Una investigación por el lavado de $27.000 millones volvió a poner a Betina Lacki en el centro de la escena judicial. La fiscal platense acumula causas sensibles en una trayectoria con un denominador común, investigar estructuras corruptas del poder político.

¿Quién es Betina Lacki?, la fiscal que vuelve a incomodar al poder bonaerense

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En una Argentina donde los escándalos que involucran que involucran a personajes políticos son moneda corrientes, hay fiscales que aparecen en los expedientes y otros cuyos nombres terminan convirtiéndose en una referencia cada vez que una investigación judicial toca una zona particularmente sensible del poder. En este sentido, Betina Lacki pertenece a ese segundo grupo.

Luego de ordenar medidas contra una funcionaria vinculada al Patronato de Liberados, la fiscal de la UFI N°2 de La Plata volvió a quedar en el centro de una causa de alto impacto en una investigación que busca reconstruir una presunta organización dedicada a la utilización de datos personales, fraude y lavado de activos. Según la pesquisa, el circuito habría movilizado alrededor de $27.000 millones mediante billeteras virtuales y utilizando a sujetos en condiciones marginales como mulas financieras.

De esta manera, el expediente representa el capítulo más reciente de una trayectoria judicial marcada por investigaciones que atravesaron estructuras políticas, legislativas y judiciales de la provincia.

En comparación a abogados y fiscales que eligen ser el centro de la escena, Lacki prefiere un perfil bajo. Al asumir funciones en el Departamento Judicial de La Plata como agente fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 en el año 2014 comenzó a intervenir formalmente en expedientes penales de relevancia local. El resto es historia conocida.

Uno de los casos que la instaló en el radar político fue el de Julio “Chocolate” Rigau. Después de que el puntero peronista fuera detenido con decenas de tarjetas de débito pertenecientes a presuntos empleados de la Legislatura, Lacki quedó a cargo de la investigación y terminó reteniendo el tramo central del expediente, referido al presunto desvío de fondos de la Cámara de Diputados bonaerense.

La investigación no quedó limitada a Rigau. El análisis de la información obtenida durante la pesquisa llevó a mirar también hacia el Senado bonaerense. Lacki pidió información sobre 39 personas cuyos movimientos aparecían vinculados a una operatoria similar y buscó determinar si existía otro circuito de recaudación mediante empleados legislativos.

La causa volvió a mostrar una característica que se repite en el recorrido de la fiscal, avanzar desde el ejecutor visible y tirar de los hilos hacia las estructuras que podrían encontrarse detrás de la maniobra. En el caso “Chocolate”, incluso investigó si la operatoria podía haberse extendido hacia la Municipalidad de La Plata.

Pero antes de Rigau, Lacki había protagonizado una investigación de enorme sensibilidad institucional, la causa contra el exjuez platense César Melazo.

La pesquisa comenzó alrededor del homicidio de Juan Farías y terminó exponiendo un entramado que, según la acusación, vinculaba a policías, delincuentes, barrabravas y funcionarios judiciales. Lacki había asumido la investigación después de advertir irregularidades en el expediente y decidió recurrir a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para preservar la pesquisa y evitar filtraciones provenientes de la Policía Bonaerense.

El resultado fue la investigación contra la denominada “megabanda” y el pedido para llevar a Melazo a juicio como presunto jefe de una asociación ilícita. La fiscal también pidió su prisión preventiva y la de otros acusados, entre ellos el exjefe de la barra de Estudiantes Rubén “Tucumano” Herrera y el operador judicial Enrique “Quique” Petrullo.

Años después, otra investigación volvió a llevarla directamente al corazón de la política bonaerense: los abusos sexuales denunciados contra dos empleados y dirigentes vinculados al Senado provincial.

La causa había comenzado con denuncias presentadas años atrás, pero cobró nuevo impulso bajo la investigación de Lacki. A fines de 2025 ordenó las detenciones de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, acusados por una serie de abusos sexuales, amenazas y otros delitos. En enero de 2026 la fiscal solicitó además la prisión preventiva de ambos.

La investigación también abrió otra línea particularmente incómoda, determinar si funcionarios conocían los abusos denunciados y si existieron mecanismos destinados a ocultarlos.

Ese recorrido explica por qué el nombre de Lacki aparece asociado a investigaciones que exceden un expediente penal convencional. Rigau llevó la Justicia hasta el funcionamiento interno de la Legislatura; el caso de los abusos volvió a poner bajo la lupa las relaciones de poder dentro del Senado; Melazo expuso un presunto entramado entre sectores judiciales, policiales y delictivos; y ahora el caso del Patronato de Liberados investiga una presunta estructura financiera que habría utilizado a personas vulnerables para mover fondos de apuestas ilegales.

Por eso, el nuevo caso puede convertirse en otro capítulo de una trayectoria que ya tiene varias estaciones sensibles. La pregunta, esta vez, es hasta dónde llegará la investigación por los $27.000 millones y qué otros nombres aparecerán cuando se termine de reconstruir el circuito del dinero.

En una provincia donde la frontera entre política, burocracia y estructuras de poder suele ser uno de los terrenos más difíciles de atravesar para la Justicia, Betina Lacki vuelve a irrumpir en esa zona incómoda y sensible.

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