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Miércoles, 19 noviembre 2025
Argentina
19 de noviembre de 2025
DEBATE EN COMISIONES

Luz verde en Obras para eliminar el límite a las cadenas de supermercados en General Pueyrredon

El proyecto, impulsado por el oficialismo, busca flexibilizar la instalación de grandes superficies comerciales al derogar la limitación de tres sucursales por cadena, al tiempo que rediseña la zonificación mediante modificaciones al Código de Ordenamiento Territorial. El expediente, a un paso de llegar al recinto: será tratado en Legislación.

Luz verde en Obras para eliminar el límite a las cadenas de supermercados en General Pueyrredon
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El Concejo Deliberante de General Pueyrredon dio un paso significativo hacia la flexibilización de las normativas comerciales con la aprobación, en la comisión de Obras, de un proyecto clave del bloque oficialista Coalición Cívica - ARI (CC-ARI). La iniciativa, que ahora pasará a la comisión de Legislación para su tratamiento, propone esencialmente derogar la Ordenanza N° 18.788, que data de 2008 y regula la localización y habilitación de establecimientos de venta de productos alimenticios, siendo su punto más controvertido la limitación a un máximo de tres sucursales por cadena de supermercados en el partido.

El expediente, que había quedado paralizado el año pasado tras una fuerte controversia generada por la apertura de un quinto local de la Cooperativa Obrera, fue reactivado con modificaciones sustanciales respecto a su versión original. Si bien el objetivo central del oficialismo es eliminar el tope de locales para "facilitar la inversión privada y la generación de empleo", según argumentó el concejal autor del proyecto, Guido García, la nueva redacción busca lograr consensos manteniendo y reformulando las restricciones de ubicación de grandes superficies.

La propuesta actual no se limita a derogar la vieja ordenanza, sino que modifica integralmente el Artículo 5.4.3.3 del Código de Ordenamiento Territorial (COT). Esto implica un rediseño de la zonificación y la categorización de los establecimientos según su tamaño. El proyecto establece cinco categorías de "Centros Integrales de Compras": Categoría A, hasta 350m²; Categoría B, de 351m² a 600m², la nueva subdivisión C1, de 601m² a 1200m², C2 de 1201m² a 1799m², y D desde 1800m² en adelante, que agrupa a los hipermercados. 

En cuanto a la localización, la nueva normativa reduce las zonas de cuatro a tres, manteniendo restricciones claras para el centro y las zonas de mayor densidad. Por ejemplo, la Zona I —Alvarado, 20 de Septiembre y la costa— solo admitirá locales Categoría A, mientras que la Zona III —el resto del Partido, excluyendo ciertos núcleos urbanos como Batán— admitirá hasta Categoría C, permitiendo las grandes superficies Categoría D —hipermercados— solo en parcelas con frente a avenida, ruta o autovía pavimentadas, y con requisitos de parcela mínima y retiros perimetrales mucho más estrictos; 15000m² y 10m de retiro mínimo, respectivamente. También se faculta al Ejecutivo a crear "Zonas de promoción municipal como Polo de Desarrollo Barrial" para permitir radicaciones de Categorías A, B y C con informe de impacto socioeconómico.

A pesar de la aprobación por unanimidad en la comisión de Obras, el proyecto enfrentó abstenciones de los bloques de Unión por la Patria (UP), el Frente Renovador (UP) y La Libertad Avanza (LLA), lo que anticipa un debate complejo en las próximas instancias. La oposición, e incluso parte del sector comercial como la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), ha manifestado reservas, señalando el posible perjuicio a las pymes locales y, fundamentalmente, advirtiendo sobre la supremacía legal de la Ley Provincial N° 12.573, que para ciudades de más de 300.000 habitantes como Mar del Plata, también establece el límite de tres sucursales por cadena de distribución.

García reconoció esta limitación provincial, señalando que la ordenanza municipal busca dar una "señal clarísima" de la voluntad de remover la restricción a nivel local y presionar a la Legislatura bonaerense para que modifique o derogue la norma superior, a la que consideran perjudicial para el interior de la provincia. De esta forma, aunque el Concejo Deliberante elimine el tope, su aplicación real quedará supeditada a un cambio en la legislación provincial. El destino final del proyecto se definirá una vez que atraviese el filtro de la comisión de Legislación.

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