Con el blindaje de la política, crecen las sospechas sobre la concesión del Minella
El acta de preadjudicación reaviva el debate por la concesión del Parque de los Deportes. Ante el silencio oficial, la preocupación de los empleados de planta vinculados al proceso, la inacción del nuevo cuerpo legislativo y el cerco penal, la llegada de nuevos actores empresarios buscan reempaquetar una concesión acorralada por la Justicia. El titular del EMDER, Sebastián D’Andrea, se negó a hablar con La Tecla Mar del Plata.
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El análisis de las actuaciones administrativas de la Licitación Pública N° 03/25 para la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas reconstruye no solo las cifras de un contrato sospechado, sino la ingeniería de cobertura desplegada por la conducción política municipal. En el Acta de la Comisión Asesora de Preadjudicación de Ofertas, del 23 de junio de 2025, no figura la firma de ningún funcionario con responsabilidad política directa. El dictamen recayó exclusivamente en agentes de carrera y directores de línea del Municipio y del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER). El diseño es un salvavidas político: si la concesión naufraga o termina en la justicia penal, los funcionarios políticos se resguardarían en que “actuaron en base a los dictámenes técnicos" de los empleados de planta que participaron del proceso licitatorio.
Ese blindaje burocrático sirvió para otorgar la calificación máxima de 100 puntos sobre 100 a Minella Stadium S.A., la única firma oferente. Con apenas seis meses de existencia previa (constituida en diciembre de 2024), la empresa obtuvo el aval técnico gracias a promesas de inversión por más de $47.284 millones ($29.559 millones en obras comprometidas y $17.725 millones en adiciones). Semejante volumen de inversión proyectada funcionó como una precisa llave matemática: al superar en ocho veces el canon base anual (fijado en $3.600 millones), la firma destrabó el beneficio del artículo 55° del pliego, extendiendo a 54 meses el período de gracia sin pagar un solo peso al erario público. A cambio, el dictamen habilitó desarrollos gastronómicos e inmobiliarios sobre 8.000 m² del Parque de los Deportes y la explotación comercial de los estacionamientos de Patín Ruta y la Pista de Atletismo. Obras que a finales de julio de 2026 ni siquiera han comenzado.
Incluso las garantías financieras fueron aprobadas sin objeciones por la comisión técnica. Se dio por válida una Declaración Jurada de afectación de fondos respaldada por una Cédula de Crédito Bancario emitida por el Banco Master S.A. de Brasil a favor de REVEE por 26 millones de dólares, además de un compromiso de aportes irrevocables por 40 millones de dólares. Tampoco se cuestionó que el mayor puntaje parcial de la evaluación —30 puntos— se concediera por la presentación de un Convenio Marco de Colaboración con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para traer partidos de las Selecciones Nacionales, sin verificar la viabilidad real o la exclusividad de dicho documento.
Apenas un mes después de aquel dictamen, el 24 de julio de 2025, el Concejo Deliberante convalidó la concesión por mayoría, con 15 votos a favor, 8 en contra y 1 ausencia, otorgando la cobertura institucional final al acuerdo. Sin embargo, el transcurso del tiempo dejó al descubierto la inconsistencia de los compromisos: tras el recambio legislativo de diciembre de 2025, la nueva conformación del Concejo ha mostrado una alarmante falta de voluntad política para auditar a fondo o rescindir el contrato. Más allá de reclamos aislados y presentaciones fragmentadas de la oposición, la mayoría parlamentaria sostiene un cerco de contención sobre el expediente, evitando citar a los responsables o revisar la vigencia de un convenio cuyas obras prometidas ni siquiera han comenzado.
Con el predio sumido en el abandono y sin infraestructura nueva, la crisis sumó en las últimas horas una nueva derivación empresaria. En medio de versiones de colapso financiero y falta de liquidez, el empresario Marcelo Fígoli, al frente de Fénix Entertainment Group, formalizaría su incorporación societaria a la concesionaria. El movimiento busca recomponer la alicaída estructura de Minella Stadium S.A. e intentar salvar la concesión, en una maniobra de reempaquetado corporativo que pretende amortiguar los incumplimientos contractuales y las deudas acumuladas con proveedores locales.
Sin embargo, esta maniobra privada choca de frente con el marco regulatorio de la propia concesión. Aunque el pliego contempla la posibilidad de modificar la nómina de socios o reestructurar el directorio de la empresa, la normativa establece que cualquier cambio en la composición accionaria o en las autoridades de la firma debe contar con la aprobación previa y explícita del Municipio. No se trata de un trámite menor ni de una negociación entre privados que pueda validarse como un hecho consumado a espaldas del control público.
Mientras el poder político mantiene la parálisis y el sector privado busca reestructurar el negocio sin rendir cuentas, la causa penal que se tramita en la Justicia Federal avanza de forma independiente. Así, con medidas de instrucción impulsadas por la querella, se busca desentrañar el entramado de fondo a través de cuatro ejes clave:
» La pista del lavado de activos: La solicitud formal para requerir al Juzgado Federal de Lomas de Zamora copia certificada de la causa "Espinosa y otros", donde la concesión del Minella y el Polideportivo figura como una de las hipótesis de maniobra de lavado de dinero.
» Rastreo financiero internacional: El pedido de oficios al Banco Central de la República Argentina, al Banco Central de Brasil y a la Corte Suprema de ese país para investigar el estado patrimonial del Banco Master S.A., REAG y el grupo REVEE, garantes financieros de la oferta original.
» El convenio con AFA: La intimación a la AFA para que precise la validez real del acuerdo presentado por la empresa para sumar 30 puntos en la licitación, cotejándolo con el convenio idéntico firmado para el Estadio Único de La Plata.
» Constatación de daños y deuda local: La realización de una inspección ocular sobre el Parque de los Deportes con peritos oficiales y la citación testimonial de la cadena de pymes marplatenses (seguridad, gráfica y arquitectura) defraudadas con cheques sin fondo tras el colapso operativo de la firma.
