GENERAL PUEYRREDON
La Tecla Mar del Plata
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Revés para Giri: la Fiscalía General dictaminó en contra de Prestanet
El Ministerio Público Fiscal ratificó la legitimidad de una asociación de consumidores en la demanda que le inició a la financiera por la aplicación de tasas usurarias. La empresa quiso apartarla porque en diciembre fue dada de baja del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, pero la Fiscalía General ponderó que la causa se inició con antelación. Además, entendió suficiente su inscripción en el Registro Provincial.
La Fiscalía General emitió un dictamen donde válido la legitimación de una asociación de consumidos que denunció a la financiera Prestanet, propiedad de la familia Giri, por la aplicación de tasas usurarias; luego que la empresa quiso cerrar la causa luego que la demandante haya sido dada de baja del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.
Prestanet, que cuenta con un privilegiado convenio para otorgar préstamos personales a empleados municipales, está en la mira de la Justicia. Es actualmente investigada por la aplicación de tasas usurarias a raíz de una denuncia de la asociación civil Consumidores Financieros, en una causa que tramita el Juzgado en lo Civil y Comercial N°15. Pero para zafar, Emiliano Giri puso en funcionamiento una estrategia para sacar del juego a la denunciante a partir de una polémica resolución de la Secretaría de Comercio.
En un informe del Ministerio de Producción, solicitado por el juez, se confirmó que Consumidores Financieros Asociación Civil fue dada de baja del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, mediante la Resolución 133/2018 de la Secretaría de Comercio del 12 de diciembre, ya que “en una nueva evaluación del estatuto de la misma se concluyó que su objeto no cumplía a cabalidad con las previsiones estipuladas en el Artículo 56 de la Ley 24.240”. La resolución fue firmada por la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, y fue apelada administrativamente por la afectada.
En medio, el abogado represente de Prestanet, Leopoldo Brandiz, planteó judicialmente la falta de legitimación de la asociación civil para entablar una demanda colectiva por haber sido apartada de ese registro. Ante ello, el juez Marcelo Fernández requirió un dictamen de la Fiscalía General que finalmente ratificó la legitimidad de Consumidores Financieros.
En el informe incorporado a la causa el 15 de mayo, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que efectivamente la asociación fue excluida del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores en diciembre del año pasado, pero que no tiene incidencia porque “al momento de la promoción del presente reclamo judicial -27/10/2017- su matrícula estaba vigente”, de acuerdo al dictamen al que accedió La Tecla Mar del Plata.
No fue el único elemento que consideró la Fiscalía General, sino que también ponderó que la jurisprudencia indica que “las asociaciones que desarrollan su actuación en el ámbito nacional (en más de una jurisdicción) deben hallarse inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, y aquellas que interactúan en el ámbito exclusivamente provincial es suficiente en este caso su inscripción en los registros locales sin que corresponda hacer lo propio en el órgano de registración nacional”. Y como Consumidores Financieros se encuentra debidamente inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios no hay elementos para desestimar su denuncia.
El grupo empresario cuenta con importantes favores del Municipio
Una denuncia contundente
A fines de 2017, Consumidores Financieros Asociación Civil presentó una denuncia colectiva contra Prestanet por las tasas usurarias aplicadas a los créditos. Interviene el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 15. Allí dan cuenta de la aplicación de intereses por encima de lo fijado por el Banco Central, por lo que piden la devolución de las sumas extras, una multa del triple de ese valor y una corrección a futuro.
Según la presentación, “la red de comercialización se extiende en zonas o sectores de la población con bajos niveles de bancarización, lo que potencia el negocio, al no tener que enfrentar una competencia significativa por parte de los bancos. Conociendo esta ventaja respecto de cocontratantes, la demandada cobra tasas de interés exageradas, abusivas, que llegan hasta el 177 % de Costo Financiero Total”.
La Justicia dio curso a la demanda y, a fines de 2018, publicó un edicto por el que convocó a todos los clientes de Prestanet que crean haber sido estafados, situación que actualmente se está analizando.
El extitular del Emtur fue el jefe de la campaña de Arroyo en 2015
Vía libre para los negocios de Giri
Emiliano Giri fue siempre uno de los nombres fuertes en el entorno del intendente Carlos Arroyo, y desde esa posición logró consolidar importantes beneficios para las empresas de su familia, de dilatada trayectoria en los sectores turístico, de cobros y financiero. En los meses finales de 2018 se hizo del monopolio en el cobro de las multas labradas por la Municipalidad de General Pueyrredón y obtuvo la exclusividad de los códigos de descuentos para los créditos a los que accedieran empleados municipales, dejando fuera de juego a otras dos financieras y al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).
El plan implementado por la Comuna comenzó a fines de 2017, cuando le quitó el código de descuentos al STM y meses después firmó un convenio para habilitárselo a Red de Préstamos S.A. –más conocida como Prestanet-, la empresa de los Giri dedicada al otorgamiento de préstamos de hasta 50 mil pesos.
Para también sacar del juego a sus competidoras privadas, en febrero de 2018, el gobierno avanzó contra las financieras Emfetap y Amigal, con las que tenía vigente un código de descuentos para los créditos obtenidos por personal municipal. Al igual que con el sindicato, intempestivamente los dio de baja, lo que generó la reacción de las empresas. Cada una por su lado presentó un pedido de intervención al Concejo Deliberante, mediante dos notas (56-18 y 57-18) elevadas ese mismo mes. Sin embargo fueron archivadas. Por ello, en julio insistieron con dos nuevas presentaciones. También quedaron en la nada.
La estocada final fue el 27 de abril de 2018, cuando el Ejecutivo emitió el decreto 891-18, por el que transparentó el nuevo convenio de cobro de cuotas de créditos personales mediante la retención de liquidación de haberes con Red de Préstamos, conocida popularmente como Prestanet. Rubricado con las firmas de Arroyo y Jorge Giri -padre de Emiliano-, el convenio determina que la Municipalidad ingresará a la entidad el importe total retenido en concepto de cuotas de amortización e interés de los préstamos personales que los empleados municipales hayan sacado en la financiera de los Giri.
Entre las cláusulas del acuerdo, que tiene una renovación automática anual, se dispone que antes del día 6 de cada mes, la empresa comunica a la Municipalidad el importe de las cuotas que los empleados deben abonar en el próximo vencimiento por medio de un listado por duplicado y acompañado de soporte magnético. En base a esa información, el Municipio ejecuta el código de descuento y debita automáticamente del sueldo del empleado el importe correspondiente al pago mensual del préstamo personal.
Ensayando una falsa protección de los intereses de los trabajadores, en la cláusula 4 se estableció que “la tasa de interés efectiva no puede ser mayor a un 30 % de la tasa de interés promedio del sistema para préstamos personales publicada por el Banco Central de la República Argentina”, cuando, en rigor, no debería ser mayor que ella.
En tanto, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales denunciaron la incorporación de los gastos administrativos agregados, a razón del 6 %, lo que incrementa aún más el capital de los intereses adeudados.
Pero, como si fuera poco, quizá con la intención de hacer caja, el secretario Hernán Mourelle no se privó de ingresar una cláusula, la octava, por la que el Municipio recibe “en concepto de reconocimiento de gastos administrativos un monto equivalente al 4 % del total que (se) entrega mensualmente a la entidad en concepto de retención de los sueldos”.
Es decir, un negocio a dúo entre el Estado municipal y la financiera de los Giri. No sólo eso, sino que Hacienda se garantizó el manejo libre de fondos privados por 90 días. ¿Cómo es esto? Un mes después del decreto 891, el Ejecutivo emitió uno nuevo, más precisamente el 1027, del 16 de mayo. Allí se incorporaron modificaciones a su antecesor, donde se agregó una nueva cláusula, la séptima.
La misma establece que “la Entidad confiere expresa autorización a la Municipalidad para la utilización de los fondos retenidos por el término de 90 días”. De este modo, durante al menos tres meses, el Municipio maneja los fondos de los créditos personales sacados por sus empleados en una financiera privada.
Según aseguraron fuentes sindicales a La Tecla, con estos fondos, Mourelle habría realizado distintos plazos fijos a lo largo de 2018, que nunca fueron transparentados ciento por ciento y por los que aún debe un pedido de informes al Concejo Deliberante.