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Otro portazo de la Corte a los rugbiers
Se desestimó por falta de fundamentación la denuncia que siete condenados impulsaron contra la fiscal y otros funcionarios por las primeras horas del caso. Las perpetuas y las de 15 años siguen firmes. Un camino más que se les cierra.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio este miércoles otro revés a los rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por falta de fundamentación autónoma el recurso que impulsó el abogado Hugo Tomei en representación de siete de los ocho sentenciados.
El planteo no apuntaba a reabrir la causa principal. Era una denuncia penal paralela que los propios condenados habían presentado contra la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público y el juez de Garantías David Mancinelli. Les atribuían irregularidades en las primeras horas de la investigación, tras el crimen del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell: supuestas fallas en la información que se les dio sobre los hechos y las pruebas, y problemas en la confección y firma de las actas de las indagatorias iniciales. La defensa hablaba de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de deberes de funcionario y privación ilegítima de la libertad.
Esa vía ya había recorrido todo el fuero bonaerense. La Cámara de Apelaciones de Dolores los había admitido como particulares damnificados, pero la denuncia terminó desestimada por ausencia de dolo. Después vinieron rechazos en Casación, en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (agosto de 2025 y abril de 2026) y, ahora, el portazo final de la Corte nacional. La resolución no toca las condenas del Tribunal Oral de Dolores de febrero de 2023: cinco perpetuas como coautores (Thomsen, Ciro Pertossi, Comelli, Benicelli y Luciano Pertossi) y tres de 15 años como partícipes secundarios (Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi), que Casación confirmó con ajustes de calificación en 2024.
En abril de este año la misma Corte ya había descartado otros recursos de nulidad y revisión extraordinaria de los condenados. Este expediente paralelo, que buscaba atacar el arranque de la investigación, queda clausurado. Para la familia de Fernando y para quienes siguieron el caso desde el primer día, es un cierre más de un camino que nunca amenazó las sentencias principales. Para la defensa, otro intento que se agotó sin alterar el resultado del juicio.
El caso sigue siendo uno de los más emblemáticos de los últimos años en la provincia. Y la Justicia, al menos en este tramo, no abrió ninguna ventana nueva.