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Redacción
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Serga.NET
20 de agosto de 2026
La Reserva: “Es un proyecto depredador”
Organizaciones ambientalistas presentaron una demanda contra la Municipalidad de General Pueyrredon y aguardan una definición sobre una medida cautelar para frenar el avance de la iniciativa en el sur de la ciudad. Durante una conferencia de prensa, la abogada Soledad Arenaza cuestionó el procedimiento que permitió avanzar con el desarrollo inmobiliario y puso el foco en la situación dominial del terreno.
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El proyecto inmobiliario Reserva Explanada quedó formalmente bajo la lupa de la Justicia. La Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina recurrieron a los tribunales para cuestionar el avance del emprendimiento y solicitar que se deje sin efecto la declaración de impacto ambiental que habilitó los trabajos en el predio ubicado en la zona sur de Mar del Plata. El alcance del reclamo y los fundamentos de la presentación fueron expuestos durante una conferencia de prensa.
La presentación tiene como demandada a la Municipalidad de General Pueyrredon y apunta, entre otros aspectos, contra las condiciones en las que se autorizó el desarrollo. Las organizaciones sostienen que existen cuestionamientos vinculados al impacto ambiental, la situación del terreno y el procedimiento administrativo que permitió avanzar con la iniciativa.
El proyecto “La Reserva” contempla edificaciones en el sur de la ciudad destinadas al “uso residencial uni o multifamiliar”, con los servicios correspondientes, una densidad de 100 habitantes por hectárea y alturas de hasta 14,4 metros. La iniciativa prevé la construcción de hasta ocho edificios en un predio próximo al arroyo Corrientes, en la zona sur de Mar del Plata.
Los argumentos de la acción judicial fueron expuestos durante una conferencia de prensa en la que participaron la abogada Soledad Arenaza y el ambientalista y abogado Kanki Alonso, integrante de la estrategia legal de las organizaciones. Allí, Arenaza explicó los principales fundamentos del planteo, confirmó que la demanda ya fue admitida y detalló que ahora esperan que la Justicia resuelva la medida cautelar presentada para intentar frenar los trabajos preparatorios del emprendimiento.
En ese marco, Arenaza precisó el objetivo de la acción presentada ante la Justicia: “la acción judicial tiene por objetivo que se declare nula la declaración de impacto ambiental”. Según explicó, el planteo se vincula con las características del terreno donde se pretende avanzar con la construcción. “Esto se debe a que el área donde se proponen hacer estos edificios no está determinada, en ninguna de sus fronteras, colinda con todo bien de dominio público”, sostuvo.
La abogada también puso el foco en los antecedentes administrativos y en el proceso mediante el cual el proyecto obtuvo indicadores urbanísticos. Al referirse a la aprobación del emprendimiento en 2022 en el Concejo Deliberante, cuestionó los tiempos y las condiciones en las que se avanzó: “Hace 30 años que no pueden hacer una mensura, pero sí pueden sacar indicadores para autorizar este tipo de emprendimientos en 23 días”. En la misma línea, agregó: “Y tenemos también vencida una una mensura, lo que es la línea Rivera hace casi media década”.
Otro de los puntos centrales del planteo judicial pasa por el estado actual del proceso. Arenaza confirmó que “la demanda ya fue admitida” y explicó que las organizaciones aguardan una definición sobre la medida cautelar presentada para frenar cualquier avance sobre el terreno.
“Estamos a la espera de que se resuelva una medida cautelar que fue presentada, porque también estamos en conocimiento de que se iniciaron ya trabajos preparatorios para empezar con este emprendimiento”, señaló.
En ese sentido, indicó que “Estamos a la espera de que el juez (Simón) Isacch haga lugar a una medida cautelar solicitada para que se tengan las obras y no se pueda innovar en el estado de situación de la pasada”.
La demanda tiene como destinatario a la Municipalidad de General Pueyrredon. Consultada específicamente sobre ese punto, Arenaza dijo que no avanzaron con una denuncia penal contra funcionarios municipales. Sin embargo, la abogada dejó abierta esa posibilidad en función de lo que surja durante el proceso judicial.
Durante la conferencia, Arenaza sintetizó la posición de las organizaciones con una definición que ya se convirtió en una de las frases centrales del reclamo: “Es un proyecto depredador”.
Con la causa ya admitida y una medida cautelar pendiente de resolución, el conflicto por Reserva Explanada se instala así en un nuevo escenario. Mientras los impulsores del proyecto buscan avanzar con el emprendimiento, las organizaciones ambientalistas intentan frenar las obras y cuestionan tanto el impacto sobre el territorio como el procedimiento administrativo que permitió su aprobación.