El Palacio Municipal de General Pueyrredon vive horas de silencio administrativo y una intensa febrilidad política. El próximo 31 de diciembre no es una fecha más en el calendario; es el límite final para que la gestión del intendente interino Agustín Neme decida si envía o no el Presupuesto 2026 al Concejo Deliberante.
Tras haber agotado dos prórrogas sucesivas, el oficialismo se encuentra en una encrucijada: presentar el proyecto bajo presión y con un cuerpo legislativo recién estrenado, o enfrentar el primer año de gestión con un presupuesto prorrogado, una herramienta que, si bien otorga cierta autonomía, suele ser interpretada como un signo de debilidad institucional y falta de horizonte programático.
La incógnita sobre la presentación no es un detalle menor. El Presupuesto es la "ley de leyes" a nivel local; es el documento donde se cristalizan las prioridades de la ciudad, desde el estado de las calles y el mantenimiento de las luminarias hasta el refuerzo de la asistencia social en los barrios más postergados. Para el interino Neme, que transita su interinato en un momento de reconfiguración del tablero político local, la decisión conlleva un riesgo elevado. Por un lado, elevar el proyecto implica exponerse a un debate feroz en un Concejo que todavía no tiene aceitados sus mecanismos de negociación tras el recambio de bancas. Por otro lado, no hacerlo dejaría a la administración municipal sin una hoja de ruta actualizada para enfrentar las demandas de un 2026 que no dará tregua.
El reciente movimiento del Ejecutivo para "sincerar" las cuentas de 2025 ha sumado una capa de complejidad al análisis. Mediante el decreto 2788, se autorizó una adecuación de partidas por más de 7.700 millones de pesos, una maniobra que limpió el balance contable y reconoció deudas salariales y de proveedores. Si bien este paso administrativo es una condición necesaria para proyectar los números del año entrante, no asegura que el proyecto de 2026 vaya a ingresar formalmente antes del brindis de fin de año. Para muchos observadores en el Palacio Municipal, este ordenamiento podría ser tanto el preámbulo de una presentación inminente como un blindaje preventivo en caso de que el Ejecutivo decida finalmente gobernar con el presupuesto del año anterior, evitando así el desgaste de una derrota legislativa temprana.
La importancia política de lo que suceda en estas horas es total para General Pueyrredon. El Concejo Deliberante, con su nueva composición, aguarda con una mezcla de expectativa y tensión. Un presupuesto que no llega es una herramienta menos de control para la oposición, pero también una señal de que el oficialismo prefiere la cautela antes que el choque directo en el recinto. Lo que se juega es, en definitiva, la capacidad de la gestión para marcar la agenda pública: si el cálculo de gastos ingresa, la discusión será sobre las obras, los servicios y la eficiencia del gasto; si no ingresa, la discusión será sobre la falta de plan y la improvisación.
El reloj corre y el margen de maniobra se reduce a cenizas. General Pueyrredon encara el cierre del 2025 con la mirada puesta en el despacho principal de la Municipalidad. De la firma de Neme depende que el 2026 comience con un debate institucional de fondo o con una gestión que, por falta de consensos o de precisiones técnicas, decida postergar el trazado de su propio destino financiero. En política, el silencio también es una respuesta, y el que emana del Palacio Municipal en estas horas es, quizás, el más elocuente de los últimos tiempos.
