El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece la digitalización de los documentos municipales y contempla la destrucción de los originales físicos. Sin embargo, la iniciativa abre interrogantes sobre los plazos de implementación, la seguridad informática y los mecanismos de respaldo ante posibles ataques o fallas tecnológicas.

Digitalización municipal: entre la modernización y el riesgo de perder los archivos originales

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El expediente 1688/26, tratado durante la octava sesión ordinaria pública, comenzará a dar que hablar a partir de su aprobación. La iniciativa propone digitalizar los archivos y documentos municipales y, una vez finalizado el proceso de traspaso, destruir todo el material físico original. La decisión abre una serie de interrogantes: ¿cuánto tiempo demandará completar la digitalización? Y, ante una eventual falla tecnológica o un ataque informático, ¿cuál será el plan de respaldo para recuperar la información?

Desde hace tiempo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo municipal insisten en la necesidad de digitalizar distintas áreas de la administración para adaptarlas a las nuevas tecnologías y facilitar los trámites de los vecinos. Sin embargo, llevar esa transformación a la práctica supone un desafío para una estructura que todavía conserva mecanismos tradicionales de gestión documental. Mientras la modernización ocupa un lugar recurrente en los discursos oficiales, en distintas dependencias municipales todavía persisten métodos de administración basados en el papel.

En ese escenario, una de las primeras incógnitas pasa por los plazos. La Municipalidad ya lleva adelante tareas de digitalización de archivos mediante contrataciones específicas, pero la nueva ordenanza amplía considerablemente el universo de documentación que deberá ser trasladada al formato digital. Esto también incrementa la dimensión económica y operativa del proceso. La tarea quedará en manos de una empresa que resulte adjudicataria de la correspondiente licitación, en un procedimiento que deberá contemplar tanto la magnitud del trabajo como las garantías sobre el tratamiento de la información.

El otro punto sensible es la decisión de destruir los documentos originales. El soporte físico representa una alternativa de consulta y conservación ante eventuales inconvenientes con los sistemas digitales. Si bien la digitalización permite agilizar el acceso a la información y reducir los costos de almacenamiento, la eliminación de los originales obliga a preguntarse qué mecanismos garantizarán la integridad y disponibilidad de los archivos a largo plazo.

El interrogante adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de que el Estado municipal sufra un ataque cibernético, una pérdida de datos o una falla en sus sistemas. ¿Con qué respaldo contará el Municipio para recuperar la documentación? Según la información relevada en los expedientes municipales, no aparece una respuesta concreta que permita identificar un esquema integral de contingencia frente a este tipo de situaciones. En ese contexto, la destrucción del material físico podría dejar a la administración sin una alternativa inmediata ante una eventual pérdida de información.

A este escenario se suma la contratación de un servicio de almacenamiento en la nube con la Cooperativa Batán por un monto superior a los 47 millones de pesos. Durante el tratamiento del tema, el subsecretario de Gobierno Digital y Mejora de Procesos, José Luis Dranut, cuestionó que el monto de la contratación resultara atractivo para otras empresas. Además, señaló como otro condicionante los plazos de pago del Municipio a sus proveedores, que habitualmente se ubican entre los 60 y los 90 días.

La adjudicación del servicio a la cooperativa abre otro capítulo dentro del proceso de modernización. El almacenamiento en la nube tendrá un papel central en la conservación de los documentos digitalizados, por lo que resulta necesario conocer qué garantías ofrece el sistema, cómo se realizarán las copias de seguridad y qué mecanismos estarán disponibles para recuperar los archivos ante un eventual ciberataque.

Por otro lado, hay algunos que ven lo bueno en estas posibles vulnerabilidades. Algunos lobistas y sectores del poder le darían el visto bueno a que se "extravíen" documentos delicados en la transición del papel a lo digital.

El Ejecutivo y el Legislativo buscan dar un paso hacia una administración municipal adaptada al siglo XXI. Sin embargo, la transformación no se agota en escanear documentos y trasladarlos a servidores digitales. La modernización también exige garantizar su conservación, seguridad y disponibilidad. De lo contrario, la eliminación de los archivos físicos podría convertir una iniciativa pensada para agilizar la gestión en un problema de difícil solución: que el Municipio avance hacia el futuro sin garantías suficientes sobre la preservación de su propio pasado.

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