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Redacción
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Serga.NET
28 de mayo de 2025
Financiamiento universitario: un proyecto de ley busca dar aire a la UNMDP y al resto del sistema público
Este miércoles se presentara en el Congreso un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento integral y sostenido de las universidades nacionales. La UNMDP, como muchas otras casas de altos estudios, atraviesa una situación crítica y observa con atención una iniciativa que propone asegurar recursos, salarios dignos, infraestructura y becas para sostener el derecho a la educación superior pública y gratuita.
En medio de una creciente preocupación por el vaciamiento presupuestario de las universidades públicas, este miércoles se presentará en el Congreso un proyecto de ley que busca dar previsibilidad, estabilidad y horizonte al sistema universitario argentino. La propuesta plantea una serie de compromisos económicos y salariales para el Estado nacional, con el objetivo de blindar a las casas de altos estudios de los vaivenes políticos y económicos.
La iniciativa, titulada Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, establece una meta clara: alcanzar, en 2031, una inversión del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación universitaria. A ese objetivo se llega mediante un esquema de crecimiento progresivo del presupuesto, que parte del 1% en 2026 y crece 0,1% por año.
La ley no se limita a un número. Entre los puntos más destacados, se incluye la convocatoria obligatoria a paritarias cada tres meses con actualización salarial acorde al índice de inflación, la garantía de fondos para gastos de funcionamiento, un fondo específico para carreras estratégicas (con especial atención a la inteligencia artificial) y la expansión de becas como las Progresar y Manuel Belgrano.
“Defender el derecho a la educación superior implica también defender su financiamiento”, se remarca en los fundamentos del proyecto. Para sostener las obligaciones que establece la ley, se propone un mecanismo de distribución automática de fondos nacionales basado en la denominada Proporción Universitaria, sin afectar las transferencias a las provincias.
Es así como el texto se inscribe en un contexto particularmente adverso. Desde fines de 2023, el Gobierno nacional prorrogó el presupuesto del año anterior, lo que significa que las universidades están funcionando con las partidas votadas en 2022. Según cifras incluidas en el proyecto, eso se traduce en una pérdida real del 134% en los fondos para funcionamiento.
La situación motivó una de las mayores movilizaciones en años: la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, que reunió a cientos de miles de personas en todo el país en defensa de la universidad pública y gratuita. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que más del 70% del personal docente y nodocente percibe salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras que el presupuesto previsto para 2025 cubre apenas la mitad de lo necesario.
En ese marco, el proyecto aparece como una respuesta política y legislativa a un reclamo social masivo. Retoma principios consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley de Educación Superior, y se apoya también en compromisos internacionales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre los puntos salientes del proyecto se destacan: - Garantía de fondos actualizados por inflación para funcionamiento, infraestructura, ciencia, técnica y hospitales universitarios.
- Convocatoria a paritarias trimestrales y recomposición salarial según el IPC.
- Fondo de 10 mil millones de pesos, actualizable, para promover carreras estratégicas y nuevas áreas vinculadas a la inteligencia artificial.
- Incremento progresivo de las becas estudiantiles, con revisión de criterios de acceso para garantizar equidad.
- Establecimiento de la "Proporción Universitaria" como fórmula permanente para el financiamiento.
Con este proyecto en discusión, la disputa por el financiamiento universitario ingresa de lleno al Congreso, donde se medirá no sólo la voluntad política del oficialismo y la oposición, sino también el eco de una sociedad que el mes pasado volvió a salir a la calle para gritar, una vez más, que sin universidad pública no hay democracia posible.
La ley no se limita a un número. Entre los puntos más destacados, se incluye la convocatoria obligatoria a paritarias cada tres meses con actualización salarial acorde al índice de inflación, la garantía de fondos para gastos de funcionamiento, un fondo específico para carreras estratégicas (con especial atención a la inteligencia artificial) y la expansión de becas como las Progresar y Manuel Belgrano.
Es así como el texto se inscribe en un contexto particularmente adverso. Desde fines de 2023, el Gobierno nacional prorrogó el presupuesto del año anterior, lo que significa que las universidades están funcionando con las partidas votadas en 2022. Según cifras incluidas en el proyecto, eso se traduce en una pérdida real del 134% en los fondos para funcionamiento.
La situación motivó una de las mayores movilizaciones en años: la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, que reunió a cientos de miles de personas en todo el país en defensa de la universidad pública y gratuita. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que más del 70% del personal docente y nodocente percibe salarios por debajo de la línea de pobreza, mientras que el presupuesto previsto para 2025 cubre apenas la mitad de lo necesario.
En ese marco, el proyecto aparece como una respuesta política y legislativa a un reclamo social masivo. Retoma principios consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley de Educación Superior, y se apoya también en compromisos internacionales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre los puntos salientes del proyecto se destacan:
Con este proyecto en discusión, la disputa por el financiamiento universitario ingresa de lleno al Congreso, donde se medirá no sólo la voluntad política del oficialismo y la oposición, sino también el eco de una sociedad que el mes pasado volvió a salir a la calle para gritar, una vez más, que sin universidad pública no hay democracia posible.