transformándose en uno de los principales incentivos para nuevos emprendimientos inmobiliarios.
Sin embargo, el esquema arrastra una discusión que nunca terminó de resolverse. Junto con los beneficios para el sector privado debía funcionar un sistema de compensaciones urbanísticas previsto por la Ordenanza 25.115, destinado a equilibrar el impacto de las excepciones otorgadas. Ese mecanismo, una vez más, quedó fuera de escena y continúa sin aplicarse.
La extensión tampoco estuvo exenta de cuestionamientos durante su tratamiento legislativo. Desde la oposición reclamaron informes sobre el alcance real del régimen y hasta concejales del radicalismo, que acompañaron ese pedido, plantearon que el COT quedó desactualizado. En ese marco, insistieron en abandonar la lógica de las prórrogas sucesivas para avanzar en una revisión integral del ordenamiento urbano de la ciudad.
Las respuestas llegaron un mes después, aunque de manera parcial. Mientras OSSE nunca remitió el informe comprometido sobre el impacto en la infraestructura, González defendió la continuidad del régimen al asegurar que desde su creación ya se aprobaron más de 2,6 millones de metros cuadrados de construcción, que la recaudación vinculada a la actividad creció y que el sector mantiene altos niveles de empleo según las entidades que integran la industria. También sostuvo que los proyectos cuentan con factibilidad de los prestadores de servicios y que las sucesivas prórrogas fueron adaptando los indicadores urbanísticos a la realidad del mercado.
Pese a que la documentación seguía incompleta, el expediente avanzó con el respaldo de todos los bloques del oficialismo. La oposición optó por abstenerse, marcando sus diferencias pero sin bloquear una iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
Con la promulgación ya concretada, el régimen suma una nueva prórroga y garantiza la continuidad de los beneficios hasta diciembre de 2027. Al mismo tiempo, vuelve a postergar un debate que cada vez aparece con más fuerza en el Concejo Deliberante: si la ciudad debe seguir administrando excepciones temporales o discutir, de una vez por todas, una actualización integral del Código de Ordenamiento Territorial.