29 de diciembre de 2025
POLÉMICA
El conflicto por la UTF Playa Bonita llega a la Justicia: denuncian al Ejecutivo municipal por la habilitación del predio
Tras la reapertura del balneario Luna Roja, vecinos presentaron una denuncia penal alegando irregularidades en el manejo de la información ambiental. El eje del conflicto es una discrepancia entre los informes de la Autoridad del Agua provincial y las disposiciones municipales. No obstante, desde el Palacio Municipal aseguran: “Se respetaron las ordenanzas y el proceso se coordinó con provincia”.
La gestión de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) en el sector sur de General Pueyrredón vuelve a ser motivo de disputa legal y política. En esta oportunidad, el foco se centra en la UTF Playa Bonita, donde la Asamblea Luna Roja ha formalizado una denuncia penal contra el Ejecutivo municipal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. La presentación judicial surge tras el levantamiento de una clausura que pesaba sobre el complejo, una decisión que, según los denunciantes, se habría fundamentado en información técnica distorsionada respecto al riesgo ambiental del lugar.
El origen de la controversia se remonta a la Resolución 1223/2025 de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), que revocó los permisos de explotación del recurso hídrico y de vuelco de efluentes a la firma concesionaria, E.J.C. S.A. Esta quita de permisos provinciales derivó en una inspección municipal a fines de octubre que determinó el cese inmediato de las actividades comerciales. Sin embargo, el establecimiento retomó su operatividad pocos días después, el 7 de noviembre, luego de que el Municipio considerara que el inicio de nuevos trámites ante la provincia era suficiente para regularizar la situación.
El núcleo de la denuncia penal radica en una discrepancia técnica sobre el nivel de riesgo hídrico y ambiental. Según sostiene la Asamblea, el Municipio habría presentado documentación que calificaba al predio con un nivel de riesgo "cero" (CHi0), contradiciendo el certificado original de la ADA, que le asignaba un "riesgo mediano" (CHi2). Para los denunciantes, esta modificación no es un error de interpretación, sino una alteración de información pública sanitaria utilizada para justificar la reapertura de un establecimiento que aún no contaría con los permisos de vuelco definitivos.
Desde la perspectiva legal planteada en la denuncia, el proceder municipal habría ignorado la jerarquía de las normas provinciales, como el Código de Aguas, y la Ordenanza Municipal 25.810. La acusación sostiene que se habrían omitido actos de oficio y que existiría un presunto abuso de autoridad al permitir el funcionamiento de una unidad turística sin las garantías ambientales exigidas por la Ley General del Ambiente.
Por su parte, desde el Ejecutivo municipal, la respuesta fue contundente: “Inspección General es la dependencia con la visión más ecologista y ambientalista del municipio. Se verificó todo con provincia, y se consultó cómo seguir. Hay tranquilidad respecto al trabajo realizado”. Asimismo, señalaron que es “raro” el contexto y el momento para la difusión de la denuncia.
Este escenario profundiza la histórica tensión entre la administración comunal y las organizaciones civiles que monitorean el Paseo Costanero Sur. Mientras el Ejecutivo defiende la continuidad de la actividad y la validez de los trámites presentados por la empresa, la vía judicial se abre para dirimir si los procedimientos administrativos cumplieron con la transparencia y la rigurosidad técnica que demanda la gestión de los recursos naturales. El caso de Playa Bonita queda ahora supeditado a la investigación penal, en un contexto donde el control de los efluentes en la costa marplatense sigue siendo un tema de alta sensibilidad pública.