José Magioncalda, integrante de RESET Republicano y asesor de CONADUV, cuestionó el estado de las rutas nacionales y advirtió que la falta de mantenimiento y el presunto desvío de fondos pueden poner en riesgo la vida de quienes circulan. “Nosotros fuimos por el lado del delito de estrago”, sostuvo.

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Juan Magioncalda, integrante de RESET Republicano y asesor del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), explicó en diálogo con Desconfiados los motivos de la denuncia presentada contra el Gobierno nacional por el estado de las rutas. Sostuvo que el deterioro pone en riesgo la vida de los usuarios y reclamó que la Justicia investigue el destino de los fondos destinados a Vialidad.

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El deterioro de las rutas nacionales y el presunto desvío de fondos destinados a su mantenimiento motivaron una denuncia judicial impulsada por organizaciones vinculadas a la defensa de los usuarios viales. En diálogo con Desconfiados, José Magioncalda, integrante de RESET Republicano y asesor de CONADUV, explicó que la presentación busca que la Justicia investigue una situación que, según advirtió, excede el problema de infraestructura y puede comprometer derechos fundamentales.

“Hay ya desde hace, yo diría, año y medio una queja bastante habitual de parte de distintos gobernadores del país, de distintos usuarios de rutas, de los mismos trabajadores viales, en cuanto a que hay un profundo deterioro de, sobre todo, las rutas nacionales”, señaló Magioncalda.

Según explicó, la denuncia surgió luego de que tomaran conocimiento de declaraciones del propio Gobierno respecto del destino de parte de los fondos vinculados a Vialidad. “Al tomar conocimiento, por dichos del propio vocero del gobierno, de que gran parte de estos fondos se destinaban a otra finalidad, nosotros entendimos que correspondía hacer esta denuncia”, sostuvo.

Juan Magioncalda

El abogado remarcó que otras presentaciones judiciales ya habían apuntado a una posible utilización de recursos públicos para fines diferentes de los previstos. Sin embargo, explicó que su planteo se concentró en otro aspecto: el riesgo que el deterioro de las rutas representa para quienes las utilizan.

“Nosotros fuimos por el lado del delito de estrago, es decir, de causar lesiones o poner en peligro la vida de las personas”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la situación debe ser analizada desde la perspectiva de la seguridad vial y de la protección de los usuarios.

Magioncalda también destacó que el problema no afecta únicamente a quienes circulan por las rutas, sino que tiene consecuencias económicas. “No solamente que se afecta de manera directa a la vida de las personas, causándoles daño a esas en sí mismo o a sus vehículos, también se está afectando una de las producciones más importantes que tiene nuestro país y que necesita de rutas sí o sí”, planteó.

En particular, mencionó los reclamos provenientes del sector agropecuario por el estado de las rutas y el impacto que genera sobre el traslado de la producción. A su vez, puso como ejemplos corredores estratégicos y turísticos como las rutas nacionales 3 y 40.

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con la caracterización del deterioro vial como una posible vulneración sistemática de derechos humanos. Magioncalda sostuvo que el concepto no debe limitarse a los casos de violencia estatal o represión ilegal.

“Todo lo que es corrupción o negligencia, cuando implica una cuestión ya sistemática y que afecta derechos tan importantes como el derecho a la vida o un derecho que está hasta consagrado en nuestra Constitución, que es el de transitar por todo el territorio de la República”, afirmó.

En esa línea, consideró que el Estado tiene la obligación de garantizar que ese derecho pueda ejercerse de manera segura. “La Constitución evidentemente no quiere que transitemos poniendo en riesgo nuestra vida, cuando uno tiene un derecho para ejercerlo de modo adecuado”, sostuvo.

Por eso, insistió en que el deterioro de la infraestructura vial debe ser abordado también desde la perspectiva de los derechos fundamentales. “Entendemos que sí que esto tiene que ser tratado como una cuestión de vulneración de derechos humanos”, afirmó.

Otro de los puntos señalados por Magioncalda fue el acceso a la información pública. Según planteó, el Gobierno nacional dejó de producir o presentar estadísticas e informes que anteriormente permitían conocer el estado de las rutas y su mantenimiento.

“El gobierno dejó de hacer estadística, dejó de presentar los informes que habitualmente se presentaban, lo cual también es un indicio de lo que está pasando”, cuestionó.

Ante esa situación, explicó que las organizaciones recurren a informes elaborados por trabajadores de Vialidad Nacional. “Como el gobierno dejó de hacer informes, los están haciendo ellos”, señaló, aunque aclaró que esos documentos no reemplazan la información oficial.

“¿Eso quiere decir que con un informe que no es oficial es suficiente? No. Pero le estamos diciendo al juez que intervenga, que pida información”, explicó.

En ese sentido, planteó que la Justicia podría requerir información a las compañías de seguros para determinar cuántos accidentes estuvieron vinculados con el mal estado de las rutas. También mencionó el antecedente de una resolución judicial en Santa Fe que ordenó la reparación de distintos corredores viales.

“Hay diferentes maneras de probar si la Justicia quiere investigar, obviamente”, concluyó Magioncalda.

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